FLORENCIA DONOVAN * 

La decisión de Máximo Kirchner de diferenciarse abiertamente del acuerdo que el ministro Martín Guzmán está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no sólo provocó un tembladeral dentro del Frente de Todos, sino que terminó por confundir a un gabinete que gestiona cada vez más en modo anárquico. En la diaria, los ministros y secretarios funcionan como células, que, por momentos, se repelen. Y que ahora, ante la falta de lineamientos claros, se sobregiran para capturar la atención de algún padrino autorizado.

Así, buena parte de las medidas que se someten a debate de la opinión pública –como en estas horas, la creación de una empresa de alimentos estatal– surgen de casualidad de usinas independientes, que hasta se sorprenden cuando ven que sus propuestas parecen avanzar.

La decisión de crear una empresa nacional que pueda adelantar la compra de alimentos frescos como el tomate, la cebolla o la papa –algunos de los que más ponderan en el rubro “estacionales” del índice de inflación del Indec, y que más subieron en enero– empezó a ser deslizada hace semanas por el secretario de Comercio, Roberto Feletti.

El funcionario incluso le encargó al Mercado Central que le elabore un esquema que contemple un eventual financiamiento estatal. Pero la respuesta sorprendió por su costo, por lo que ya en las últimas horas internamente se había dejado de hablar de una iniciativa de alcance nacional para plantear un emprendimiento exclusivamente metropolitano. “¿A nivel nacional no pueden desarrollar quintas?”, justificaba un colaborador que sigue de cerca los números. No es novedad que los votos, al final del día, se concentran de a millones en el perímetro de la General Paz.

La idea de una empresa estatal de alimentos no tiene un único promotor. Crítico del plan Precios Cuidados que sostiene Feletti –lo consideró puro “chamuyo”–, el Director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, confirmó que también trabaja en una suerte de YPF que pueda recuperar “la potestad de la planificación” de los alimentos. Se entiende que un representante de los movimientos sociales, como lo es Klejzer -de la UTEP-, busque nuevas vías de financiamiento para las bases, en este caso, fomentando que el Estado financie directamente a cooperativas productoras. No tanto por la amenaza del ministro del área, Juan Zabaleta, de que “no va a haber más planes sociales”, sino porque está claro que si bien hay cada vez más gente que cobra una asistencia del Estado, esa asistencia representa cada vez menos en términos reales. Sin ir más lejos, los 200 pesos/dólares que en 1995 recibía quien participaba del “Programa Trabajar” durante el gobierno de Carlos Menem equivalen hoy, si se actualizan por la inflación de EE.UU., a unos US$348 que, cotizados al dólar libre, representan unos $ 74.820. En contraste, quienes participan hoy del Potenciar Trabajo cobran $ 16.500. Las marchas y cortes en la 9 de Julio parecen devaluados cuando se ve la brecha.

El ministro Guzmán se muestra, sin embargo, entusiasmado ante la posibilidad de que un acuerdo con el FMI finalmente traiga algo de estabilidad de corto plazo a una economía ya agotada de andar a los saltos. Así se lo hizo saber a los banqueros que en las últimas horas pasaron por su oficina. Un entusiasmo que comparte con los albertistas del gabinete: “Alberto tiene que entender que no es cuestión de que la economía crezca el 10%, sino de que pueda sostener un crecimiento de 3% varios años”, dice un hombre de confianza del Presidente, de los que baten la idea de una posible reelección de Fernández.

Pero todavía nadie en el gobierno tiene la certeza de cómo será la votación en el Congreso del acuerdo con el FMI. Para Guzmán, igual, difícilmente los problemas terminen ahí. El talón de Aquiles del acuerdo pasa en gran medida por las tarifas. Conseguir eliminar los subsidios en el nivel que exige el FMI podría ser hasta más difícil que sortear la barrera del Congreso. La segmentación barrial de tarifas de electricidad que trascendió en los medios, que contempla la eliminación de subsidios para unos 500.000 usuarios del área metropolitana, no es precisamente una propuesta de Guzmán. Una vez más, el resultado de un gabinete que funciona por células, entre las cuales no hay casi comunicación ni coincidencias.

UN DESFILE POR COMERCIO
El estilo de gestión de un gabinete compartimentado entre las distintas fuerzas del Frente de Todos –más distanciadas que nunca– explica también por qué el equipo económico (si es que podemos decir que hay uno) sigue intentando enfrentar la aguda crisis con dosis espasmódicas de aspirinas. Para Feletti, uno de los grandes desafíos de las próximas semanas pasa por lograr levantar los cupos que les imponen a los supermercados las empresas que participan en el programa de Más Precios Cuidados. Si bien el nivel de abastecimiento del plan es relativamente bueno, no termina por satisfacer la creciente demanda de los super. (Economía Tomo I: si las empresas no pueden ajustar precio, lo hacen por cantidad.) Ya en los últimos días pasaron por la oficina de Feletti representantes de Arcor, Coca-Cola, además del titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja.

También el Secretario de Comercio aspira avanzar con el fideicomiso del trigo y el maíz para subsidiar el precio de la harina, y convocar a una nueva mesa de la leche. Según un relevamiento de precios que realiza Comercio, en función de los datos que recibe del Sistema Electrónico de Precios Argentinos (SEPA), en lo que va de febrero la inflación de la canasta que se mide en supermercados se habría desacelerado levemente con respecto a enero, con un aumento en las dos primeras semanas del mes del 1,8% versus 2,7% del mismo periodo del mes anterior. La canasta del SEPA deja de lado los alimentos frescos, los principales díscolos del IPC de enero. ¿Podrá una empresa testigo del Estado controlar un sector de altísima informalidad? Ya Feletti se encontró con que subsidiar a los panaderos de forma directa vía el fideicomiso del trigo y del maíz se hacía imposible por el mismo motivo. La economía informal de la Argentina es de amplio espectro. No alcanza con una aspirina.

Tampoco parecen suficientes los esfuerzos del ministro Matías Kulfas por reactivar la actividad minera. Si bien el ministro está convencido de la importancia del negocio en la generación de divisas e insiste ante sus interlocutores que tiene previsto este año dar la batalla para no quedar atrapado en el reclamo de los ambientalistas –”como sucedió con las pasteras”–, la realidad es que es poco lo que puede hacer. Hay, estiman en la industria, inversiones por unos US$10.000 millones a la espera de que se flexibilice el cepo, entre otras cuestiones.

Alfredo Vitaller, gerente general de Josemaría, la empresa del Grupo Lundin, a cargo del proyecto de cobre más grande de San Juan, reconoció en una entrevista esta semana al Diario de Cuyo que la inversión de US$4100 millones está condicionada a la que la Nación deje por escrito que se le van a respetar en el largo plazo las condiciones cambiarias e impositivas prometidas. Tanto la Cámara minera como el gobierno provincial salieron luego a despegarse de los pedidos de Josermaría. Pero, en privado, no hay empresario minero que no las comparta. El pedido, de hecho, no fue muy distinto al que le hicieron a Kulfas en diciembre pasado los banqueros rusos que visitaron el país con la intención de financiar proyectos mineros: “¿Podremos sacar los dólares?”, preguntaron, una y otra vez.

El gobierno de Mendoza acaba de contratar al banco UBS para volver a licitar el yacimiento de Potasio Río Colorado, que supo estar en manos de la brasileña Vale. En estas condiciones, no parece una tarea fácil. Muy menores son, en términos relativos al de Josemaría en San Juan o Taca Taca en Salta, los proyectos de litio que toma como el Gobierno bandera. Por otro lado, nadie en la industria toma demasiado en serio los anuncios de YPF de querer incursionar con su propia YPF litio. No sólo porque el desarrollo de baterías requiere mucho más que litio –como niquel y cobalto, que no se consiguen en la Argentina–, sino porque además es una iniciativa en la cual en países como Japón o China llevan años trabajando y miles de millones de dólares invertidos. YPF no tiene los años ni los dólares.

La escasez de divisas en la Argentina es tal que hasta las grandes empresas de insumos agrícolas como ACA o Bunge, que tienen balanzas comerciales superavitarias de miles de millones de dólares, se sorprendieron en las últimas semanas con que, según la AFIP, su Capacidad Económica Financiera (CEF) era ínfima para poder importar. Singularidades de una economía que se enfrasca en pequeñas discusiones y no logra atacar los grandes temas.

* Periodista