DAVID TUESTA *
El sector minero en el Perú cuenta con una cartera de proyectos de inversión totalmente factible que asciende a US$ 60.000 millones. Si nuestros líderes políticos se animaran a ponerla en marcha, el salto en términos de bienestar económico y social sería exponencial.
Existe clara evidencia que, a pesar de todos los obstáculos en contra que ponen los enemigos del desarrollo, la inversión minera ya ha logrado mejorar la vida de los peruanos, pero no podemos quedarnos ahí.
La minería brinda un aporte sobre el PBI superior al 10%, pero más allá de esta contribución sectorial, su impacto multiplicador sobre la economía es encomiable. Se estima que, a la fecha, la minería ha beneficiado a cerca del 20% de la población, es decir, casi 7 millones de personas, generando más de 200 mil empleos directos, 1,5 millones de empleos indirectos, y más de 4 millones de empleos inducidos.
Las compras del sector minero representan el 4% del PBI, con una contribución de 8% a la localidad donde operan, 15% al mercado de su región y el 77% a otras regiones. Un alto nivel de capilaridad y penetración descentralizada.
Se calcula que la tasa de pobreza en el Perú sería aproximadamente de 10 puntos porcentuales (pp) adicionales si es que la inversión minera no hubiese crecido en los últimos 15 años. Ya si observamos lo sucedido en la última década a nivel regional, los efectos son realmente sorprendentes. A manera de muestra, si no hubiese crecido la inversión minera en Apurímac, Cusco, Ayacucho y Ancash, hoy estas regiones serían seriamente más pobres en 26, 19, 15 y 8 puntos porcentuales adicionales, respectivamente, midiendo sus tasas de pobreza.
Así mismo, en el Consejo Privado de Competitividad (CPC) realizamos una evaluación de impacto que concluyó que, entre 2007 y 2018, los distritos mineros redujeron pobreza en 2,3 pp a 4,9 pp adicionales en comparación a los no mineros e incrementaron su cobertura de agua (+5,5 pp) y de desagüe (+3,5 pp).
Las transferencias mineras hacia las regiones se han casi quintuplicados entre 2005 y 2021, y se estima que los ingresos fiscales mineros representarán más del 10,1% de los ingresos tributarios y el 1,5% del PBI entre el 2021 y el 2025. En promedio, en los últimos cinco años, los recursos provenientes de canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones representaron el 23% del presupuesto para inversiones.
En particular, esto es relevante para los gobiernos locales donde estos ingresos han representado el 35% de su presupuesto para proyectos en los últimos cinco años. Sin embargo, su capacidad de ejecución es de poco más del 50%, lo cual ha significado, por ejemplo, que se deje sin invertir en 1.696 km de vías asfaltadas; o en 655 centros de salud de primer nivel de atención; o en 16 hospitales. Esta falta de eficiencia de los gobiernos locales se convierte en todo un pecado mortal frente a las grandes necesidades de sus pobladores.
La política ha venido distrayéndonos peligrosamente de la senda de progreso que nos traza el sector minero. Más recientemente, se observa un discurso anti-minero preocupante desde las principales autoridades del país, donde incluso se llegó a plantear el cierre unilateral de unidades mineras. Y lejos de solucionar los problemas de conflictividad, se observa un gobierno inoperante ante ello, lo que traerá una pérdida de crecimiento económico este año de al menos 0,5 pp del PBI.
Parafraseando el título de la novela de Viktor Frankel, necesitamos que nuestro país encuentre sentido; en nuestro caso, sentido de desarrollo. Y lo anterior parte por impulsar decididamente la minería en el país.
Así, si nos animáramos a poner en marcha serias políticas de competitividad en el sector minero que muevan esos US$60 mil millones de inversión que mencionáramos, se podría duplicar su PBI per cápita en una década lo que significaría llevar la tasa de pobreza actual a niveles por debajo del 10%. No hay otro motor sectorial que tenga la capacidad de generar este salto cualitativo en tan corto tiempo. Se deben dejar fuera las visiones dogmáticas que le hacen daño al país y dinamizar esta fuente de real progreso inclusivo en el Perú.
* Ex ministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad
