FLAVIO FAMA *

La semana pasada, Oscar Parrilli, senador por la provincia de Río Negro, presento en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles su proyecto de modificación de IEASA (Integración Energética Argentina SA), transformándola en una suerte de mega empresa estatal dedicada a la exploración, explotación, gestión y comercialización de Hidrocarburos, Electricidad, Minerales, Litio, Hidrogeno y energías renovables; a la que vuelve a denominar ENARSA (Energía Argentina SA).

ENARSA fue creada en el año 2004 por Néstor Kirchner con el objetivo de unificar bajo una sola empresa las iniciativas y controles del Estado sobre la exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, y la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica. Además, se le otorgaron la titularidad de las concesiones para la explotación de todas las áreas offshore. Posteriormente, en el año 2017, se la cambia de nombre y la unifica a EBISA (Emprendimientos Energéticos Binacionales SA), la empresa binacional de energía.

Esta nueva modificación que está tratando el Senado, expande el objeto actual de IEASA, dándole facultades para la explotación de casi todos los recursos naturales no renovables y las energías limpias.

Cuando analizamos los resultados de la empresa creada en 2004, vemos que no solo estamos lejos aún del autoabastecimiento energético, sino que no fue capaz de terminar el Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA), que lleva 15 años. Tampoco la construcción de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, ni siquiera comenzar con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que va a transportar el gas de Vaca Muerta (y nos permitiría un ahorro superior a los USD 1.000 millones al año), muchos menos terminar con la compra de los barcos de gas natural licuado que se necesitan para este invierno. Otro temita no menor, es que, al menos hasta la redacción de esta nota, no se conocen si están cerradas las adendas del contrato de compra de gas a Bolivia en el que se detalla el volumen y el precio negociado.

Como todo proyecto pergeñado por su jefa política, no podía faltar la frutilla del postre. En su Artículo 4 establece: “ENARSA tendrá prioridad para la adquisición de concesiones para el aprovechamiento de centrales térmicas e hidroeléctricas, operación y comercialización de la energía eléctrica producida por estas”. Sin margen a ingenuidades, quieren la ley que los lleve derecho a adjudicarse el manejo de la caja que supone este negocio, ya que estas concesiones se renuevan el año próximo.

Al que no le perdonan una es al Senador Parrilli (sobre todo después del tratamiento del proyecto del blanqueo para pagar al FMI, donde le recordaron su rol de miembro informante en la privatización de YPF). Se le preguntó qué opinaban los gobernadores, ya que el Art. 124 de la CN establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias. La respuesta ya la sabíamos: no fueron consultados los gobernadores, ni los organismos del Estado, ni los especialistas. La novedad es un Senador defendiendo el vaciamiento del federalismo de concertación. Es más, fue más lejos y confirmó que es de particular interés participar del negocio administrando las centrales hidroeléctricas. Como en el dicho: somos ñatos, pero queremos oler.

Como buen defensor del kirchnerismo duro, el Senador es incansable en su objetivo de presentar propuestas que le minen el campo al presidente Alberto Fernández, pero por sobre todas las cosas que intenten recuperar el protagonismo de su jefa política clavando el cuchillo en los temas más sensibles: justicia y economía. Ya no sorprende su inagotable capacidad de ir por los temas más jugosos en una suerte de deja vu de los 70′, echando mano a cuanta cosa financie la caja política o preserve la impunidad. Y si es en manos de De Vido y La Cámpora, mucho mejor.

¿Si no cuál es la razón de crear una nueva empresa estatal con atribuciones idénticas a la YPF ahora del Estado? ¿O será que el senador desea traer a colación su pasado a contramano de la malograda soberanía hidrocarburífera? Si ya existen empresas estatales provinciales dedicadas a esto, ¿para qué insistir con este tipo de iniciativas que no traen seguridad jurídica necesaria para las inversiones mineras e hidrocarburíferas? ¿O alguien piensa que la Argentina está en condiciones de hacer las inversiones varios cientos de veces millonarias en dólares con recuperos a largo plazo, en un escenario de pobreza extrema, inflación desbocada y un gobierno debilitado por propios?

La soberanía energética nacional no se va a restablecer con el cambio de nombre o por darle un objeto que nunca va a cumplir. Debemos elaborar un Plan Energético Nacional que fije prioridades de la gestión energética y el rol que deben cumplir las empresas publicas para asegurar el abastecimiento del país al mínimo costo posible. ¡Así no!

* Senador Nacional UCR - Catamarca