JAIRO STRACCIA *

It is the peronist way of business", resumió un lobbista de negocios en una charla con empresas internacionales. Estaba exultante. Explicaba que la legislatura de una provincia argentina de la Patagonia había conseguido cambiar la normativa para permitir inversiones mineras luego de años de resistencia de parte de la población. 

Y contaba ampulosamente que se había hecho de manera audaz, anticipando una votación para evitar manifestaciones, y con el apoyo de sindicatos de camioneros y albañiles que habían llamado a marchar a favor de la actividad con el lema de que hay que generar más empleo. "Esto solo lo puede hacer un gobierno peronista", decía al teléfono con el tono típico de los gringos a los que se les marca la "r".

Lo que no sabía es que menos de una semana después iba a haber más "peronist way of business" por decirlo a su manera. El mismo gobernador de esa provincia, que había rechazado la minería primero cuando era candidato y la había abrazado después al llegar a la función pública, iba a hacerse eco de las protestas de ecologistas y productores de otras actividades que llegaron a quemar oficinas públicas, al punto de pedir la derogación de esa misma legislación que habilitaba la extracción de metales por falta de licencia social.

Las idas y vueltas en torno a la posibilidad de que haya explotación minera en la meseta de Chubut de la mano de un proyecto llamado Navidad que impulsa la corporación Pan American Silver no son ni más ni menos que la expresión de un espíritu minero vergonzante que cruza al peronismo, que ve en los yacimientos una posible fuente rápida de ingresos pero al mismo tiempo una posible pérdida de apoyo popular y conflicto social.

Lo loco es que el gobierno de Carlos Menem estructuró un marco regulatorio para la actividad minera con estabilidad impositiva por 30 años y sentó las bases para lo que fue una ola de inversiones para sacar oro, plata y cobre en los noventa de la mano del entonces secretario Ángel Mazza.

Más tarde, Néstor Kirchner aseguró en un acto en 2004 que uno de los pocos sectores donde no había que hacer reformas era la herencia menemista en materia minera. De hecho, en Santa Cruz había tenido ingresos vía la estatal Fomento Minero de Santa Cruz y más tarde le había cobrado impuestos al yacimiento Manantial Espejo que explota en esa provincia, vaya casualidad, la ahora apuntada Pan American Silver.

Ahora, al asumir, Alberto Fernández incluso se pasó de largo. En aquel diciembre de 2019, ante la mesa de la Asociación Empresaria Argentina se cebó al punto de afirmar que ya se había logrado "hacer minería de oro y plata en la meseta de Chubut", una frase muy arriesgada porque ni se había empezado a tratar el proyecto que dos años después generó la crisis de estas horas. Algo similar le pasó al afirmar que habían "logrado una ley para que Mendoza se involucre en la actividad minera", cuando luego una serie de manifestaciones en esa provincia terminaron por frenar todo tipo de actividad de ese palo.

Es que el caso minero revela cómo la dirigencia está más dispuesta a embarcarse en la búsqueda rápida de actividad y divisas que en intentar saldar un debate pendiente en la sociedad sobre cuánto sacrificar el medio ambiente para conseguir cuánto empleo y sumar cuántas divisas. Es decir, abre mil preguntas que tal vez nunca fueron atendidas como corresponde por la "peronist way of business". A saber:

+ ¿Están el gobierno nacional y las administraciones provinciales en condiciones de garantizar un debate serio sobre la viabilidad de este negocio? ¿O son carne de lobby a tiro de corporaciones tamaño XXL que todo lo pueden?

+ ¿Puede la comunidad quedarse tranquila de que hay un control eficiente del Estado sobre la explotación de los recursos?

+ ¿Tiene lógica que el monitoreo ambiental esté en manos de las provincias y los municipios frente a compañías que manejan sólo en responsabilidad social empresaria tal vez más presupuesto que el que tiene un estado local para chequear si cumplen con las reglas del cuidado de la ecología?

+ Al mismo tiempo, ¿puede un país con las necesidades económicas insatisfechas de la Argentina darse el lujo de decirle directamente "no" a actividades madres de industrias?

+ ¿Por qué aunque hay cuestionamientos sobre el modelo del agronegocio el debate sobre agricultura y ganadería es cuánto impuesto se le cobra pero sobre la extracción de minerales es si se puede hacer o no? ¿Por qué puede haber fracking en una provincia para soñar con Vaca Muerta pero no cabe ni ahí hacer un agujero para sacar un metal?

Todo un debate que compite con la imperiosa necesidad de divisas y puestos de trabajo, y que ahora puede sumar un dato extra que viene de Chile: el flamante presidente electo, Gabriel Boric, afirmó en su discurso de apertura que hay que revisar el modelo de explotación minera para que sea amigable con el ambiente, nada menos en un país donde el cobre es la estrella central de sus exportaciones.

Claro, lo hizo en un contexto particular. Chile sigue de cerca cómo fue la venta de Dominga, el yacimiento que según Pandora Papers el presidente Sebastián Piñera traspasó con la promesa, luego cumplida, de habilitar su explotación. "No queremos Dominga", remató el flamante jefe de Estado de 35 años.

Chau hoja de ruta

Como sea, lo cierto es que la imposibilidad de extender el negocio minero es otra mancha más al tigre de una administración que tiene como rasgo saliente que en muchos temas quiere, pero no puede. Y ya no por movilizaciones de ambientalistas en las calles, sino por los interminables ruidos internos en la coalición del Frente de Todos, en especial respecto del intento de acordar o no con el FMI.

El drama es que desde el 14 de noviembre, todo ello quedó más en evidencia porque el camino que se autoimpuso la Casa Rosada no se cumplió para nada. Y eso que estamos en la etapa de empoderamiento del primer mandatario, con marchas de apoyo, despidos de funcionarias que no son de su palo y hasta ataque de anuncios de reelección incluido.

El Presidente había planteado el mismísimo día de las elecciones que mandaría un plan plurianual al Congreso en la primera semana de diciembre. No pasó. También, había afirmado en ese discurso que la idea de ir a "un acuerdo sostenible" era "fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta". Cristina Kirchner dijo que "la lapicera" la tiene Alberto Fernández y le recordó que había dicho que nunca iba a arrodillarse. Además, el Gobierno esperaba usar el Presupuesto 2022 como un ancla para acelerar las discusiones con el organismo. El bloque oficialista no lo trató cuando tenía mayoría. Lo apuró tras el cambio de composición del Congreso. Se lo rechazaron.

Además, el equipo económico venía de presentar también muchos proyectos pro inversión supuestamente elaborados con consenso, pero que por ahora ni noticias. Una ley para promover las inversiones en hidrocarburos duerme en el Congreso y recibe cuestionamientos de los propios. Otro proyecto para potenciar el complejo agroindustrial, también sin tratamiento hasta ahora. Tampoco han tenido avances otras iniciativas más puntuales que vienen del ala albertista como la ley de producción de cannabis medicinal y la de estímulos a la fabricación de autos híbridos.

Todo en un contexto donde con la economía en plena reactivación, la principal amenaza es un clásico nuestro: la inestabilidad de las variables macroeconómicas. Hay todo tipo de chances. Un acuerdo con el Fondo que obligue a sincerar el dólar y aumentar las tarifas, que termine en más inflación y menos crecimiento. O un no acuerdo con el Fondo que derive en que no haya más reservas para sostener la actividad económica y termine en faltante de insumos y más remarcaciones.

El punto de partida suma un problema. Crece la fila de los que esperan poder actualizar precios reprimidos. Las empresas de alimentos ya avizoran una salida del congelamiento de 1400 productos que había fijado la Secretaría de Comercio Interior. Las petroleras esperan que Papá Noel o los Reyes Magos les traigan algún aumento que achique el atraso de hasta 15% en surtidores. Y anoten un nuevo conflicto: el sector salud está presentando notas en el Gobierno para avisar que no pueden sostener los aumentos a clínicas y sanatorios que se habían comprometido a financiar cuando firmaron la paritaria.

* Periodista