La minería es la actividad productiva que más recursos genera. De modo que la elaboración de estrategias para mejorar la rentabilidad y apropiarse de la renta es un presupuesto clave, que no debe soslayarse.
El sector privado siempre parece estar un paso adelante que el Estado, porque tales pericias forman parte del ADN de las empresas, son consustanciales al negocio. Tienen, además, las ventajas de que saben forjar las articulaciones necesarias de un modo fluido y sin las restricciones que existen en el sector público.
La burocracia, la ineficiencia, las mezquindades políticas, la preocupación por el rédito sectorial, operan habitualmente como limitaciones que condicionan las chances del Estado para mejorar su participación en el negocio.
Una prueba de la eficacia privada es la reciente fusión de dos grandes empresas litíferas, Livent –que opera en Catamarca a través del proyecto Fénix- y Allkem Limited. El acuerdo asciende a más de US$ 10.000 millones para constituir al productor más grande de productos químicos de litio, con ganancias anuales casi US$ 2.000 millones.
Las ventajas de la fusión fueron explicadas por ambas compañías a través de un comunicado: “Esto mejora inmediatamente la escala del negocio y las capacidades globales, fortaleciendo la capacidad de servir a los clientes con una cadena de suministro más resiliente.
El modelo de negocio integrado verticalmente permite una mayor flexibilidad operativa y el potencial para una mayor captura de valor en toda la cadena”, (…) La cartera de activos geográficamente adyacente, de alta calidad y bajo costo en Argentina y Canadá crea oportunidades para acelerar y eliminar el riesgo de desarrollo de proyectos que se espera brinden una capacidad de producción de aproximadamente 250 ktpa de carbonato de litio equivalente (LCE) para el año calendario 2027”.
Mientras los privados se mueven a un ritmo vertiginoso para lograr mayores ventajas comparativas y una mejor rentabilidad, el Estado, que suele ser el socio bobo de los emprendimientos megamillonarios de la actividad minera, se toma su tiempo para avanzar en el diseño de políticas que promuevan el desarrollo productivo integral de toda la cadena de valor de este recurso mineral estratégico, cuyo dominio pertenece a las provincias.
La Mesa del Litio ha implicado un gran avance para constituirse en el ámbito propicio en el que Catamarca, Jujuy, Salta y Nación decidan cómo implementar esas medidas.
La idea surgida de una reunión concretada en febrero es presentar un proyecto de ley que plantee la instrumentación de cupos para asignar un porcentaje de entre 5 y 20 por ciento de lo extraído para la industrialización dentro del territorio nacional, siempre que se extienda la demanda y con prioridad de asignación para empresas estatales, nacionales o provinciales, beneficios especiales para priorizar la ubicación en provincias productoras y también la posibilidad de elevar el techo del 3 por ciento a las regalías que cobran las provincias por la explotación de sus recursos de litio en suelo provincial, para los cuales habría que modificar la Ley nacional de Inversiones Mineras.
Luego del encuentro de febrero, se puso como plazo para la finalización de un anteproyecto de ley el mes de abril. Pasado un mes, no hay novedades al respecto, mientras las empresas avanzan en alianzas estratégicas que las posicionan de manera óptima en el mercado y, por cierto, les aseguran una rentabilidad en alza con facturaciones formidables y costos comparativamente bajos.
Urge, entonces, que el Estado deje de ser el socio bobo y acelere la implementación de las estrategias planteadas para lograr beneficios que otras experiencias de emprendimientos mineros, como el caso de Bajo de la Alumbrera, no aportaron en el pasado, lo cual también contribuye a menguar las chances de que la minería alcance en la Argentina y en Catamarca en particular, la ansiada licencia social.
