EMILIO APUD *

Debo aclarar que el título de esta nota se refiere a lo cronológico, al más reciente, no a la finalización de los apagones. Estos pueden suceder siempre, incluso en los sistemas eléctricos más avanzados del mundo. Pero, lo que diferencia a nuestros apagones de los que ocurren en países donde la gente paga por la energía lo que cuesta, es la probabilidad de ocurrencia y su magnitud. La probabilidad está relacionada con las medidas preventivas y la magnitud con el nivel de inversión destinado al equipamiento de generación y de las redes de transporte y distribución.

Antes de seguir y en consideración a aquellos que se interesaron en leer esta nota con escasos conocimientos en la materia, déjenme explicar de que se trata un sistema interconectado de nivel nacional, SADI. Sirve para unir fuentes de generación eléctrica, que algunos todavía llaman Usinas, con los consumidores de electricidad concentrados en ciudades y grandes industrias.

Y esto es así porque las energías renovables, cuya localización la dispuso la naturaleza, se encuentran lejos de los centros de consumo. Por ejemplo: las hidroeléctricas del Comahue, como Chocón, Piedra del Águila y otras, las del Litoral, Yacyretá y Salto Grande. También las eólicas que están en el sur, donde abunda el viento, o las solares en zonas de gran radiación como el NOA.

El SADI, tiene un administrador central, CAMMESA, que es unaempresa de gestión privada con propósito público y sin fines de lucro en la que el 80% de su paquete accionario es propiedad, en partes iguales, de asociaciones representantes de los agentes del mercado eléctrico mayorista (Generadores, Distribuidores, Transportistas y Grandes Usuarios), mientras que el 20% restante pertenece al Estado. Su función original era despachar económicamente las centrales de generación introducirlas en la red de transporte y cobrarles a los agentes del mercado recién mencionados.

Para los segmentos de transporte y distribución es decir la parte del sistema que permite llevar la electricidad a los usuarios finales, hogares, comercios, empresas, etc. los servicios están regulados por ley vía el ENRE ente autárquico encargado de asegurar los derechos de los usuarios, promover la competitividad y la inversión, asegurar un nivel tarifario apropiado.

Hoy los roles de esos dos componentes clave del servicio eléctrico han sido desvirtuados, pasando a formar parte del problema. CAMMESA es una empresa deficitaria que se le adosó la compra de combustible para las generadoras y la administración de los déficits fruto de las tarifas insuficientes. Mientras que el ENRE siempre estuvo intervenido por los cuatro gobiernos kirchneristas pasando a ser un instrumento más para sus objetivos de poder.

El mercado eléctrico argentino hasta 2003 se alimentaba de los ingresos genuinos provenientes de la venta de electricidad. Funcionaba como un servicio público atendido por empresas privadas, donde la componente de generación era libre y la de transporte y distribución, regulada y todo en un marco legal con origen en la ley 24065.

Este sistema funcionó correctamente hasta la irrupción del intervencionismo estatal del kirchnerismo que, al amparo de la permanente ley de emergencia económica, desvirtuaron todo el andamiaje regulatorio que rigió con éxito al sector energético desde principios de los 90 y que había permitido capitalizarlo con inversiones privadas que dotaron al sector de calidad, confiabilidad y capacidad de abastecimiento.

Gracias a esas inversiones realizadas en menos de 10 años, unos USD 30.000 millones a valores de hoy, se redujeron los cortes a menos de 11 horas por usuario/año, valor acorde con los que adoptan países más desarrollados. Mientras los usuarios pagaban una tarifa plena, sin subsidios y de las más bajas de la región. El calor, puso en evidencia la endeblez del sistema eléctrico después de más de tres años de retomar el congelamiento con subsidios insuficientes. No obstante, esos subsidios paupérrimos fueron el año pasado unos USD 8.500 millones.

Estas anomalías que genera el populismo energético hacen que tengamos un servicio eléctrico acorde con lo que pagamos, menos del 40% del costo. Pero el gobierno, único responsable de la situación, como es usual no asume su culpa y busca transferirla a terceros, en este caso a EDESUR amenazándola con demandas legales abstractas y hasta con la expropiación que, en las actuales condiciones de intromisión estatal solo puede interesar a la Cámpora y a empresas expertas en mercados regulados o, sin eufemismos, pertenecientes al capitalismo de amigos.

Es necesario entender que en el contrato de concesión una de las partes, el Estado, unilateralmente incumplió su compromiso de pago al concesionario, EDESUR, eximiéndolo entonces de llevar a cabo inversiones en una magnitud acorde con la merma en la retribución. Hasta hace poco los cortes, salvo los producidos por accidentes en las líneas de transporte, se debían al deterioro de las rede de distribución, pero últimamente se ha sumado como causa el déficit de generación.

Pero cómo, se preguntará usted, ¿si el gobierno dice que hay más de 40.000 MW de potencia instalada y la demanda máxima ronda los 29.000? Sí, pero no dice que, por falta de inversión que no cubre el subsidio, hay más de 8.000 MW fuera de servicio, por escasez de repuestos, de mantenimiento y hasta de combustibles y otros 3.000MW por baja hidraulicidad, indisponibilidad de las renovables y Atucha II parada. No hay reserva, es un sistema vulnerable.

Si los subsidios, que son la diferencia entre lo que cuesta el KWh en nuestro medidor y lo que pagamos por él, fueran totalmente aportados por el Estado, las empresas hubiesen seguido produciendo e invirtiendo como si no hubiera congelamiento. Pero, esos subsidios nunca cubrieron las inversiones comprometidas por las empresas, entonces el servicio se vino abajo. Por otro lado, el fondeo principal para esos subsidios pasó a ser la emisión la que con un cierto delay volvió a los usuarios transformada en inflación.

Entonces, ¿cuál es el negocio de no pagar la energía lo que cuesta si lo que dejo de pagar en la tarifa es en detrimento de mi poder adquisitivo y de mi calidad de vida ante un suministro eléctrico precario?

* Ingeniero consultor. Ex secretario de Energía y Minería