LUIS MIGUEL CASTILLA *

El conflicto del Corredor Minero del Sur ha significado el ilegal bloqueo de esa vía por más de 300 días durante los últimos seis años. Una nueva paralización del proyecto minero Las Bambas tendría graves implicancias no solo en las áreas de influencia sino para todo el país por su dimensión (impacto en el PBI regional, recaudación tributaria, generación de divisas) y el precedente que representaría para otros proyectos con potencial conflictividad social.

El levantamiento del bloqueo y la tregua de 45 días alcanzada no solucionan los problemas de fondo. La reciente acta suscrita por el premier Torres y las comunidades adolece de una serie de problemas. El pedido de derogatoria de la resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que declara camino nacional al Corredor Minero se encuentra judicializada y el Gobierno no puede interferir con las decisiones del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, al ser entidades autónomas.

A su vez, la modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) solicitada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental de la OEFA está en manos de Senace, entidad que ya se pronunció en contra de considerar a un camino nacional como área de influencia directa de un proyecto minero.

Por último, se plantea una nueva figura denominada “área de interés social y ambiental”, por lo que la empresa se compromete a implementar proyectos de desarrollo sostenible ampliando la cobertura a nuevas jurisdicciones. Esto podría conducir a nuevos pedidos sobre la empresa que serían difíciles de honrar. En resumen, la suscripción de actas ha tendido a “patear el problema” y no plantea soluciones definitivas que sean viables.

En general, los problemas persisten y muestran con claridad la necesidad de fortalecer la planificación de las intervenciones territoriales de un proyecto que desde su origen no previó las afectaciones ambientales sobre 36 distritos en 3 regiones que tendría a lo largo un corredor de 489 km con la circulación de 350 camiones (encapsulados) por dos horas al día.

Si bien el planteamiento inicial (antes que entrara la empresa china MMG Las Bambas) era la construcción de un mineroducto, se optó por cambiar el transporte del mineral al transporte por carretera sin anticipar las consecuencias que esto traería.

Esta “solución” ha exacerbado la afectación ambiental por la falta de asfalto en 66% de la vía. La OEFA ha determinado que la empresa ha incumplido los límites máximos permisibles respecto a la contaminación ambiental, situación que la empresa deberá evidentemente remediar y cumplir con lo solicitado por el Tribunal respecto a la cuarta modificación del EIA.

Sin perjuicio de lo anterior, este caso ilustra un nivel de responsabilidad que recae principalmente en las autoridades, especialmente del Gobierno nacional que no han sabido gestionar de manera adecuada un proyecto de estas complejidades. En una primera instancia es fundamental que el Gobierno impida los ilegales bloqueos sobre la vía. Aun cuando existan reclamos legítimos por parte de las comunidades, el restablecimiento del orden y el libre tránsito debe ser una condición inicial no negociable.

Además, la definición de los beneficiarios y su adecuada compensación es clave, aunque la judicialización de la resolución del MTC es un escollo que tomará tiempo sortear. En el ínterin, se torna fundamental terminar el asfaltado pendiente, labor que recae en el MTC, que deberá contar con las asignaciones presupuestales correspondientes.

De otro lado, la resolución de los conflictos sociales liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene que modificarse radicalmente para que actúe proactivamente y con proporcionalidad. Lamentablemente la excesiva rotación de autoridades y la agenda antiminera han ido en contra de soluciones ponderadas.

Incluso, el hecho de separar las pretensiones de representantes de algunos sectores de la población, de un lado, del rol que deben de jugar los gobiernos distritales, provinciales y regionales, por el otro, tiende a debilitar la institucionalidad existente y termina habiendo una actitud extorsiva frente a la empresa.

Es fundamental despolitizar la gestión de conflictos en la PCM y la programación presupuestal que se hace anualmente debe considerar las partidas para obras públicas que se tornan indispensables por la incidencia nacional que este tipo de proyectos tienen.

Aun resolviéndose la asignación de recursos, el problema que permanecerá en el corto plazo es la incapacidad de traducir esa enorme renta minera en el cierre de brechas en las zonas de influencia. Además, la calidad del gasto es deficiente, pues estos recursos no han sido destinados a obras relevantes de infraestructura.

Esto se suma a que los distritos de las zonas de influencia tienen importantes brechas sociales. De acuerdo con las cifras del último censo, el acceso a servicios básicos (agua, desagüe, electrificación y telefonía) en el Corredor Minero es bajo. Solo el 29% de las viviendas de los 36 distritos del Corredor Minero tienen acceso a los servicios mencionados, significativamente menor los valores registrados en Cusco (66%) y Apurímac (72%).

La provincia de Cotabambas cuenta con un Plan de Desarrollo Integral por un monto de S/ 3 mil millones, sin embargo, su ejecución es muy lenta. Mejorar los medios de vida de las comunidades en las zonas de influencia minera es crucial para garantizar la sostenibilidad de los proyectos mineros.

Los procesos de negociación entre el Estado, la empresa y las comunidades deberían decantar en acuerdos claros de larga duración. Por el contrario, lo que se ha optado es por acordar treguas de corta duración, dilatando el proceso de negociación y generando malestar y expectativas desproporcionadas en la población. Del manejo adecuado de estos conflictos depende la materialización de una expansión de la minería y de su aprovechamiento sostenible en beneficio del país.

* Director Videnza Consultores, ex ministro de Economía y Finanzas de Perú