FERNANDO MEITER *

Como si fuese un mero trámite administrativo, en donde las partes involucradas, reguladores y concesionarios (Edenor y Edesur) se sentaron frente a una mesa y cada uno a su turno recitó sus penas, problemas y propuestas de solución al frágil sistema de distribución eléctrico correspondiente a la zona del AMBA.

Más allá de los argumentos más que sólidos por parte de los representantes de las compañías, en donde se desprende que el sistema se encuentra a un límite muy difícil de sostener en las actuales condiciones tarifarias, y los argumentos del Gobierno nacional, representados por las autoridades del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), que solamente dictaminó que los incrementos tarifarios no superarán el 20% con respecto a los valores actuales, se esconde una lucha entre las distintas facciones que componen la estructura ejecutiva del gobierno nacional por un lado, y las distintas realidades de las distribuidoras que responden a dos modelos totalmente distintos de negocio; y por sobre todo de calidad de accionistas.

Se esconde una lucha entre las distintas facciones que componen la estructura ejecutiva del gobierno nacional por un lado, y las distintas realidades de las distribuidoras.

Desde el gobierno nacional, mientras que en Economía entienden y sostienen (y así lo hacen saber a los medios) que la estructura de subsidios a la energía eléctrica es inviable frente a las necesidades de dólares que tendrá el Argentina en 2022, sumado a la urgencia de cerrar un acuerdo con el FMI cuyo condicionamiento principal, es precisamente la quita de subsidios a los servicios públicos. Desde el ala kirchnerista sostienen que la energía es un derecho de todos los argentinos y que no están dispuestos a sacrificar votos y popularidad frente a un incremento tarifario; mientras que desde el ala albertista, entienden que es imposible sostener una estructura eléctrica medianamente funcionando con los costos actuales, y que, de alguna manera, de no corregirse esta situación, llevaría al país a tener serios problemas de caja para el año en curso.

La diferencia entre las dos distribuidoras de energía eléctrica involucradas no es menor:

+ Edenor es propiedad de accionistas argentinos, que ante un incumplimiento de las regulaciones tarifarias, están en condiciones de negociar, inclusive de acceder a ser expropiados, idea que fue propuesta por algunos funcionarios durante las últimas semanas:

+ Edesur, tiene como propietarios a uno de los grupos más importantes vinculados con la energía del mundo, el Grupo ENEL, empresa estatal de origen italiano, que por exigencia de sus accionistas deben arbitrar todos los medios necesarios para que los contratos firmados sean cumplidos, caso contrario, deben accionar judicialmente por un lado, y ante la posibilidad de una expropiación se estaría entrando en un conflicto directo con el gobierno italiano, de la misma manera, por tratarse de una empresa internacional que está presente en todo el mundo, por sus estatutos, no puede vender su capital accionario a cualquier persona física o jurídica que no pueda justificar de manera fehaciente el origen de sus fondos, y su idoneidad para poder manejar el negocio, tema que no es menor.

OTRAS DIFERENCIAS
Otro problema que surgió en la semana que se estaba discutiendo este tema, fue la diferencia de precios de los servicios públicos, especialmente energía eléctrica y transporte entre el ámbito del AMBA y el resto del interior del país.

Subsidios, prebendas, favores políticos y una visible discrecionalidad en la asignación de fondos dependiendo del color político de la Provincia o localidad de la que se esté hablando hacen evidente una falta de criterio lógico en donde la política, claramente, está por encima de la voluntad de tener un sistema eléctrico robusto a lo largo y ancho del país.

Mientras tanto, el Estado Nacional, sigue girando millones de pesos en partidas especiales a Cammesa para poder cubrir la diferencia entre el costo de la energía generada y lo que se abona por parte de las distribuidoras, si es que lo pagan.

La política, claramente, está por encima de la voluntad de tener un sistema eléctrico robusto a lo largo y ancho del país

Con un incremento del 20% de las tarifas a los usuarios residenciales del AMBA no se soluciona absolutamente nada, las condiciones del servicio eléctrico frente a un stress de las líneas seguramente colapsara como hace 15 días, el Gobierno deberá seguir girando partidas especiales para poder financiar el sistema, sumado a que por diversas situaciones internacionales, los costos del gas natural y del petróleo están muy por encima de lo presupuestado en 2021, situación que amerita tomar medidas urgentes, que aunque sean antipáticas para los usuarios, evitarán males mayores en el futuro.

* Especialista en Oil Gas and Utilities, director de TNS Latam y Socio Director de Gas Energy LA