EDUARDO BITRAN *

Chile logró reducir los precios de las licitaciones de energía eléctrica a las empresas de distribución que atienden a los clientes regulados de US$ 131 por MWH en 2012, a US$ 24 por MWH en 2021, y avanzar notablemente en la incorporación de energías renovables.

Esta drástica reducción de precios fue, en buena medida, consecuencia de un sistema de licitaciones por bloques, que permitió la entrada de nuevas empresas generadoras renovables al sistema, y el compromiso del Estado de desarrollar la transmisión eléctrica.

Hoy el sistema está en crisis y se arriesga la insolvencia de varias empresas que se instalaron en el norte para aprovechar el potencial solar y vender su energía en el centro del país.

Ellas quedaron atrapadas en un subsistema parcialmente desacoplado, en que los costos marginales cayeron a cero en una proporción significativa del tiempo, debiendo abastecerse en el mercado spot a elevados precios para cumplir con sus contratos en el centro del país.

Los precios se elevaron más allá de lo razonable, en parte por el reemplazo de plantas a carbón por generadoras a diésel, más contaminantes y cinco veces más caras, y por la crisis energética global. Otro factor que incidió fue la operación de muchas unidades a mínimos técnicos para garantizar la seguridad, lo que generó pagos laterales sin precedentes, que afectaron aún más a estas empresas. Las restricciones a la transmisión se produjeron en parte como consecuencia de una inadecuada planificación de su desarrollo y los obstáculos ambientales para su despliegue.

Lamentablemente, no se avanzó a tiempo en regular el almacenamiento de energía y desarrollar un mercado de servicios complementarios que, en conjunto con un diseño adecuado del mercado mayorista, entregue las señales de precios que incentiven la inversión en tecnología para enfrentar la variabilidad de un sistema con alta penetración de renovables.

Si bien la insolvencia de un número de generadoras renovables es en parte su propia responsabilidad por no haber evaluado adecuadamente los riesgos al realizar sus ofertas, el Estado, como principal promotor de las renovables, no estuvo a la altura del desafío.

La insolvencia de las generadoras renovables provocará múltiples externalidades negativas que amenazan el avance en descarbonización de Chile y en volver a concentrar el sector.

¿Qué puede hacer hoy el Estado ante esta crisis? Primero, definir claramente la regulación de largo plazo para desarrollar en forma eficiente un sistema con alta penetración de energías renovables variables. Asimismo, considerar al norte del país como un subsistema con regulaciones que faciliten el aprovechamiento de la energía eléctrica barata o que se pierde, para diversos fines, tales como, calor renovable, producción de agua cruda y combustibles limpios.

Finalmente, el Estadon debe introducir cambios transitorios que permitan aminorar las pérdidas de las empresas atrapadas en un sistema parcialmente desacoplado y reducir las rentas que obtienen los que se benefician de la crisis.

* Académico del Centro de Transición Energética UAI, director de Espacio Público