CÉSAR LIVTIN
El Gobierno busca “garantizar” que el shock exógenos producto de la guerra entre Rusia y Ucrania no tenga un impacto “desigualador y regresivo” (textual) en nuestra sociedad, para lo cual intentará capturar parte de la renta inesperada para aquellas empresas cuyas ganancias netas imponibles superen $ 1.000 millones en el año y además el resultado debe haber aumentado en forma significativa en 2022 respecto del período 2021.
Cabe recordar que el 2021, año base para el cálculo del incremento, es una barrera fácil de superar dado que estuvo incidido por una baja actividad económica producto de la pandemia del coronavirus y las conocidas restricciones de actividades.
En una coyuntura de falta de crecimiento, escases de empleo y aumento de la pobreza, proyectar un nuevo impuesto, además de los 164 ya vigentes, parece un verdadero disparate que atenta con la seguridad jurídica. Hay que resaltar que las empresas que el impuesto intenta captar ya pagan el impuesto a las Ganancias a la tasa efectiva del 39,55% (35% la empresa y 7% sobre los dividendos el accionista). Superar ese alto porcentaje de imposición puede resultar excesivo, por lo tanto confiscatorio y vulnerar el Derecho de Propiedad Privada garantizado por la Constitución Nacional.
Está científicamente comprobado que cuando la carga fiscal se torna exorbitante, la pérdida de recaudación por desaliento a la inversión, huida de capitales y emprendedores que buscan países con impuesto razonables producen un daño irreparable en la economía. Para dar un ejemplo contundente, en Francia, cuando se creó un Impuesto a las Grandes Fortunas sólo se recaudaron 2.600 millones de Euros, pero en cambio le ha costado 125.000 millones de Euros por la fuga de residentes. Sin ir más lejos, en nuestro país, el exponencial aumento del Impuesto sobre los Bienes Personales a partir del año 2019 más el ASE (Aporte Solidario Extraordinario) denominado Impuesto a la Riqueza, Extraordinario y por Única Vez???, provocó una cantidad significativa de cambios de residencia fiscal a Uruguay que los recibe con los brazos abiertos y baja tributación.
Falta definir algunos aspectos esenciales básicos de la idea -no podemos aún llamarlo proyecto- como ser: sujetos, alícuotas, base imponible, período de tiempo, computo de quebrantos acumulados, etc, que habrían de ser considerados con mayor precisión.
No obstante debe tenerse presente el ranking elaborado por el Banco Mundial que mide el porcentaje que se apropia el Estado de las utilidades empresarias y ubica a la Argentina en un pésimo lugar, penúltimo, sólo superado por un lejano lugar de África, la Isla de Comoras. El promedio de América Latina y Caribe es de 46,78%, América del Norte 30,55% y los países OCDE el 41,63%, la Argentina es el 106,3%. Significa que una empresa para ganar $ 100, el socio privilegiado “el Estado” previamente se llevó a las arcar publicas $ 106,30.
Están alineados los planetas para una tormenta perfecta: innumerables restricciones y regulaciones, inflación incontenible, escasez de insumos básicos y aparece ahora un nuevo impuesto. De aprobarse por parte del Poder Legislativo (tengo mis serias dudas), tendrá efectos negativos sobre el crecimiento económico, la inversión y el empleo.