DANIEL WEINSTEIN * 

Después del plebiscito constitucional, la discusión legislativa tributaria se ha reactivado con fuerza. Precisamente, en mi calidad de abogado especialista, tuve la oportunidad de exponer sobre el proyecto de royalty ante la Comisión de Minería del Senado, junto con algunas asociaciones y empresas de la industria.

Recordemos que el Ejecutivo ha presentado una propuesta que establece un royalty a la minería del cobre articulado en dos ejes: la aplicación de un impuesto ad valorem (aplicado como porcentaje de las ventas), que varía entre el 1% y el 4%, y un impuesto sobre la rentabilidad operacional, que va desde un 2% a un 36%. En ambos casos se tiene como eje referencial el precio del cobre.

Hace unos días el Gobierno adelantó a través del Ministerio de Minería que las modificaciones al proyecto irán en la línea de simplificar la estructura; promover algún tipo de incentivos para nuevos proyectos; pero se mantendría el componente ad valorem.

De estos tres puntos el más llamativo -y más perjudicial- es el tercero. ¿Por qué se insiste en el componente ad valorem que va totalmente en contra de la competitividad de la minería chilena?

El Gobierno olvida considerar cuáles son las características propias de la minería nacional, y las dificultades por las que ha atravesado en los últimos años. No resulta comprensible persistir en un argumento que en forma unánime todos los especialistas y estudios han indicado que es perjudicial para el desarrollo sostenible de la industria y su ecosistema. Y no olvidemos que el nuevo contexto iniciado posplebiscito nos llama a que prevalezcan los acuerdos. Aumentar la contribución minera y mantener/fortalecer la competitividad de la industria requerirá de amplios diálogos.

Por lo que conocemos del proyecto, el royalty ad valorem se aplicará sobre las ventas, antes que se determine si hubo o no utilidades. Lo anterior implica que, inclusive en el caso de que la compañía esté teniendo pérdidas, este impuesto a las ventas se aplicará de igual manera. Lo anterior conlleva varias consecuencias, entre ellas que, enfrentadas al pago de este impuesto, las mineras opten por no extraer el mineral de más baja ley o más costoso de extraer, toda vez que podría no ser rentable.

En cuanto al impuesto a la rentabilidad operacional, este se sumaría al ad valorem, al impuesto específico de la minería, y a todos aquellos que pagan las empresas en Chile. La suma de todo esto dejaría la carga tributaria de la minería en un 60%, muy por arriba de la que tienen otros países mineros como Perú, Canadá (British Columbia) o Australia (Queensland). Recordemos que los principales productores del mundo de cobre, incluido Chile, tienen una tasa impositiva efectiva a la minería de alrededor de 40% en promedio, siendo la de Chile actualmente 38,4%.

Los expertos en tributación minera y la propia industria han sido categóricos en señalar que hay espacio para que la minería contribuya más. Pero para eso debe moderarse sustancialmente el proyecto que ha presentado el Gobierno y, al mismo tiempo, presentarse incentivos confiables para atraer y asegurar la inversión minera.

De no corregirse el fondo del proyecto (por ejemplo, el componente ad valorem), el inversionista internacional preferirá otros países. Es probable que las grandes mineras presentes en Chile sigan operando en el territorio, pero no invertirán en ampliaciones o nuevos proyectos, y la capacidad productiva comenzará a caer, impactando en toda la cadena de valor, particularmente lo que diga relación con sostenibilidad, innovación y/o nuevas tecnologías.

Estamos todos de acuerdo que el aporte de la minería es clave para financiar las demandas sociales pero, pensando en el largo plazo, hay que preguntarse si una política que desincentiva esta actividad es el mejor camino para obtener recursos de forma sustentable, no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas.

* Socio en Urzúa Abogados y el miembro del Panel de Expertos del Centro de Arbitraje y Mediación Minero