Mapuches violentos: sus nexos con una ministra, ex montoneros y La Cámpora

NICOLÁS WIÑAZKI */Clarín

La gobernadora de Río Negro caminaba sola por la ruta 40 cuando sintió que un piedrazo le zumbó por un costado. Después otro. Le tiraban desde atrás. Nunca se dio vuelta. Siguió caminando. Intentaban amedrentarla.

Durante esa caminata se convenció de que su agresor le advertía que tenía la pericia suficiente para tirarle rocas con velocidad peligrosa y puntería notable. No la lastimaron. Podrían haberlo hecho.

La mandataria sabía desde donde provenía esa agresión. El 19 de octubre del año pasado iba a bordo de su camioneta para controlar el desalojo de un campo tomado por mapuches violentos. Los dueños de la estancia El Foyel habían quedado “prisioneros” de supuestos aborígenes que entraron en sus tierras para usurparlas, y durante días no les permitieron salir de la casa mientras ellos merodeaban los alrededores.

La Justicia había ordenado que la policía actúe sobre ese grupo de violentos y logró sacarlos de esas tierras privadas. Pero en solidaridad con sus “compañeros” otra comunidad identificada también como mapuche, aunque sin sustento legal que apoye ese origen, había cortado la ruta federal 40 generando un caos de tránsito en el que quedó varada la gobernadora.

Fue por eso que se bajó del vehículo oficial para intentar hablarles a los “piqueteros”. Le gritaron “loca”. Le exigieron a los alaridos que se vaya: “¡Tómesela de acá! ¡Esto es territorio mapuche! Usted no es autoridad mía. Nunca voy a creer en ustedes. Tengo sangre mapuche”.

Ella solo les pedía “diálogo”. No hubo. Pasó un año desde aquel incidente que tomó relevancia nacional. Los “mapuches” que cortaban el tránsito en la zona siguen moviéndose por esas tierras de Villa Mascardi. Y los incidentes graves se multiplicaron tanto en Río Negro como en Chubut y Neuquén.

Carreras se cansó de la falta de ayuda de la Casa Rosada y denunció públicamente que hay funcionarios nacionales que apoyan estas acciones. Algunos de los últimos ataques fueron denunciados por la gobernadora en la Justicia bajo la figura de “terrorismo”. El conflicto se complejizó. Los “mapuches violentos” tiene ahora ascendencia e influencia en el poder político K.

El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, separado de La Cámpora pero con afinidad con su dirigencia, avaló que su organismo retire la querella que Parques Nacionales lideraba contra una comunidad supuestamente aborigen que se adueño de una zona del Parque Nacional Nahuel Huapi. Otras tomas de terrenos reciben “solidaridad” en solicitadas públicas firmadas por organismos del Estado que controla la agrupación juvenil K.

Dos ex jefes de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía, con llegada a los Kirchner, asisten a un sector de los “mapuches violentos” cuando tienen problemas con la Justicia. Vaca Narvaja es padre de Camilo Vaca Narvaja, quien fue pareja y tuvo una hija con Florencia Kirchner. Su hermano, Sabino Vaca Narvaja, es embajador argentino en China. El padre, Fernando, fue funcionario de Río Negro.

El trabajo de Vaca Narvaja con los “mapuches” violentos fue confirmado a Clarín por fuentes que dialogaron del tema con el ex montonero.

“Para él, el avance de la RAM es una reivindicación de su pasado guerrillero, la verdad, no lo entiendo”, agregó una fuente inobjetable con respecto a esa interlocución.

La polémica sobre este conflicto patagónico que lleva años pero se profundizó en esta era K, pasó a ser parte de la agenda mediática internacional. Fue cuando trascendió que que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, le prestó asistencia consular en el ámbito jurídico a quien admite ser el líder de la RAM, Facundo Jones Huala, quien cumple en el país trasandino una condena de nueve años de cárcel, confirmada por la Corte Suprema de Chile, tras comprobarse que fue uno de los autores de la quema de una propiedad en Pisu Pisué, además de haber sido descubierto portando armas ilegales.

Ese hecho ocurrió en el 2013 y es un indicio más de cómo la pelea mapuche a través de la violencia tiene alianzas a un lado y otro de la cordillera. Antes de ser extraditado desde Argentina a Chile, y mientras duró el caso de Santiago Maldonado, quien antes de morir ahogado en un territorio usurpado por la RAM protestaba en una ruta por la liberación del reo.

La abogada de Facundo Jones Huala era en ese momento la actual ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

Hasta ahora, la funcionaria no hizo declaraciones al respecto.

Defendió siempre la inocencia de su cliente, como corresponde en un país bajo estado de derecho.

Días antes de recibir la asistencia de Bielsa, Jones Huala había lanzado una arenga para movilizar aun más la violencia de las tomas de tierras, incendios y diversos ataques en la Argentina.

Desde la cárcel en Chile, envió una carta que se difundió en la Argentina.

Entre otras frases, Jones Huala le pedía a sus seguidores “menos llanto y más combate”, y agregó: “Quienes no nos sentimos representados por los institucionales y cobardes no tenemos por qué obedecerlos ni seguirlos, ni seguir dejando que se impongan. ¿Ellos se imponen y los agresivos somos nosotros?”.

Al texto de Jones Huala le siguieron más incidentes muy violentos que provocaron la reacción de Carreras, la respuesta fría que recibió de la Casa Rosada, y declaraciones en cadena de dirigentes ultra K, como el senador Oscar Parrilli, que defendió a los “mapuches” (es originario de Neuquén y conoce muy bien la trama y el conflicto desde hace casi una década); o de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.

Carreras recibió la solidaridad de otro gobernador de la región que sufre los ataques de los “mapuches” violentos. Mariano Arcioni, de Chubut.

Los últimos ataques que se adjudicó la RAM fueron los siguientes:

El 20 de septiembre pasado esta organización usurpó tierras privadas en el paraje Cuesta del Ternero: de la toma participa, como anticipó Gonzalo Sánchez en Clarín, la hermana de Jones Huala.

El 3 de octubre un incendio intencional arruinó la oficina de atención turística de El Bolsón. Al día siguiente se prendió fuego con combustible, adrede, un campamento que Vialidad Nacionalidad montó en el Cerro Catedral, corazón del turismo de Bariloche. Una familia que vive cerca de ese lugar fue atada por los atacantes de la RAM. Ellos se identificaron como los autores del desastre. Dejaron carteles llamando a una guerra contra la Argentina. Y otros con amenazas con la gobernadora Carreras. La mandataria denunció esos hechos con la calificación de “terroristas”.

Lo mismo hizo el 20 de octubre pasado cuando de nuevo se prendió fuego de modo intencional al club Andino Pilquitrón, utilizando combustible para que todo arda.

Otra vez quedaron escritas amenazas contra ella y contra el intendentes de El Bolsón, Bruno Pogliano.

Este fin de semana, la mandatario rionegrina denunció en Radio Mitre que al menos un organismo estatal ayuda a la usurpación de tierras de supuestas comunidades originarias. Es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), al mando de su coterránea, Magdalena Odarda. Y cuyo vicepresidente es Luis Pilquimán, antes “mapuche” en lucha, hoy procesado porque siendo funcionario usó su cargo y bienes del Estado para mantener y ayudar a usurpadores de tierras ajenas. Como las que aun persisten en Villa Mascardi.

La RAM, de acuerdo a informes de las fuerzas de seguridad nacionales a los que accedió Clarín, tendría apoyo financiero y político de dirigentes vinculados a la reivindicación de los kurdos, un pueblo que pelea por su independencia dentro de un Estado que no reconocen, como Turquía y Siria. Lo mismo con dirigentes que pelean por la causa pro Palestina en contra de Israel. Hay documentación indubitable del apoyo de dirigentes kurdos a la RAM. Igual que investigaciones que intentan establecer lazos entre ex cuadros de la guerrilla Sendero Luminoso con este pelea de supuestos aborígenes argentinos.

Se podrían dar detalles de esos otros nexos.

El ex secretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Millman, que indagó en la problemática mapuche, afirma que está convencido que “los montoneros son el sustento ideológico de los violentos de la Comarca Andina. Si dejamos que esa violencia avance la usurpación puede convertirse en ocupación y tenemos un espejo doloroso en el que mirarnos; son las Malvinas”.

En un sentido similar se expresó la senadora nacional de Neuquén, Lucila Crexell.

Las actuales autoridades nacionales parecen restan importancia a lo que gobernadores y ex funcionarios no.

En rigor, el poder K parecen alentar a la violencia que no repudia públicamente.

El INAI, por caso, depende del Ministerio de Justicia. Su titular es el rionegrino Juan Martin Soria. No hizo declaraciones sobre los “mapuches” violentos.

Un ejemplo de la politización K de este tipo de hechos ocurrió en la usurpación de las tierras en Cuesta del Ternero, Río Negro.

Mapuches con aval normativo y personería jurídica repudiaron esos hechos.

Mientras quienes tomaron esas tierras privadas recibieron apoyos en una solicitada de gremios docentes K y de hasta entes públicos manejados por La Cámpora: entre quienes rubricaron ese texto se puede leer a “Radio Nacional Bariloche” y “Radio Nacional El Bolsón”. Medios públicos a favor de la RAM.

Algo cambió en el poder.

Aunque Carreras lidera ahora las quejas de provincias cansadas de convivir con ataques amenazantes de encapuchados impunes.

* Periodista

Un Estado al margen de la razón esencial de su existencia

CLAUDIO ESCRIBANO */La Nación

Sobraron razones para que el país observara atónito las contradictorias reticencias de la Casa Rosada, el silencio inexplicable de las conducciones del Congreso y el más explicable del partido gobernante, tan absorbido en blindar de indemnidad judicial a la vicepresidenta y su patrimonio, ante el pedido de auxilio de las autoridades de Río Negro y se sofocara con premura la angustia de sus habitantes. Desesperan por el vandalismo de proporciones inauditas que ha asolado la provincia.

La chapucería del Palacio San Martín, por un lado. Y el descomedimiento del embajador Rafael Bielsa, a quien el paso de los años ha retaceado el privilegio de mayor prudencia y más dotes inventivas, y la protesta, en fin, de 17 senadores chilenos por la injerencia argentina en la audiencia judicial que rechazó el pedido de libertad condicional de Jones Huala, condenado a 9 años de prisión, por portación de armas y ataque incendiario en un fundo privado, son, acaso, anotaciones a pie de página de uno de los fenómenos que mejor caracteriza esta época del país.

Si la historia tiene por problema los hechos producidos por el hombre en gran escala: guerras, hallazgos sorprendentes que cambian su relación con la naturaleza y con otros seres humanos, o principian la reconfiguración de civilizaciones, imperios o naciones, lo denotado por la semana ha sido materia que nutre por inmediatez al periodismo. Pero que con mirada más profunda ha develado signos que debieran acuciar la atención de los historiadores. Así han comenzado procesos de dispersión y secesión, con Estados que resignaron el poder arbitral y punitivo que explica la causa esencial de su razón de ser.

Control de Gendarmería sobre la ruta 40, entre Bariloche y El Bolsón Fabián Marelli - Enviado Especial

Este asunto ha hecho de la Argentina, por si no hubiera habido antes otros de inequívoco desconcierto, un país irreconocible. Comparémoslo con el que en 1965 celebraba, como uno de los triunfos notables en la historia de la diplomacia nacional, la resolución 2065, por la cual la asamblea general de las Naciones Unidas impulsaba al Reino Unido a debatir con nosotros la disputa por las islas Malvinas como una cuestión de soberanía. Que era exactamente lo que exigíamos: encuadrar la voluntad de la asamblea general en decisiones anteriores que instaban a “poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas”.

Esta semana, en cambio, el Presidente y el ministro de Seguridad balbucearon excusas, desdiciéndose de lo que en realidad terminarían por hacer parcialmente, frente a la violencia rampante de sujetos que invocan desde hace tiempo, en el plexo patagónico y no en islas a 450 kilómetros de nuestras costas continentales, supuestos derechos ancestrales en desmedro de la integridad territorial y de los bienes jurídicos de la Nación. Cientos de mapuches viven entretanto pacíficamente en Río Negro y otras provincias patagónicas.

Olvidémonos de Roca, que nos dio el Desierto. ¿Qué habría dicho Perón de la prole que a esta altura le tocó en suerte, él, que cada dos frases ponía en una la astucia de apelar a la emoción popular con la consigna de “justicia social, independencia económica y soberanía nacional”?

La tasa de indigentes, pobres y desocupados ha hechos estragos con la justicia social. La independencia económica se ha convertido en eslogan vacío en el país encorsetado por donde lo miren a falta de recursos, de créditos y de confiabilidad política, y con sobrado exceso de regulaciones paralizantes. ¿Cómo no haber salido corriendo, entonces, para defender lo que queda del último de los tres postulados, cuando la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, del partido Juntos Somos Ríos Negro, imploraba el envío de fuerzas nacionales de seguridad? ¿Si estamos desprovistos hasta de impulsos patrióticos para defender hoy mismo el corazón patagónico, qué comedia es esa de buscar excusas para exacerbar de tanto en tanto el conflicto por las islas que nos fueron arrebatadas en 1833?

Sólo Sergio Berni, ministro de Seguridad de Buenos Aires pareció notificarse en el oficialismo de la enormidad del atropello, que calificó de terrorismo, de quienes desde hace tiempo han usurpado fincas y viviendas, ocupado tierras del patrimonio de la República, como parques nacionales, o enseñoreado en caminos, agrediendo a vecinos y turistas, como en Villa Mascardi. Que han incendiado bienes públicos y arrasado por último, en carrera de frenética virulencia, el Club Andino Piltriquitron, de El Bolsón, institución fundada en 1946 y reconocida fuera del país. El ministro de Ambiente, Juan Cabandié, soldado de la causa camporista, había retirado hace poco una querella interpuesta por su cartera.

Berni, vaya a saberse con qué ojo puesto en el horizonte, descargó una feroz ironía contra el presidente Fernández: “Regalar nuestro territorio nacional es un trámite burocrático que lleva su tiempo”. Si el disparo retórico no entró en el cuerpo de nadie en el gobierno, y Berni sigue como si tal cosa en funciones, deberíamos suponer que estamos aún peor de lo que creíamos. Por días, el gobierno dijo que no disponíamos de medios legales para enviar fuerzas de seguridad a Río Negro. Sin embargo, el artículo 23 de la ley 24.059, de Seguridad Interior, prevé el empleo de fuerzas de seguridad y policiales especiales, a pedido, es cierto, de las autoridades de una provincia, “cuando está en peligro la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes de una región determinada”.

Es verdad que por la anacrónica ley de Defensa en vigor no podrían enviarse a Río Negro contingentes militares. Sí se enviaron a Haití, donde salvo diferencias de grado en cuanto a violencia, lo que se ventilan son precisamente conflictos internos. Es comprensible que el poder militar se aplique sólo cuando las otras líneas de resistencia han sido superadas. En la Argentina, con todo, la ley de Defensa establece que las fuerzas militares podrán ser empleadas en el orden interno únicamente en caso de ataque exterior.

Es más. Por decreto de la ministra Garré, se agregó un nuevo condicionamiento: el ataque exterior debería ser cometido por fuerzas armadas de otro país. El gobierno de Macri derogó ese decreto; el ministro kirchnerista Agustín Rossi lo repuso.

Examinada sin prejuicios, la gravedad de la crisis reflejada por los hechos en el Sur encuentra su origen en un punto más distante del delirio ideológico que de la insensatez innata para gobernar. Con frivolidad que espanta, ha habido inacción mientras se violentaban tres títulos completos del Código Penal: el 8, 9 y 10, sobre delitos contra el orden público, contra la seguridad de la Nación y contra los poderes públicos y el orden constitucional.

Si en la contemporaneidad puede haber contra el Estado ataques en verdad temibles, seguro que uno de ellos sería cibernético. Primero, dicen los especialistas, porque resultaría extremadamente difícil detectar su procedencia: tanto podría provenir de la fantasiosa irresponsabilidad de tres chicos de un colegio secundario como de un ejército; y segundo, porque por más recaudos que se tomaran no habría certeza sobre la invulnerabilidad del objetivo atacado. ¿Serán extensibles también a tan complejo y delicado terreno las limitaciones operativas de las Fuerzas Armadas?

Entre fines de los setenta y comienzos de los años ochenta, en tiempos en que estalló la guerra de las Malvinas, intérpretes británicos comenzaron a sugerir que la regla de la autodeterminación de los pueblos, que oponen a nuestra tesis sobre la prevalencia de la integridad original, encontraba resistencias lógicas en la Argentina. Decían que se trataba de un país que no había otorgado autodeterminación suficiente a los pueblos originarios que lo poblaban.

La resolución 2065 de las Naciones Unidas había dicho que debían tenerse en cuenta los intereses, no los deseos, de la población malvinense, que casi por entero procede del Reino Unido. Ha sido la de esta posición británica una argumentación jurídica debilitada por contradicciones flagrantes. No sólo porque teníamos gente allá en 1833, sino porque también el Reino Unido desalojó compulsivamente a los habitantes de Diego García, un atolón del archipiélago Chagos, en el océano Indico. Fue para alquilarlo con fines militares a los Estados Unidos cuando las amenazas para Occidente trascendieron, durante la Guerra Fría, bastante más allá de los espacios territoriales de la OTAN y del Pacto de Varsovia. Como África, por ejemplo.

Solemos olvidar que sólo en 1917 la Argentina declaró por decreto el fin de la Guerra del Desierto. Lo firmó el presidente Hipólito Yrigoyen en circunstancias en que todavía humeaban los últimos rescoldos de enfrentamientos de fuerzas militares con aborígenes, no en el sur, sino en la región chaqueña. Una ley de 1985, durante la presidencia de Alfonsín, se hizo cargo de cuestiones humanitarias pendientes desde la Colonia y dispuso que fueran respetados los valores propios y modalidades de vida de los descendientes de pueblos ancestrales y les otorgó personería en un Registro de Comunidades Indígenas.

La reforma constitucional de 1994 se desentendió del viejo artículo 67, inciso 15, de la Constitución de 1853/60, que disponía “conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”, y avanzó, en el nuevo artículo 75, inciso 17, al punto de reconocerles la “posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Repetimos: “que tradicionalmente ocupan”. Dispuso que esa y otras previsiones constitucionales fueran reglamentadas por el Congreso con participación de las provincias.

Como ha ocurrido con la ley de participación federal que el Congreso debió haber dictado en 1996, según lo estableció la reforma de dos años antes, el Estado ha dilapidado un cuarto de siglo en resolver querellas pendientes con quienes invocan, bien o mal, títulos ancestrales. La desidia y desorden legislativo y administrativo ha dejado su marca en decenas y decenas de usurpaciones habidas por lo menos en el sur patagónico. Siguen abiertas sin que se haya dilucidado aún la legitimidad de los títulos alegados, si es que los hay, ni se sepa tampoco debidamente quiénes son muchos de los se han lanzado a la aventura de jaquear la paz y el orden jurídico argentino.

Por si lector lo considerara de interés, digamos que desde hace más de cuarenta años opera en Bristol, Inglaterra, una organización, reformulada en 1996, que procura contribuir a la autodeterminación de pueblos originarios en Chile (de lo que no hay dudas) y la Argentina (algo que está en debate). Lo hace con el inequívoco nombre de Mapuche Internacional Link.

* Periodista