JUAN CARLOS GUAJARDO *

Durante años se ha venido registrando robo de cobre principalmente en las rutas de transporte desde las minas a los puertos. Lo que comenzó con asaltos esporádicos ha ido dando paso a una acción delictual sofisticada, con bandas apoyadas por medios relevantes como camionetas de última gama, grúas y equipos de comunicación.

La violencia también ha ido in crescendo pues los últimos atracos han ocurrido con armamento de alto impacto y con maltratos que han amenazado la integridad de los trabajadores. Esto llevó a paralizar el servicio a Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, la principal compañía de trenes que presta servicio a la minería en el norte, con lo cual se ha puesto en riesgo la crucial cadena logística de la minería del país.

Solo algunas horas después del último asalto se reportó el hallazgo del botín, una parte en Arica, presto a ser “exportado” a Perú donde sería blanqueado de alguna forma, y otro en Coquimbo, lugar donde se intentaría comercializar camuflado en alguna forma de chatarra metálica.

La celeridad en la acción policial es elogiable, pero la pregunta es por qué este éxito en tiempo récord ocurre solo cuando se alcanza una situación crítica que obliga a una empresa a reaccionar y no se logró actuar antes, con lo cual se podría haber evitado la escalada del crimen y el fortalecimiento que alcanzaron las bandas especializadas en este delito.

Hay que reconocer que la violencia delictual en el norte minero ha alcanzado un nivel preocupante. No es solo el robo de cobre en ferrocarril, sino ya directamente atracos a instalaciones mineras como la que sufrió hace un par de meses la Compañía Minera Guanaco cerca de Taltal, una de las más importantes minas de oro del país.

El robo de cobre no es por cierto un tema aislado, sino que se relaciona con un incremento de los índices de delincuencia a nivel nacional. Más aún, las estadísticas muestran que las tasas de delito con mayor connotación social (robo con fuerza, robo con violencia, lesiones, homicidios) se concentran en las principales regiones mineras (Antofagasta, Atacama y Tarapacá), probablemente derivado de la crisis de migración irregular y narcotráfico, que es caldo de cultivo para el crimen organizado.

Este problema ha alcanzado una escala que requiere la atención nacional. La problemática de las regiones del país habitualmente queda en segundo plano respecto a la región metropolitana, pero este problema tiene la capacidad de golpear a la industria más importante del país, especialmente cuando los vientos económicos soplarán en contra y Chile no puede darse el lujo de comprometer los recursos de la minería.

La minería en Chile ha venido sufriendo un deterioro creciente de su ambiente de negocio e inversión. El debate constitucional generó gran aprehensión y ahora se está a la espera de cómo se resolverá la discusión en el Congreso.

La propuesta de royalty se espera que quede resuelta el próximo año, pero se suma a lo anterior la complicada tramitación de permisos donde la ideología anti-minera se ha venido expresando a través de distintos órganos del estado.

Todas estas situaciones comprometen la imprescindible certeza jurídica, por lo que si se agrega un grave problema de seguridad habrá consecuencias significativas en la industria minera que costará años reparar.

* Director ejecutivo Plusmining