CLEMENTE PÉREZ *

Por fin el Gobierno anunciará la esperada política nacional del Litio y dirá cómo busca aprovechar este mineral, que es clave en la transición hacia energías renovables y que se ha transformado en la principal fuente de ingresos del Estado, con aportes al Fisco que en 2022 superaron los US$ 5.000 MM, más que duplicando los aportes de Codelco. El nuevo sueldo de Chile.

Al parecer, la idea de la Empresa Nacional del Litio perdería fuerza y se apostaría más por Codelco y Enami como principales promotores de contratos, ejecutados por empresas privadas a través de algún tipo de asociación público-privada, que ojalá resulte tan exitosa como nuestro conocido sistema de concesiones de obras públicas.

Partir de cero con una nueva empresa pública podría tomar mucho tiempo y errores de aprendizaje. Empresas establecidas como Codelco y Enami, en cambio, podrán aprovechar sus capacidades instaladas para licitar contratos y llegar a acuerdos competitivos con compañías especializadas en la explotación del llamado oro blanco.

Aun así es necesario entender que las empresas públicas están expuestas a conocidos problemas: sobredotación, lentitud, politización y corrupción, debido a que en ellas no es natural la alineación de intereses entre el propietario (el Estado) y sus principales directivos (problemas de agencia), no existe el temor a la quiebra, la responsabilidad por decisiones erradas no siempre es clara, y muchas veces ni siquiera es claro cómo se mide el éxito o el fracaso.

Por ello, algunos optan por demonizar a las empresas públicas y tratar de eliminarlas del mapa. Otra opción, en cambio, es constatar que existen empresas públicas en todo el mundo en rubros estratégicos y que gozan de mayor legitimidad política (ej. una AFP estatal compitiendo con las privadas tal vez hubiera contribuido a dar mayor credibilidad al sistema). Y si bien es difícil, no es imposible legislar para mitigar los riesgos a los que están expuestas esas empresas.

Por ello la OCDE ha publicado una serie de recomendaciones para que las empresas del Estado tengan un buen gobierno corporativo, alejado de las presiones políticas y capaz de tomar decisiones transparentes. Entre estas recomendaciones está que haya directores independientes (doble independencia: del Estado y del gobierno de turno), que sus ejecutivos no cambien con cada elección (como desgraciadamente ocurre en varias empresas públicas chilenas, incluyendo a Codelco) y que sean evaluados de acuerdo a criterios claros y predefinidos.

Lo óptimo es que el objetivo de estas empresas sea el de aumentar el valor para sus accionistas, todos los chilenos, y que dejen legítimos objetivos de política pública: como sería la formación de clusters, encadenamientos productivos y otros, a otros organismos del Estado, como Corfo.

La mesa está servida para que Chile pueda acordar una política nacional del litio que cuente con un amplio respaldo ciudadano y que logre los objetivos de eficiencia, transparencia, productividad y cuidado por el medio ambiente que nuestro país requiere.

* Abogado, Máster en Políticas Públicas