La lección más valiosa que dejó la experiencia de Bajo La Alumbrera quizás radique en la importancia de tener bien definidos los criterios para la inversión de los recursos provenientes de la minería. Gran parte de las dificultades para edificar consenso en torno a la actividad obedece precisamente a la percepción social de que los multimillonarios fondos que el Estado recibió por la explotación del yacimiento se dilapidaron, entre corruptelas, faraonismo e improvisación.
El debate se reactualiza con las rentas del litio, por ahora circunscriptas a lo que desembolsa el proyecto Fénix, en Salar del Hombre Muerto. Con buen tino, el Gobierno unificó todos los fondos en fideicomisos, lo que le permite contar con volúmenes importantes para financiar grandes obras. La renta de Bajo La Alumbrera, en cambio, se fragmentaba: una parte iba derecho a los intendentes, que la utilizaban como se les antojaba; la otra iba a rentas generales, y el Gobierno también la gastaba caprichosamente, sin atenerse a planificación identificable alguna.
El potencial de los fideicomisos, sin embargo, se ve amenazado por la idea de que todos los fondos deben invertirse sólo en la zona de los yacimientos litíferos. Esto lleva a una especie de frenesí por gastar el dinero a como dé lugar en la región de influencia de la explotación, sin considerar si realmente es necesario.
De buenas intenciones, dicen, está empedrado el camino del infierno.
Edificar un hospital de alta complejidad en una zona inhóspita puede parecer a primera vista un acto de justicia, pero a poco de andar se advierte lo irracional de solventar personal, equipamiento y mantenimiento de megaestructuras que nadie usa, cuando bastaría con tener puestos sanitarios eficaces y vías de comunicación en condiciones para traslados a nosocomios de mayor envergadura si es preciso.
Proliferan, no obstante, este tipo de proyectos financiados con fondos mineros, con el justificativo de que los piden los intendentes. Uno, por caso, se está levantando en La Ciénaga, en el norte de Belén.
Es curioso que no se considere que ya hay hospitales importantes en las cabeceras departamentales, que derivan los casos graves a la Capital. Y que en la Capital, el Hospital San Juan Bautista tiene severos problemas
¿No sería más sensato usar parte de los fondos mineros en acondicionar el San Juan Bautista en lugar de financiar estructuras de por lo menos discutible urgencia en las desoladas zonas litíferas? Con el tiempo empiezan a surgir los inconvenientes, porque no hay el personal idóneo suficiente, es imposible reparar los equipos que se rompen y las ambulancias carecen de combustible. Tarde, por lo general, se arriba a la conclusión que más hubiera convenido utilizar los recursos para procurar diagnósticos y traslados rápidos en lugar de tener edificaciones desmesuradas e ineficaces.
Similares razonamientos podrían hacerse con la derivación de recursos de la minería a proyectos de dudosa sustentabilidad económica, como frigoríficos o mosteras municipales que después no tendrán materias primas para procesar, en lugar de fomentar la integración con estructuras ya existentes.
Aparte, conviene también incorporar el principio de solidaridad, que en este caso engrana con el impulso a la integración de la provincia. La zona de influencia de los yacimientos es restringida, pero el impacto social de lo que el Estado obtenga de su explotación puede extenderse a todo el territorio provincial en cuanto se superen las limitaciones de localismos exacerbados. Es preciso tener en cuenta, también, que los recursos mineros son finitos su desaparición tiene consecuencias negativas directamente proporcionales a los despilfarros perpetrados con su irrupción. Lo de Alumbrera es suficientemente ilustrativo al respecto.
El fideicomiso conformado con los aportes de Livent pasó de 260 a más mil millones de pesos en solo un año. Las proyecciones de los ingresos al erario por el litio, una vez que entren en producción otros proyectos en desarrollo, son fabulosas.
Sería conveniente avanzar en el diseño de políticas de inversión estratégicas, superadoras de los criterios de los intendentes, que por lógica se circunscriben a sus distritos.
