CARLOS PAGNI

Las dos principales batallas de la campaña electoral se están librando al margen del proselitismo. Una transcurre en Washington y la otra en el Senado. En la primera se dirime el comportamiento de la economía para las próximas semanas: es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De la segunda depende buena parte del destino judicial de Cristina Kirchner: es la aprobación de los pliegos de varios candidatos a la Magistratura, con el de la camarista de la Casación Ana María Figueroa a la cabeza. En ambas discusiones se deciden alineamientos de poder que están más allá del foco inmediato de interés.

Sergio Massa prometió ayer a las principales figuras del oficialismo que el entendimiento con el Fondo se resolvería en las próximas horas. Es una encrucijada delicadísima, porque el Banco Central ya se quedó sin dólares. Por eso se agrava la tensión del mercado cambiario. Ayer el dólar libre cotizó a 503 pesos. También por eso el Gobierno ya no está en condiciones de suministrar las divisas necesarias para pagar las importaciones, con el pésimo impacto que esa restricción tendría sobre la actividad económica. Y sobre el caudaloso negocio clandestino que se montó alrededor de la obtención de permisos para ingresar mercadería, que se extendería hasta a algunos dirigentes de la oposición, amigos de Massa. Por eso ayer un chistoso se preguntaba: “¿Tendrá que ver con el colapso de las importaciones el paro de maleteros de Aeroparque?”. Más allá de las bromas: si no se encuentra una salida urgente a la escasez de dólares, la pésima situación material del electorado se agravaría mucho más.

Massa informó a sus destacados interlocutores que el arreglo con el Fondo sería favorable a los intereses de Unión por la Patria. Más allá de ese optimismo, que en él suele ser ajeno a las circunstancias, las conversaciones eran muy herméticas. Por lo tanto, persisten dos incógnitas. Una se refiere a las exigencias que podría traer consigo un acuerdo convencional. Es decir: que el directorio que preside Kristalina Georgieva autorice el desembolso de dólares correspondiente a las metas evaluadas en abril, a cambio de algunos ajustes por parte del Gobierno. El más importante: una devaluación que reduzca la brecha entre el tipo de cambio oficial y las demás cotizaciones.

A los líderes del oficialismo les corre un frío por la espalda cuando imaginan ese escenario. La devaluación en medio de una gestión invertebrada, como la que conduce Massa, plantea enormes riesgos. Sobre todo, por la proyección sobre precios que son cruciales, como los de los alimentos. La pesadilla en Unión por la Patria es que se desate una carrera muy difícil de parar. La necesidad de mantenerse en un marco de concordia con el Fondo obligaría, entonces, a tomar medidas incompatibles con lo que necesita hacer cualquier oficialismo que está pidiendo el voto.

Massa y sus colaboradores imaginan algunas resoluciones para conjurar esos fantasmas. Por ejemplo, un congelamiento de precios. O aplicar retenciones que permitan mejorar las jubilaciones y las prestaciones asistenciales a los más necesitados. Pero el pánico sigue dominando a los que necesitan que la economía no se deteriore todavía más para no soportar una catástrofe en las urnas.

La alternativa a este acuerdo convencional es que China intervenga más sobre la tormenta argentina. Esta semana trascendió que el representante de ese país en el Fondo, Tao Zhang, escribió una carta a Georgieva pidiendo una definición rápida de la negociación. Zhang advirtió también que, en caso de que ese desenlace no se produzca, el Banco Central chino autorizaría al argentino a utilizar todos los yuanes disponibles en el swap de reservas para pagar los vencimientos previstos hasta fin de año. Nadie desmintió esa información. Lo que Zhang estaría proponiendo es que el gobierno de Alberto Fernández salde la deuda inmediata y se desentienda del programa impuesto por el Fondo. Quedarían pendientes algunos vencimientos menores para el año próximo y recién en 2026 habría que comenzar a pagar las cuotas renegociados desde el año pasado.

En las próximas horas se debería conocer si se verifica, en todo o en parte, este salvataje chino. Es una información muy relevante, en especial si se la observa en la perspectiva del conflicto entre los Estados Unidos y China. Como explicaron Sebastian Horn, Bradley C. Parks, Carmen M. Reinhart y Christoph Trebesch en un estudio que ya fue citado en LA NACION, China as an international lender of last resort (China como prestamista internacional de última instancia), una de las estrategias de Pekín en su lucha por la hegemonía con Washington se despliega en el campo de las finanzas. Las autoridades chinas, sobre todo las del Banco Central, corren cada vez más seguido al rescate de países al borde de la quiebra. Desde 2000, se le asignaron más de 200.000 millones de dólares a 20 países. Entre 2016 y 2021 esa cifra fue de 130.000 millones de dólares concentrados en 17 países con angustias financieras. La Argentina encabeza la lista, a la par de naciones tan próximas a China como Mongolia o Pakistán.

Los autores de ese trabajo, que es el más completo que se ha publicado sobre el tema, destacan que la característica central de estos acuerdos es la opacidad informativa, impuesta por los chinos. No se conocen los plazos ni las condiciones de devolución. Y tampoco las garantías que deben ofrecer los deudores. Sí se sabe que la tasa suele ser muy superior a la que aplica el Fondo o el Tesoro de los Estados Unidos. Por las líneas de swaps, como las que se extienden a la Argentina, los chinos suelen cobrar entre 200 y 400 puntos básicos por encima de la tasa interbancaria de Shangai.

Es decir, entre 6 y 8%. Bastante más que el costo de un crédito del Fondo, que ronda el 3%. Quiere decir que no está todavía descartado que Massa esté cambiando un crédito barato por uno mucho más caro, un mal negocio que se intentaría ocultar con la emocionante consigna de que “le dijimos chau al Fondo”. Ese despropósito, para cuya defensa fue extraído de las penumbras Amado Boudou, tiene un antecedente: lo protagonizó Néstor Kirchner cuando, para sacarse de encima la auditoría internacional de ese organismo, saldó una deuda por la que pagaba menos de 4% anual para contraer otra de 15% anual, con Hugo Chávez. Todo en nombre de la soberanía nacional.

Asfixiada por un desbarajuste económico que se volvió dramático con la sequía, la Argentina ya está prestando un servicio invalorable para China. Le permite exhibirse como prestamista de un país de rango medio, mucho más atractivo que las desamparadas naciones de África o extremo oriente, que reciben de Pekín un trato casi colonial. El 16 de mayo pasado, el Washington Post registró esta mutación. En un texto sobre la pretensión de los chinos de transformar al yuang en moneda global, analiza con detalle la opción argentina por esa moneda. Cita el ejemplo de Newsan, la ensambladora que Rubén Cherñajovsky montó en Tierra del Fuego.

La presenta como una gran importadora de productos chinos que ahora realiza sus operaciones en yuanes. Como es sabido, Cherñajovsky y su alter ego, Nicolás Caputo, de Mirgor, son los dos empresarios con acceso privilegiado a los yuanes ahora que faltan dólares. Para entender bien el significado que estas urgencias tienen en el largo plazo conviene consignar que para los estrategas militares chinos el conflicto con los Estados Unidos tiene siete dimensiones: tierra, mar, aire, espacio ulterior, cibernética, información y divisas. La Argentina interviene en este último campo de batalla.

La jugada del gobierno de Xi Jinping es interesantísima, porque implica poner con más firmeza su pie en el Mercosur, donde también está tentando a Uruguay con un acuerdo de integración comercial bilateral. No hay que olvidar que Brasil, el mayor país del bloque, integra el club Brics con China, Rusia, India y Sudáfrica. Y que preside el Banco de Desarrollo de esa liga, en la persona de Dilma Rousseff. Sólo Paraguay queda desalineado: es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

El Mercosur cumple un rol cada vez más relevante en la escena internacional: allí figuran grandes proveedores de alimentos y materias primas al principal rival de los Estados Unidos. Por eso este despliegue chino despierta en Washington una gran preocupación, algo tardía. En los principales centros de poder se habla sin eufemismos de programas para contrarrestar la gravitación de los chinos. Es posible que la formulación más completa y enfática de esta posición sea el revelador discurso que pronunció el Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el último 27 de abril, en la Brookings Institution.

Pero también hay que tomar nota de la America’s Act (Ley de las Américas), propuesta en el Senado por el republicano Bill Cassidy y el demócrata Michael Bennet, para lanzar una especie de Plan Marshall sobre América Latina, que permita a los Estados Unidos competir con China en la asistencia a los países de la región. Una curiosidad: conscientes de las dificultades que enfrentan las propuestas de tratados de libre comercio frente a los legisladores de la izquierda demócrata, Bennet y Cassidy proponen formular invitaciones individuales a integrar el acuerdo de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, antiguo Nafta). El primero en la lista es Uruguay.

Este es el contexto en el que se inscriben negociaciones financieras que navegan sin luces. Es decir, sin que la oposición conozca, y ni siquiera pregunte con demasiada perentoriedad, cuáles son los compromisos que está asumiendo Massa para el alineamiento internacional de la Argentina.

La otra batalla decisiva transcurre en el Senado. Cristina Kirchner volvió a perder el control de la bancada oficialista en un asunto importantísimo: la designación de jueces, entre ellos de la camarista de la Casación Penal Figueroa, que debe conseguir la renovación de su acuerdo por cumplir 75 años el 9 de agosto. El voto de Figueroa, siempre favorable al kirchnerismo, es crucial en varias causas que afectan a la vicepresidenta. Entre otras, la de Hotesur: la Cámara de Casación debe decidir si se reabre o no el proceso en el que ella y sus hijos fueron sobreseídos sin que se celebre el juicio oral.

La señora de Kirchner puede intentar de nuevo que sesione la Cámara alta antes de que Figueroa cumpla años. O hacer valer la doctrina según la cual se podría seguir ejerciendo la magistratura hasta dos meses después de que se llegó a los 75 años. Contra esta pretensión pesa el antecedente de un colega de Figueroa, Eduardo Riggi, odiado por el oficialismo, a quien no se permitió continuar en el tribunal un solo día después del 16 de febrero de este año, cuando llegó a la edad límite.

La reunión de ayer fracasó por la inasistencia de los senadores peronistas Guillermo Snopek, de Jujuy, y Eduardo Kueider, de Entre Ríos, que integran el bloque disidente que se formó a comienzos de año. Ambos alegaron un resfrío. Sin embargo, en el caso de Snopek, se sospecha que en su decisión pesó también otro factor: la pelea electoral en la provincia. Snopek se postula como candidato a diputado. Consiguió que desde la cúpula de Unión por la Patria le permitan ir en la misma lista de Massa. Snopek postula a Carolina Moisés como senadora. Compiten contra la lista de Lelia Chaer, que lleva a Alejandro Snopek, primo segundo de Guillermo, como candidato a diputado.

Como Chaer también iba colgada de la fórmula de Massa, Guillermo Snopek fue a la Justicia para exigir que sólo se le permitiera competir desde la lista de Juan Grabois. El juez electoral le dio la razón, pero sus rivales apelaron. En el gobierno nacional interpretan que Snopek desertó ayer del Senado porque no le cumplieron con un pedido: que Chaer y su primo segundo retiren esa apelación y lo dejen como exclusivo representante de Massa en la provincia.

La venganza llegó ayer por de la tarde: el vicejefe de gabinete y apoderado de Unión por la Patria, Juan Manuel Olmos, se presentó ante la Junta Electoral de su agrupación ordenando que revoque el derecho de la lista de Snopek a adherir a la lista de Massa. “Poder que no abusa pierde prestigio”, decía el venerado Julio Romero.

Como las razones del entrerriano Kueider son menos tangibles, en el entorno de la vicepresidenta atribuyen su ausencia a “una presión muy fuerte del Comando Lago Escondido”. Es la forma que tienen de mencionar a directivos del grupo Clarín, a los que esta vez se sumarían las supuestas gestiones del exministro de Justicia Germán Garavano y del clan Mahiques, cuyo titular, el boxindanga Carlos Mahiques, es colega de Figueroa en la Casación.

La poco edificante escena del Senado expone a un peronismo en estado de desesperación electoral, en el que dirigentes encumbrados son capaces de extorsionarse con cuestiones delicadas. Ahora la señora de Kirchner debería explicarle a Snopek su teoría del lawfare. Es el mismo desasosiego que expresa Massa con la decisión de intervenir una fundación de Patricia Bullrich en plena campaña electoral. Un error que sería mucho más grave si el que resolvió esa medida no lo consultó.

La peripecia de Figueroa en el Senado disimula otro fracaso: con su pliego iban los de otros aspirantes a jueces impulsados por el kirchnerismo. Para quienes se encargan del recuento globular de adhesiones y rechazos en los tribunales, la promoción de esos funcionarios era clave, ya que permitiría que el oficialismo, que se agrupa en la lista Celeste, se imponga en la próxima elección de la Asociación de Magistrados, conducida siempre por la lista Bordó.

Para Cristina Kirchner la indisciplina del oficialismo en el Senado esconde malos augurios. Entre sus íntimos ella suele confesar que espera, si la pesadilla judicial que la mortifica desde hace años se agrava por razones electorales, que el peronismo parlamentario salga, como sea, a defenderla. Aquí hay que buscar el motivo principal de la generosidad con que entregó la fórmula presidencial, de tal manera que sean Sergio Massa y Agustín Rossi quienes absorban una eventual derrota. O se hagan cargo de los severos ajustes a los que obligaría una menos probable victoria. Ella se reservó para sí la confección de las listas parlamentarias. Se advierte con toda claridad en la de los candidatos a diputados y senadores bonaerenses, integradas por dirigentes que le guardan fidelidad. Hizo bien. Por no haber prestado atención a ese alineamiento en 2015, en 2016 muchos diputados armaron sus propios bloques y de desentendieron de su suerte.

Los más destacados fueron los representantes del Movimiento Evita, esclavos de su subsidio-dependencia. Ellos también pretenden ahora corregir ese error. Por eso Patricia Cubría, la esposa de Emilio Pérsico, candidata a intendenta en La Matanza en contra del peronista Fernando Espinoza, declaró ayer: “En el Evita nunca fuimos albertistas, ni lo seremos”. La afirmación sorprende por dos curiosidades. La primera, un extraordinario desdén por la verdad. El Evita fue la base más orgánica de la que dispuso Alberto Fernández hasta hace menos de un año, cuando se comenzaron a discutir las listas. La segunda: de ese sometimiento al Presidente quedó en Cubría una secuela y es la suposición de que alguien podría ser, en el futuro, devoto de Fernández.