EDUARDO VAN DER KOOY * 

Empieza a quedar en claro, luego de la prolongada intervención pública que hizo desde el Senado, que Cristina Fernández decidió mover al plano político el juicio por la obra pública en beneficio del empresario K, Lázaro Baez. Al final de su alegato al fiscal Diego Luciani pidió para la vicepresidenta 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Cristina se ocupó, sobre todo, de tres cosas. Disciplinar detrás de su causa al peronismo. Involucrar a Juntos por el Cambio, en el ala macrista. Descalificar a los fiscales (Luciani y Sergio Mola) y a los miembros del Tribunal Oral Federal 2 (Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso) que deberán convalidar, modificar o desestimar la acusación contra Cristina de haber sido la jefa de una asociación ilícita para usufructuar fondos públicos.

La vicepresidenta logró el objetivo de sumar al peronismo al discurso acerca que se trataría sólo de una persecución política en su contra. Nada de delitos. Incluso llegó a despersonalizar (extraño en ella) la parva de cargos que formuló Luciani: “Es un juicio al peronismo”, proclamó.

Puede que hayan existido respaldos de compromiso. Todos conocen, por ejemplo, la reticencia que su figura despierta en la Confederación General del Trabajo (CGT). Existieron otros que no deberían ser subvalorados. Más de 500 intendentes de todo el país se solidarizaron con ella. Se puede discutir el volumen de esas localidades. Pero representan alrededor de un tercio del total de municipios que posee la Argentina. Son dirigentes electos, no designados por algún mandamás.

En aquella cosecha fue posible encontrar algo que se estaba esperando. Tan previsible como el apoyo de Alberto Fernández. Más trascendente, a raíz del lugar que ocupa en el nuevo sistema de poder que nació con la última crisis. Afloró el giro póstumo en la larga conversión de Sergio Massa, el nuevo ministro. Sobre quien recae la responsabilidad de evitar que la crisis económico-social estalle.

El líder del Frente Renovador supo decir en otra época que lo separaba de Cristina un océano de diferencias, entre ellas referidas a la transparencia pública. Terminó cuestionando con un tuit el alegato del fiscal por endilgarle a la vicepresidenta toda la responsabilidad política con motivo del multimillonario cohecho de la obra pública.

Antes reclamó a su flamante viceministro, Gabriel Rubinstein, un mea culpa por los reiterados tuits contra el kirchnerismo como condición para tumbar el veto de Cristina. Así lo hizo. Se visualiza en la familia renovadora un afán por congraciarse con la vice. Malena Galmarini, titular de Aysa, esposa de Massa, ilustró los subsidios tarifarios recibidos por ciudadanos de buena condición económica con la foto (sobre un total de tres) de una casa en San Isidro que supo ser de Franco Macri, el padre ya fallecido de Mauricio.

Sobre el ex presidente y su tropa, Cristina descargó buena parte de la defensa. Omitió incursionar en las acusaciones que la ligan históricamente con Báez. Eludió uno por uno los detalles aportados por el fiscal en torno a la arbitrariedad para adjudicar la obra pública. Tomó un camino sorprendente. Hizo una larga exposición sobre los mensaje que su ex secretario de Obras Públicas, José López, intercambiaba con Nicolás Caputo, empresario de la intimidad del ingeniero y ex presidente.

Se quejó porque dichos intercambios no fueron incorporados a la causa. No correspondía. Subrayó cierta familiariedad entre ambos. Hasta hizo un conteo de las comunicaciones que el hombre de los bolsos con millones tuvo entre tres años con Báez, con Caputo y con Eduardo Gutiérrez, del grupo Farallón. Con el empresario K apenas 6, con Caputo 100 y con Gutiérrez 180.

Nada fue por entretenimiento ni casualidad. La vicepresidenta terminó concluyendo que los famosos dólares que López revoleó en un convento en General Rodríguez (9 millones) correspondían a los macristas. Primicia. Llama la atención que conociendo tal información jamás haya presentado una denuncia.

Por momentos -incluso cuando recalcó acerca de una obra adjudicada a Angelo Calcaterra, primo de Macri, en lugar de Báez- Cristina dejó la impresión que antes que dedicarse a su propia defensa se esmeró durante su alegato virtual por colocar en pie de igualdad a empresarios y dirigentes macristas. Como si el núcleo medular de su argumentación hubiera sido explicar que, al final, “todos somos ladrones”.

Nadie sabe con certeza si ese plan fue diseñado en conjunto con la defensa. O si respondió únicamente a su inspiración. Desde hace tiempo en ese universo abundan las fricciones. En especial por una insistencia de Cristina: siempre divulga sus instrucciones a los abogados. Como si estos simplemente cumplieran órdenes y carecieran de iniciativa propia. Situación que provoca incomodidad en la cabeza de su equipo, el abogado Carlos Beraldi.

LA ESTRATEGIA JUDICIAL
El cuadro se reiteró cuando Cristina reclamó al TOF2 un espacio no contemplado en el desarrollo del juicio para rebatir las afirmaciones de Luciani. Su defensa sabía que sería denegado, como ocurrió. Podía hacerlo al final del ciclo, cuando le corresponda la palabra final antes de la sentencia. Puede utilizar incluso, en su condición de abogada, parte de los tres días que dispondrán sus abogados en septiembre para desbaratar los razonamientos del fiscal. Habrá que ver qué hace.

La estrategia de Cristina apunta en el plano político a declarar la nulidad del juicio que está en curso. Objetivo que no ha conseguido desde el punto de vista judicial. Al menos hasta ahora. En ese derrotero nunca dudó en apelar a cualquier recurso. Repitió, como lo viene haciendo, que la “sentencia ya está escrita”. Parafraseó al fiscal Carlos Rivolo cuando aseguró que está “ante un pelotón de fusilamiento”. El funcionario había utilizado a misma figura en 2021 con motivo de la reforma a la ley del Ministerio Público que todavía no pasó el filtro de Diputados.

También abrevó en otras fuentes al declararse espantada del Tribunal que debe juzgarla. Aludió a supuestos vínculos con la pasada dictadura. Se trata de una información que el periodista Horacio Verbitsky publicó en su web Cohete a la Luna. Héctor Giménez Uriburu, padre del magistrado, fue un marino que se retiró en 1992. En su trayectoria ocupó cargos cercanos a Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. ¿Qué tendría que ver su hijo, el juez del TOF2, con todo eso?. Portación de apellido, tal vez. Idéntica lógica que, en sentido opuesto, el kirchnerismo utiliza para premiar con cargos públicos, becas y pensiones a familiares de los desaparecidos.

Se trata de una batalla que está comenzando. Nutriente del relato kirchnerista que rastrea similitud del caso de Cristina con el de Lula da Silva, en Brasil. Condenado en su momento y luego exculpado –por fallas de procedimiento- por la propiedad de un dúplex cerca de una playa brasileña.

Diferencia sideral con las cifras que rondan el juicio por la obra pública. A decir de Luciani, cerca de U$S 1.000 millones en perjuicio del Estado con un patrimonio en hectáreas equivalente a 20 veces la dimensión de la Ciudad de Buenos Aires.

En esa pretensión por emparentar historias Cristina también alude a una supuesta proscripción. Como le ocurrió a Lula. Y abrió las puertas a Jair Bolsonaro. Fábula pura: no habrá impedimento para que la vicepresidenta sea candidata en 2023. Ella lo sabe bien. Explota ya sin disimulo en beneficio de su campaña el juicio que se avecina.

* Periodista argentino y editor del diario Clarín