LUIS LARRAÍN *

La comisión de medio ambiente y sistema económico de la Convención Constitucional propone eliminar el sistema de concesiones mineras, responsable de la mayor parte de la producción de cobre en Chile. La minería da cuenta de un 12% del PIB y es la actividad económica más importante en tres regiones del norte.

Chile es el mayor productor de cobre del mundo, con cerca de 5,7 millones de toneladas anuales, seguido de Perú. Cuatro de las cinco carreras universitarias que pagan mayores sueldos en Chile tienen su campo laboral en el sector minero y la región de Antofagasta tiene uno de los más altos salarios promedio.

Pero como la Convención no sigue el sabio consejo de no arreglar algo que funciona, pretende que la producción sea mayormente estatal y que los privados puedan operar como minoritarios, a través de permisos administrativos que entregue el Estado en vez de concesiones. La diferencia es que no habría derechos sobre esos permisos, que serían revocables. ¿Quién invertiría cientos de millones de dólares para desarrollar una faena minera basada en un permiso administrativo? ¿Se imaginan el nivel de corrupción que se crearía en el sector?

Estas propuestas no han sido aprobadas por el pleno y esperamos que ello no ocurra en los próximos días, pues sería un verdadero récord Guinness de destrucción de valor en una industria, que aseguraría a Chile un triste lugar en la historia universal de la infamia económica. Pero hay otras amenazas: el royalty minero que se discute en el Congreso y en la Convención, y las dificultades para aprobar grandes proyectos que están poniendo las autoridades del gobierno de Gabriel Boric.

En relación a lo primero, hay mociones que pretenden cobrar un royalty de 20% a la minería y aplicarlo a las ventas, en lugar de hacerlo a las utilidades, lo que nos dejaría con el royalty más alto del mundo haciendo a nuestra minería anticompetitiva.

Respecto a lo segundo, el SEA acaba de rechazar el Estudio de Impacto Ambiental de Los Bronces Integrado de la minera Anglo American. Ubicado en uno de los principales distritos mineros del mundo (reservas calculadas del 30% de Chile y 10% mundial), proyectaba expandir la producción anual desde 325.000 toneladas a 400.000, con una inversión de más de 3.000 millones de dólares, generando entre 3.000 y 4.000 empleos, más un pago estimado de impuestos cercano a 150 millones de dólares anuales.

Los Bronces Integrado fue concebido como nuevo paradigma de producción minera, con faenas subterráneas y los más altos estándares ambientales.

De hecho, se contemplaban medidas que compensaban un 120% de las emisiones, no sólo del nuevo proyecto, sino también de la operación actual de Los Bronces. Los esfuerzos por mejorar estándares ambientales no tienen acogida en autoridades predispuestas a rechazar a como dé lugar los proyectos mineros, anulando así una de las mayores ventajas competitivas de Chile.

Lo más grave es que el pipeline de proyectos de Anglo American en ese distrito tiene más de 6.000 millones de dólares. Si se persiste en el rechazo de Los Bronces Integrado, no veremos ni uno de esos dólares. La compañía persistirá en su afán, apelando al comité de ministros y recurriendo a los tribunales si fuera del caso.

Otra inversión, la mina Dominga, ubicada en la cuarta región y con inversiones de más de 2.500 millones de dólares en minería de hierro principalmente, espera también autorizaciones ambientales y un eventual inversionista chino. Decisiones que se tomarán en los próximos meses definirán el futuro de la minería chilena.

* Ingeniero comercial, ex director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo entre 2010 y 2020, columnista del diario La Tercera, Diario Financiero y El Libero