JENNY ROJAS *

Durante la reciente presentación de las indicaciones al proyecto de royalty que se tramita en el Senado, el ministro de Hacienda informó sobre el establecimiento de un fondo en beneficio especialmente dedicado (aunque no en forma exclusiva) a las zonas que albergan una explotación minera.

De acuerdo con las palabras del ministro Marcel, se trataría de US$420 millones provenientes de la recaudación del royalty para distribuir a las regiones, a los municipios; y también a investigación y desarrollo.

Algunos datos de contexto: el 82% del cobre chileno se produce en las cuatro regiones de la Macrozona Norte (Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo). De los US$68.925 millones en inversiones mineras que ha proyectado COCHILCO en la década, un 29% se realizará en Antofagasta, un 26% en Atacama, un 15% en Tarapacá y un 10% en Coquimbo. Esto es el 80% de las inversiones. 

Con esta consideración, el anuncio del ministro Marcel suena bastante interesante, qué duda cabe. Sin embargo, en nuestras regiones ya tenemos amplia experiencia en estas materias. En el pasado se han dado a conocer iniciativas muy similares a esta que nunca se concretaron.

Como un déjà vu recordamos la tramitación del primer royalty en 2005 (también llamado Impuesto Específico a la Minería), cuando se nos prometió la creación de un Fondo para la Innovación con un fuerte componente regional. ¿Qué pasó con eso? Sencillamente se diluyó y aún estamos esperando…

Por eso hay que ser muy prudentes cuando buscamos afectar el régimen tributario minero, como lo que está ocurriendo actualmente con el royalty. 

Que la minería es uno de los principales motores económicos de nuestro país no es un secreto para nadie, y que otorga mayormente empleo, es un hecho concreto, es más, en momentos peak de la pandemia, sostuvo fuertemente la economía regional y nacional. Lo anteriormente expuesto son solo un par de motivos, ya que existen muchos más que debemos sopesar y el llamado es a mirar desde todas las aristas. El deber como país es ser responsables en proteger la competitividad y sustentabilidad de nuestra actividad minera y su ecosistema asociado. No podrá haber mayor aporte al desarrollo social que, precisamente, seguir fortaleciendo la cadena de valor regional en torno a la minería. 

No olvidemos que en las regiones mineras un 40% del empleo local viene de esta actividad, industria que ha avanzado considerablemente en materia de seguridad laboral, con la tasa de accidentabilidad más baja por actividad económica del país.

Asimismo, la minería representa gran parte del PIB en nuestros territorios: 53% Antofagasta, 36% Tarapacá, 36% Atacama y 25% Coquimbo, sin dejar de lado otros aspectos, como por ejemplo el desarrollo de proveedores comunitarios, aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), con planes que potencien el ODS 5 en la búsqueda de equidad de género, impulsando programas y políticas que buscan la equidad de oportunidades en ámbitos laborales, o apoyo a la comunidad, sobre todo en ámbitos de vulnerabilidad (ejemplos hay muchos, fondos de aporte a campamentos, organizaciones sociales de apoyo a la comunidad entre otros). Todo esto impacta el ODS 1, en aporte a la disminución de la pobreza. En fin, podríamos hablar de muchos focos de desarrollo y aporte de la industria minera al país. 

Los expertos en tributación minera y la propia industria han sido categóricos en señalar que hay espacio para que la minería contribuya más. Pero para eso debe moderarse sustancialmente el proyecto que ha presentado el Gobierno y, al mismo tiempo, presentarse incentivos confiables y de largo plazo para atraer y asegurar la inversión minera. 

Es destacable que el proyecto de royalty, recientemente reformulado por el Ejecutivo, haya modificado la estructura recaudatoria, haciéndola más simple. Pero sigue manteniendo un riesgo importante: la tasa efectiva promedio para la industria quedaría en el rango entre 48% y 49%.

En la práctica, el proyecto ajustado es apenas 1 punto porcentual menor en promedio respecto del proyecto tal como se conoció en julio. Además, eleva en casi 12 puntos la tasa efectiva actual. Lo anterior nos transformaría en uno de los distritos mineros con mayor carga tributaria del mundo, superando como promedio en 10 puntos porcentuales a Australia, Canadá y Perú, por dar algunos ejemplos.

De no corregirse el fondo del proyecto, además de perder en competitividad, es probable que las grandes mineras presentes en Chile sigan operando en el territorio, pero decidan no seguir invirtiendo en el país. Esto traerá aparejada una baja en la capacidad productiva, impactando en toda la cadena de valor, y una disminución en la inversión social y en sustentabilidad, afectará directamente la generación de empleo y sus obvias consecuencias.

Aún queda tramitación legislativa. Esperamos que se corrija este proyecto, para producir un beneficio real y sustentable para nuestras regiones. Considerar la opinión del rubro sería la forma de construir una solución que permita no poner en riesgo el futuro de nuestro país. 

* Directora de la Cámara Minera de Chile