JOSÉ NATANSON *

Con un origen lejano que se remonta a las polis de la Grecia antigua y la República Romana (el doctor Grondona diría: plebiscito viene de plebis citum, llamar a la plebe), el plebiscito o referéndum comenzó a definirse, en su versión actual, durante los años posteriores a la Revolución Francesa, convocado por primera vez para validar la Constitución del Año III y luego para refrendar el ascenso de Napoleón Bonaparte, que utilizó este mecanismo para ratificar la Constitución pos golpe del 18 Brumario, más tarde para hacerse nombrar cónsul vitalicio y finalmente emperador.

Desde su nacimiento hace 25 siglos hasta hoy, el país que mejor ha logrado incorporar la democracia directa a su dinámica política habitual es Suiza. Por la cultura cívica de su sociedad, por la singularidad de su organización cantonal o por la temprana influencia revolucionaria (el primer referéndum federal suizo tuvo lugar en 1802 para aprobar la Constitución Helvética), Suiza es el gran ejemplo de la aplicación de plebiscitos en el mundo, a punto tal que un tercio de todos los que se realizaron en la historia se concretaron allí (el último, hace tres semanas, para aprobar el pasaporte Covid)

En América Latina, el país que más referéndums ha celebrado es Uruguay, otro Estado pequeño y de fuerte cultura cívica, a partir del impulso inicial de José Batlle y Ordóñez, que conoció de primera mano la experiencia suiza en dos célebres viajes y buscó trasladarla a su país: desde el primer plebiscito constitucional en 1917, Uruguay ha celebrado 30 consultas nacionales sobre temas tan diversos como las privatizaciones y la edad de imputabilidad de los menores, y de hecho en estos días discute la “Ley de urgente consideración” impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que contempla la ampliación de los márgenes de actuación policial y el aumento de las penas para delitos de narcotráfico, y que se someterá al voto popular el próximo 27 de marzo.

Chubut no es Suiza –ni, para el caso, Uruguay– y, ciertamente, Mariano Arcioni no es Napoleón, pero el anuncio de la convocatoria a un plebiscito para que los chubutenses decidan si aceptan la minería en dos departamentos ubicados en la meseta central de la provincia puede ser una vía para desatar un nudo que ya lleva 18 años, cuando una consulta popular en Esquel frenó el proyecto de instalar una mina de oro cerca de la localidad. 

Quince días atrás, la Legislatura había aprobado la “Ley de zonificación”, que estableció en qué partes del territorio queda habilitada la explotación minera. La discusión estaba pendiente desde el 2003, cuando, en la estela de la movilización anti-minería de Esquel, se sancionó una ley que prohibió la minería a cielo abierto en toda la provincia, pero también ordenó que, en un plazo de 120 días, se analizara cuáles áreas quedarían exceptuadas. Dieciocho años después, la Legislatura se puso al día y tras un fuerte debate decidió habilitar la minería en Gastre y Telsen, 2 de los 16 departamentos en los que está dividida la provincia, además de establecer una serie de controles ambientales y sociales estrictos y ratificar la prohibición al uso de soluciones cianuradas contemplada en la norma del 2003.

La votación generó una intensa movilización popular en las principales ciudades de Chubut (no en la meseta), que llegaron a la quema de edificios públicos y fueron respondidas con una feroz represión policial. Pocos días después, Arcioni retrocedió: impulsó la derogación de la ley y anunció el plebiscito.

A diferencia de la cordillera, donde prospera el turismo de alta gama, y la costa, donde se asientan las explotaciones hidrocarburíferas, el turismo de ballenas y la pesca, la meseta central chubutense constituye una enorme extensión geográfica escasamente poblada y desprovista de recursos naturales, actividades productivas o cualquier herramienta para empujar el desarrollo, apenas algo de ganadería ovina y cría de guanacos. El Proyecto Navidad, de la Pan American Silver, prevé una inversión de 1.200 millones de dólares a lo largo de 18 años y la creación de unos 2.800 empleos (800 directos). Pero la discusión es política. Con apenas 6.000 habitantes, la meseta carece de influencia en el poder provincial; no tiene, por ejemplo, un representante en la Legislatura. Sin embargo, sus habitantes se han manifestado en varias ocasiones a favor de la habilitación de la minería, tal como explica la dirigente del PJ local Marina Barrera, que viene realizando grandes esfuerzos por hacer escuchar la voz de los pobladores de la meseta, y como ratifica el hecho de que los intendentes de Gastre y Telsen también pidieran la aprobación del proyecto.

El plebiscito, decíamos, puede ser una herramienta para destrabar este conflicto, pero también genera dudas. En primer lugar, la jurisdicción. En una primera mirada, parece razonable que, como propuso Arcioni, sean todos los chubutenses quienes definan. Desde la reforma constitucional del 94, los dueños de los recursos naturales asentados en sus territorios son los Estados provinciales, y las eventuales rentas o regalías percibidas por su explotación se derivan al fisco de la provincia. Más allá del aspecto legal, hay también buenas razones políticas: en Chubut se desarrollan otras actividades económicas con un potencial de daño ambiental equivalente al de la minería, notoriamente la explotación petrolera en el Golfo de San Jorge, que también contribuye a las finanzas provinciales. Parece entonces lógico que un habitante de Comodoro Rivadavia, que “paga el precio” del daño ambiental en su ciudad –y aporta regalías al erario provincial– decida sobre lo que ocurre en otras zonas de su provincia.

Sin embargo, el antecedente inmediato, recordado por las organizaciones ambientalistas como una gesta popular, se resolvió de otra forma. En 2003, cuando se discutió la instalación de una mina de oro en Esquel, la consulta popular convocada por iniciativa de los vecinos incluyó solo a los habitantes de la ciudad, unas 11.000 personas. ¿Deberían votar ahora solo los ciudadanos de Gastre y Telsen? La debilidad política de la meseta es tal que la alternativa ni siquiera fue considerada: no fue contemplada por Arcioni ni, mucho menos, por las organizaciones anti-mineras de las ciudades, ubicadas a 200 y hasta 300 kilómetros de donde se situaría el Proyecto Navidad.

Pero hay más: muchas de estas organizaciones se manifestaron incluso en contra del plebiscito provincial. Cristina Agüero, licenciada en Ciencias Ambientales e integrante de la organización “No a la mina”, rechazó la iniciativa con el argumento de que el tema ya se había plebiscitado… en Esquel. Pablo Lada, miembro de las Asambleas Ciudadanas de Chubut, calificó al plebiscito como “la tomada de pelo más grande que haya escuchado en mi vida”, en tanto la corriente ecofeminista Marabunta afirmó: “No al plebiscito ilegítimo”.

La diputada Myriam Bregman también se opuso a consultar a los chubutenses: “el plebiscito lo hizo la calle”, señaló. El influencer ambientalista Inti Bonomo se expresó en la misma línea: “ya hubo un plebiscito y el 83% dijo que no”. El abogado Enrique Viale prefiere solo los plebiscitos en los que gana su posición: luego de elogiar la consulta popular de Esquel, explicó que “nosotros creemos que los derechos ambientales no se plebiscitan”. Por último, en una muestra de su disposición a aceptar los debates democráticos, la franquicia argentina de Greenpeace afirmó: “No necesitamos un plebiscito para una ley nefasta y perjudicial”.

ESPEJO ENVENENADO

Los plebiscitos están lejos de ser una solución mágica. Al constituir en esencia un juego de suma cero, en el que todo lo que gana un bando lo pierde el otro, no permiten negociar concesiones cruzadas o explorar soluciones intermedias, como sucede con la construcción de acuerdos parlamentarios, más lentos pero más seguros, ni permiten contemplar los intereses de las minorías. La democracia es el reino de los sub-óptimos y los referéndums son exactamente lo contrario: un juego en el que el ganador se lleva todo. Pero además la experiencia demuestra que, en contextos crispados, pequeños grupos hiperactivos son capaces de ejercer una influencia, breve pero determinante, sobre las grandes mayorías, que luego de votar ya no pueden arrepentirse. Como en el Brexit, muchas veces se vota pensando en una cosa (la inmigración) cuando en realidad la que se define es otra (la permanencia en la Unión Europea).

Sin embargo, el plebiscito también tiene sus ventajas. Si alude a un tema de interés real y no es un simple mecanismo de validación de las elites, suele abrir un amplio debate público, obliga a los grupos enfrentados a un esfuerzo de pedagogía y activa la participación de la ciudadanía, que se involucra de manera directa en la discusión. Sobre todo, dota de legitimidad al resultado, que queda blindado. Si la diferencia es amplia, el plebiscito desempata.

En el caso que nos ocupa, una consulta popular o un plebiscito podrían ser la vía adecuada para que los habitantes de la meseta o los chubutenses decidan si habilitan el Proyecto Navidad o se inclinan por las posiciones del ambientalismo bobo, al que entendemos como una corriente, minoritaria pero ruidosa, al interior del movimiento ecologista, que no plantea más controles ambientales ni una regulación más estricta ni una mayor imbricación con los productores locales ni una rediscusión impositiva ni una diversificación productiva que impida la cooptación del Estado por parte de las empresas (todas cosas que merecen ser tenidas en cuenta), sino, simplemente, la prohibición total, con consignas tan argumentativas como “No es no”. Como en Gualeguaychú, donde la asamblea que había mantenido cortado durante tres años el puente internacional se opuso al plebiscito sugerido por el ex gobernador Jorge Busti, en Chubut también rechazan la consulta.

En otros editoriales nos referimos a los perjuicios que ocasiona esta perspectiva cancelatoria, enfocada especialmente en actividades que, como la minería, la agricultura de alta productividad o los hidrocarburos, constituyen las únicas oportunidades de las que dispone la economía argentina para generar en el corto plazo las divisas que necesita para funcionar. No volveremos sobre el tema, pero sí agregaremos que este enfoque tampoco contribuye a abordar uno de los tantos problemas de desarrollo que enfrenta el país y que constituye el eje de esta edición de el Dipló: la desigualdad territorial, reflejada en datos como la concentración de la economía (los cinco distritos más importantes generan el 76 por ciento del PIB) y la desigualdad por habitante (si el PIB per cápita de la región pampeana equivale a 1, el del Noroeste es de 0,84 y el del Noreste es de 0,66). En líneas generales, Argentina exhibe un desequilibrio territorial más pronunciado que otros países con similares grados de desarrollo, como Chile y Uruguay, e incluso que los otros dos países federales de América Latina: el ingreso per cápita de la provincia más rica (Santa Cruz) es 8,6 veces mayor que el de la más pobre (Formosa), mientras que en Brasil la ratio es 7,2 veces (Brasilia contra Maranhao) y en México 6,2 (Ciudad de México contra Chiapas).

El hecho de que estas diferencias se hayan mantenido estables o incluso profundizado a lo largo de las décadas –bajo gobiernos autoritarios, democráticos, neoliberales, desarrollistas, nuevamente neoliberales…– confirma que se trata de un problema estructural de nuestro modelo de desarrollo.

Chubut no es una provincia pobre. Su PIB per cápita es similar al del resto de las provincias patagónicas, explicado en buena medida por el petróleo. Pero acumula niveles insoportables de deuda en dólares y vive virtualmente quebrada, en medio de frecuentes conflictos con los docentes y los empleados públicos. La desigualdad al interior de la provincia es significativa, entre las localidades más prósperas de la cordillera y la costa y la pobreza de la meseta. Esto hace que la mayoría de los jóvenes que nacieron allí emigren apenas cumplen la mayoría de edad, lo que suma presión al mercado laboral del conglomerado Trelew- Rawson, el de desempleo más alto de toda la Patagonia.

Y aquí la paradoja: de acuerdo a datos oficiales, la minería metalífera es la segunda actividad más formalizada de la economía (con 90% de trabajo formal, solo detrás de los hidrocarburos) y la que paga los segundos salarios más altos (192.000 pesos brutos en 2020, contra un promedio del sector formal de 68.000). No debería llamar la atención que los gremios mineros –y la Uocra y Camioneros, expectantes de los puestos indirectos– se expresaran a favor del proyecto. 

Maticemos antes de concluir. El ambientalismo, ya lo dijimos, es una perspectiva política fundamental para repensar la relación de la sociedad con el medio ambiente. En particular, ha contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y regulación de la actividad minera en las últimas décadas. Por otra parte, la crisis económica crónica que atraviesa Chubut no es responsabilidad de las organizaciones anti-mineras sino de la pésima gestión financiera de sus gobernadores y de la debilidad política de Arcioni, que llegó al poder tras la muerte del caudillo Mario Das Neves y nunca logró consolidar su liderazgo. Sin embargo, la diversificación de la estructura productiva, hoy concentrada en la explotación hidrocarburífera, que explica el 40% del PIB de la provincia, podría contribuir a un crecimiento más equilibrado, que morigere la dependencia de los precios del petróleo e impulse el desarrollo en la meseta.

Quizás así Chubut podría acercarse a San Juan, su eterno espejo envenenado, que gracias a un temprano impulso a la minería acumula una década y media de alto crecimiento con estabilidad política, logró bajar la pobreza (tenía 10% más pobres que la media nacional antes del auge minero y hoy tiene 4 puntos menos) y supera al resto de las provincias argentinas en los rankings de creación de empleo privado.

* Periodista, politólogo y escritor argentino especializado en la realidad política latinoamericana