LUIS ALBERTO ARIAS *

En el año 2013 el presidente del directorio de Petroperú iniciaba su carta a los accionistas, es decir a los ministros y viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Energía y Minas, expresando su satisfacción por participar en el momento histórico de tener la autorización para construir el megaproyecto de la nueva refinería en Talara.

Su carta omitía tres aspectos importantes: a) que el megaproyecto tenía un presupuesto inicial de US$ 3,500 millones, 3.5 veces el patrimonio de la empresa en aquel momento; b) que el megaproyecto no tenía asegurado el financiamiento requerido para ser ejecutado; y c) que la Ley 30130 que declaraba de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería, autorizaba a Petroperú a emitir acciones con derecho a voto para incorporar la participación del capital privado hasta el 49% del capital social de la empresa.

Es importante situarnos en el contexto económico de la producción y el consumo de petróleo en nuestro país, unos años atrás. El Perú no era un país productor de petróleo. En la década previa a la decisión de construir la nueva refinería, la producción nacional de petróleo se había reducido desde 93 mil barriles por día (bpd), en el año 2002, hasta 66 mil bpd, en el año 2012. Mientras tanto, la demanda había estado creciendo año a año hasta situarse por encima de los 200 mil bpd en el año 2012.

Es verdad que una parte del crudo producido no podía refinarse en el país, pero las cifras indicaban con claridad que nos estábamos embarcando en un megaproyecto cuyo objetivo era construir una refinería para importar y refinar petróleo. En otras palabras, la nueva refinería no iba a reducir nuestra dependencia energética, solo era el sueño iluso de un puñado de burócratas y políticos para mejorar la rentabilidad de una empresa pública.

Así, sin ninguna lógica económica ni social y sin cumplir el requisito, implícito en la Ley, de incorporar la participación de capital privado, Petroperú inició el despropósito de construir la refinería haciéndonos creer a los peruanos que el mismo se financiaría con recursos de la empresa y con endeudamiento que no comprometería al Tesoro Público, es decir a los contribuyentes.

La crónica de los hechos relevantes es la siguiente:

a) En mayo de 2014 se suscribió el contrato con la empresa Técnica Reunidas para la ejecución de la ingeniería de detalle y construcción.

b) Según Petroperú, a marzo del 2016 se tenía un avance físico del 34.7% pero aún no se contaba con financiamiento. La Memoria señala que se estaban desarrollando las gestiones para obtener el financiamiento para continuar con la ejecución del proyecto.

c) La Memoria del año 2016 nos informó de un avance del 52%, de la necesidad de construir unidades auxiliares y que se trabajaba en una emisión de bonos de US$ 3,000 millones.

d) La Memoria del año 2017 reconoce por primera vez los serios problemas de desalineamiento y riesgos en el financiamiento del proyecto. Así mismo, el avance de 67% ya mostraba retrasos frente a una programación de 78%. El documento consigna que recién en este año se concretó el financiamiento de una parte del mismo:

+ Emisión de US$ 1,000 millones a 15 años de plazo y una tasa de 4.75% anual.

+ Emisión de US$ 1,000 millones a 30 años de plazo y una tasa de 5.625%

+ Suscripción del contrato de crédito con garantía de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) por US$ 1,300 millones. El periodo de amortización es 10 años (empezando 6 meses después del inicio de operaciones) y la tasa de interés 3.96%.

e) La Memoria del año 2018 nos señala un avance de 71%. La Memoria del año 2019 nos confirma un 85% de avance y que la antigua refinería de Talara ha sido puesta fuera de servicio iniciándose las interconexiones con la nueva refinería. Respecto al financiamiento se señala que se analizan alternativas para lograr el cierre financiero del proyecto.

f) La Memoria del año 2020 señala el reinicio progresivo de las obras luego de la paralización ocasionada por el covid. Se logra un avance del 93%. Se calculó el inicio de la operación para el último trimestre del 2021. Se actualizó el monto de la inversión del proyecto a US$ 5,700 millones.

g) La Memoria del 2021 señala un avance del 97%. En febrero del 2021 se emitieron US$ 1,000 millones de bonos con vencimiento el año 2047 a una tasa de interés de 4.65%.

Esta reseña nos permite concluir que si el costo de la nueva refinería es de US$ 5,700 millones y el financiamiento obtenido es de US$ 4,300 millones, el monto no financiado a mediano y largo plazo es de US$ 1,400 millones, los cuales debían provenir de recursos de la empresa o de aportes del Tesoro. En efecto, los balances de la empresa muestran que a partir del año 2019 se reduce significativamente el activo corriente que no alcanzaba para financiar el pasivo corriente (obligaciones con proveedores por compras de combustibles), lo cual implicaba una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento.

Los malos manejos de la empresa en los años 2021-2022 detonaron dicha bomba y se puso en riesgo el abastecimiento de combustibles. Al final el Tesoro ha tenido que aportar US$ 2,250 millones: US$ 1,000 millones como aporte de capital, US$ 750 millones como préstamos y US$ 500 millones como préstamo con garantía vía el Banco de la Nación. Los contribuyentes del país estamos financiando el despropósito, pese a que meses antes el presidente del directorio de la empresa nos aseguraba que no sería así.

Mientras tanto: Petroperú se encuentra sobreendeudado, el ingreso de capital privado a la empresa duerme el sueño de los justos, la producción de petróleo del país a duras penas alcanza los 40 mil bpd., no sabemos si volverán a tocar el bolsillo de los contribuyentes y la tasa de pobreza en el país alcanza el 26%.

* Economista PUCP, profesor EcoPública PUCP, Política Fiscal e Impuestos ULIMA. Ex presidente del BN, vicepresidente del BCRP, jefe SUNAT, jefe SAT y VM de Hacienda