Lo que actualmente ocurre con los hidrocarburos no es, ciertamente, nuevo. Las advertencias comenzaron cuando la cortoplacista “nacionalización” del expresidente Evo Morales, que en realidad es una renegociación de contratos, pero sobre todo un acto de ilusionismo colectivo, privilegió la captura de la renta de los hidrocarburos en vez de dar seguridad jurídica a las nuevas inversiones en el sector, sobre todo para el descubrimiento de nuevos campos de hidrocarburos y la reposición de reservas.

Como Casandra, la certera adivina de la mitología griega a la que nadie creía, los expertos en materia petrolera se cansaron de advertir que debido al esquema impuesto en 2006 al mercado de los hidrocarburos llegaría el día en que, a la par de la natural declinación de los yacimientos descubiertos, la falta de nuevas inversiones en exploración pondría en una situación crítica los ingresos por las exportaciones de gas. Este primer semestre, de hecho, Bolivia se ha convertido en un país importador de combustibles —antes, era exportador—, con una balanza energética deficitaria.

Gradualmente, la “nacionalización” se ha encargado de diluir —entre la verborragia chovinista del oficialismo y los fracasos del Estado en las actividades petroleras, con una empresa pública que no ha realizado hasta ahora ni un descubrimiento importante, pese a los millones de dólares gastados en exploración— el ambicioso proyecto de convertir a Bolivia en el centro distribuidor de energía de América del Sur.

En lugar de la consolidación de los actuales mercados para el gas natural y el abastecimiento a otros de la región, se tiene que la economía tiende nuevamente a girar alrededor de la exportación tradicional de minerales, a juzgar por el último reporte del Gobierno sobre las recaudaciones tributarias.

En efecto, de acuerdo con un informe del Servicio Nacional de Impuestos hasta junio de este año, la recaudación tributaria en el mercado interno del sector de minerales metálicos y no metálicos se incrementó en 1.277 por ciento en comparación al mismo periodo de 2021. Este monto supera, de acuerdo con las cifras presentadas, a las recaudaciones tributarias del sector de petróleo crudo y gas natural, aunque sin considerar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en 173 por ciento.

Este repunte confirma la estrecha relación del sector tradicional de la minería con los mercados internacionales, que absorben toda su producción; además, debido a factores sobrevinientes como la invasión de Rusia a Ucrania, los precios de los minerales han experimentado un fuerte incremento, al igual que los volúmenes exportables.

Los minerales, como en 2021, tienden a ocupar el primer lugar en las exportaciones, cuando la principal fuente de ingresos para el Estado era la venta de gas natural a mercados externos; hasta las exportaciones no tradicionales, como las de la soya y sus derivados, entre otros, captan hoy por hoy más ingresos por exportaciones que el gas natural y, en consecuencia, generan una mayor recaudación tributaria para el Estado.

Es hora de una profunda reforma del sector hidrocarburífero, que elimine la camisa de fuerza de la “nacionalización”. No hacerlo equivale a no actuar con responsabilidad con el país.