WILLY KRACHT *

Vivimos en una era marcada por la demanda de comunicación fluida, mayores estándares éticos y acceso a información instantánea. Podríamos decir que los tiempos que corren se caracterizan, entre otras cosas, por el valor asignado a la transparencia y a la inmediatez de respuesta. Esto tiene consecuencias directas en procesos políticos, sociales y económicos.

Por ejemplo, el sistema socio-político enfrenta dificultades para atender de manera oportuna demandas simultáneas que levanta la sociedad, con fuerza y rapidez, muchas veces apoyadas por la vertiginosa velocidad de propagación y transformación de contenidos de las redes sociales. Asimismo, a nivel social, se hace muy complejo canalizar orgánicamente, aquellos requerimientos que buscan ser resueltos desde la política.

A nivel económico la situación no es muy diferente. En el caso de la actividad minera observamos que la creciente demanda por más transparencia se ha traducido en que, como nunca antes, la sociedad tiene acceso a conocer no solo un sinnúmero de detalles sobre cómo operan las compañías mineras sino también cómo sus impactos locales repercuten en el desarrollo de la industria. Al respecto, y de acuerdo con las exigencias del siglo XXI, son las propias mineras las que se han abierto a entregar esa información.

Hoy transparencia e inmediatez se conjugan con rapidez cada vez que alguna compañía protagoniza un incidente ambiental, lo que a menudo se traduce en un impacto negativo sobre la imagen de la industria, incluso si tal situación es controlada de manera ágil y oportuna. No se trata entonces de un impacto negativo originado en la falta de oportunidad de acceder en tiempo real a la información. Si así fuera, observaríamos resistencia de parte de la industria a avanzar en este ámbito y no es el caso.

El impacto negativo muchas veces está relacionado a la expectativa social y política de esperar la implementación de soluciones a una velocidad de respuesta para la que el ecosistema minero no está preparado, generándose una gran distancia entre los tiempos con que fluye la información, la rapidez con que brotan las expectativas y aquellos plazos necesarios para que el sistema se haga cargo de ofrecer soluciones robustas y efectivas.

Sin embargo, estas últimas deben armonizar tiempos institucionales y técnicos que, dependiendo del caso, pueden significar días, semanas, meses o incluso años.

La industria minera enfrenta un escenario complejo en que si se niega a entregar información compromete su aceptación e imagen, pero si la ofrece sin atender las expectativas se arriesga a confrontar un eventual impacto negativo.

¿Está condenado entonces el sector a no poder superar la aparente paradoja que se da entre la demanda por mayor transparencia y las eventuales consecuencias que implica ofrecer información y ponerse, deliberadamente, bajo la lupa? Pareciera ser que la solución a este problema pasa por avanzar decididamente en más transparencia.

No obstante, no puede ser solo de cara al futuro, sino que también haciéndose cargo del pasado y siendo claros en relevar el camino que la industria ha recorrido en cuanto a reducción de impactos se refiere. En líneas generales, tanto la regulación como el desempeño de las operaciones mineras han evolucionado en las últimas décadas, lo que se ha reflejado en el cumplimiento de mayores exigencias en el cuidado del medioambiente, relacionamiento comunitario y, también, en un mejor desempeño del sector, posible de apreciar con claridad al hacer un análisis crítico de la industria y su relación con el entorno en un horizonte temporal adecuado.

La mirada al pasado es necesaria para poder entender mejor la posición actual de la industria y su proyección a futuro.

Desde el Gobierno valoramos las señales que las distintas compañías dan en transparencia y su disposición a proporcionar información cada vez que le es requerida. Sin embargo, aún hay espacio para ser más ambiciosos. Por lo mismo, nos parece que sería apropiado avanzar en la adopción de algún estándar internacional.

En el pasado se consideró sumar a Chile a EITI (Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva), pero las conversaciones no llegaron a puerto. Tal vez es buen momento para retomar un diálogo de ese tipo en la búsqueda de generar condiciones que nos permitan elevar aún más nuestro estándar.

Debemos procurar, eso sí, empezar a mirar el presente como resultado de una historia propia que ayudaría a mostrar con claridad desde dónde se han gestado los avances que hoy exhibe la industria, cuáles son sus actuales desafíos y hacia dónde apuntan sus nuevas transformaciones.

Concentrarse solo en el presente y desde ahí hacer una promesa de futuro, sin ponderar adecuadamente el pasado, podría no ser suficiente para pasar el examen en tiempos de transparencia e inmediatez.

* Subsecretario del Ministerio de Minería de Chile