ANA GRACIELA DEFANT *

El intendente del Departamento Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ha manifestado públicamente que presentará un proyecto de ley que permita desarrollar la minería metalífera en su jurisdicción.

Al parecer, sería una especie de zonificación según la cual su territorio quedaría exceptuado de los alcances de la Ley 7.722, sin perjuicio de la aplicación de la abundante normativa nacional y provincial que la industria minera debe acatar.

Nuestra AGM se opuso en su momento a la sanción de la Ley 7.722 y en diversas oportunidades ha puesto en evidencia que, desde la promulgación de la Ley, en el 2007, las empresas exploradoras y los inversores mineros abandonaron la provincia y, desde entonces, no se ha invertido un solo dólar en la minería metalífera mendocina.

Pocos días atrás pudimos asistir a la comprobación del espanto generado por la Ley 7.722 en los potenciales inversores privados.

En efecto, el empresario Guillermo Re Kühl, único privilegiado que logró la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Hierro Indio, reconoció no haber conseguido ningún inversor privado para llevar a cabo la exploración y terminó acordando con el Gobierno de Mendoza para que una empresa perteneciente al Estado Provincial aporte el dinero necesario para esa tarea.

Si bien es bueno recordar que los legisladores mendocinos sancionaron la Ley presionados por manifestaciones callejeras, ruidosas y no exentas de cierto vandalismo, que se atribuyeron la representación del pueblo, también vale la pena señalar que, seguramente, no representaban al pueblo de Malargüe, cuya historia está signada por la producción de recursos minerales, comenzando por las asfaltitas (mal llamadas carbones), siguiendo con plata, plomo, cobre, uranio, hierro, manganeso (y ferroaleaciones) yeso, fluorita y baritina, y culminando esa larga lista con los hidrocarburos.

Si nos atenemos al concepto de la "vocación del territorio" repetido hasta el cansancio en el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, debemos reconocer que el pueblo de Malargüe tiene "vocación minera" y por lo tanto califica para reconocerle formalmente ese derecho.

Además, la población de Malargüe siempre ha otorgado licencia social a sus emprendimientos mineros e hidrocarburíferos. Y por si eso fuera poco, no hay ninguna razón ni evidencia que indique que el desarrollo minero de Malargüe pueda afectar o perjudicar a otras poblaciones de la provincia.

En definitiva, hay un pueblo que quiere desarrollarse aprovechando sus recursos naturales y no hay ninguna razón técnica, ambiental, social ni política para negarle esa posibilidad.

* Lic. en Ciencias Geológicas. Presidenta de la Asociación Geológica de Mendoza