LUIS MIGUEL CASTILLA *

Recientemente, el viceministro de Electricidad señaló la necesidad de abordar un supuesto poder de dominio en el mercado de generación eléctrica con la finalidad de reducir las tarifas eléctricas y beneficiar a los usuarios regulados.

Para ello, propuso ampliar las funciones del Osinergmin dada la complejidad del sector eléctrico. Argumentó que esta entidad debería encargarse de controlar eventuales acciones anticompetitivas en lugar del Indecopi bajo el razonamiento que cada sector debería tener una institución que regule potenciales afectaciones a la competencia.

Esta propuesta claramente debilita la institucionalidad vigente y resulta a todas luces un despropósito. Desde su creación, el Indecopi ha sido el encargado de proteger los derechos de los consumidores y promover la competencia en los mercados.

Cuenta con facultades para supervisar y fiscalizar actividades económicas, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y acciones correctivas, entre otras.

A lo anterior se suma la intención de modificar el modelo regulatorio del sector eléctrico como respuesta a la actual disparidad de precios que perciben los agentes libres y regulados. Esta es causada principalmente por una sobreoferta de generación y una demanda que no ha evolucionado como se anticipaba.

Para comprender esta situación, es importante considerar que el contexto actual difiere notablemente del momento en que se implementó la reforma del sector eléctrico del año 2006, cuando el país enfrentaba un déficit de generación de energía eléctrica por falta de inversión.

 En aquel entonces se propuso un esquema de licitaciones a largo plazo (enteramente reguladas por Osinergmin) entre distribuidoras y generadoras eléctricas para fomentar nuevas inversiones en el sector. Además, la regulación permitió que los clientes libres (mineras e industria) continúen manteniendo contratos directamente acordados con los generadores.

Hoy, la sobreoferta de generación ha propiciado la disminución del precio de la energía en el mercado libre, mientras que las licitaciones de largo plazo han mantenido una relativa estabilidad de precios para los usuarios regulados.

Estos menores precios van en el sentido contrario a lo que se esperaría de una presunta práctica anticompetitiva por parte de las generadoras que operan en el mercado, lo que descarta una supuesta manipulación de precios.

A la falta de flexibilidad en los precios de las licitaciones, se debe sumar la implementación de subsidios en los últimos años, especialmente para fomentar las tecnologías de energías renovables (la prima RER).

Aunque están destinados a promover la adopción de fuentes limpias de energía, han contribuido al encarecimiento de las tarifas reguladas y acentuado aún más la disparidad de precios entre los clientes regulados y los libres.

Para abordar esta situación, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, con la anuencia del Ministerio de Energía y Minas, pretende modificar la legislación en torno al modelo regulatorio del sector eléctrico.

Entre las medidas propuestas, destaca la reducción de barreras de entrada para las energías renovables (especialmente las solares) y la implementación de un plan vinculante que esquematice la ejecución de licitaciones.

En teoría, estas medidas persiguen aumentar la competitividad en el mercado y reducir la asimetría de información en torno a las licitaciones. Sin embargo, pretender darle un mayor rol al Osinergmin, casi como una especie de “comprador único” —cosa que no garantiza necesariamente que bajen las tarifas—, alejaría al modelo regulatorio actual de competencia mayorista de uno de competencia minorista deseable, similar al que existe en países desarrollados como Reino Unido.

Una medida para abordar la problemática actual es comparar la tarifa regulada que calcula el Osinergmin con la tarifa que pagan los agentes libres. Ello supondría un ajuste más equitativo y la eventual reducción de la brecha entre las tarifas, siempre respetando la vigencia de los contratos suscritos (quizás reduciendo los plazos para las nuevas licitaciones). No obstante, es fundamental considerar que la actual sobreoferta de producción se está agotando.

Según el COES, se espera que los precios en el mercado spot se ajusten en consecuencia. El cambio regulatorio propuesto por el Congreso no tendría el impacto esperado sobre la tarifa regulada e introduciría distorsiones innecesarias. En lugar de cambiar el modelo mayorista actual, lo más sensato sería permitir que las tarifas se regulen por sí solas a medida que el mercado va ajustándose, e ir eliminando gradualmente los subsidios que fomentan el uso de nuevas tecnologías.

 La transición energética debe darse de manera equilibrada sin subsidios a los privados que inclinen la balanza a favor de determinada tecnología en desmedro de otras.

* Director ejecutivo de Videnza Instituto