EDUARDO BRITAN * 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático entregó su sexto informe en que proyecta que el límite de calentamiento global de 2°C se excederá durante el siglo XXI a menos que en las próximas décadas se produzcan profundas reducciones de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En este contexto, el paquete de medidas vinculantes recién aprobado por la Comisión Europea genera una expectativa de avanzar a nivel global con la celeridad que requiere el desafío climático. La Unión Europea se compromete a políticas públicas con una ambiciosa meta de reducir al menos 55% las emisiones de GEI a 2030. La principal medida es aumentar la tasa de reducción de las cuotas de emisiones para diversos sectores, lo que aumentará el precio del CO2. Este acuerdo genera un nuevo mecanismo que establece un precio al carbono incorporado en bienes importados. A estas contundentes señales se suman los requerimientos de descarbonización que los mercados de capitales están estableciendo en el financiamiento corporativo.

Para Chile, el fortalecimiento de la acción climática global representa una buena noticia, y no solo porque estamos muy expuestos a los efectos del cambio climático. Nuestro país tiene una oportunidad de avanzar en desarrollo sostenible dada las enormes ventajas que tenemos en energías renovables.

Chile puede generar un círculo virtuoso entre acción climática y ambiental decidida y el desarrollo de negocios atractivos, que impacten la productividad y estimulen la inversión, el crecimiento sostenible y la creación de empleos de calidad.

Sin embargo, existen múltiples incertidumbres y fallas de coordinación que generan inercia e inhiben los procesos de cambio tecnológico e inversión necesarios para aprovechar esta oportunidad. El Estado debe generar instrumentos económicos que creen incentivos en el sector productivo para avanzar en esta visión de desarrollo sostenible. En particular, debemos concordar un incremento del impuesto a los GEI con la debida anticipación para que los actores puedan planificar sus inversiones y al mismo tiempo generar mecanismos de apoyo a la innovación e inversión para acelerar la transición energética.

El Estado puede jugar un rol clave en promover la innovación tecnológica verde, facilitar el acceso a financiamiento y generar alianzas público privadas, impulsando una estrategia de desarrollo con un sentido profundo y motivador, especialmente para las generaciones más jóvenes que a futuro sufrirán en mayor medida las consecuencias del cambio climático.

La electrificación de la economía mundial para sustituir combustibles fósiles, los requerimientos de trazabilidad sustentable y de responsabilidad ambiental corporativa, nos generan una oportunidad histórica de desarrollar negocios y atraer inversión que realicen un aporte a la acción climática global, con un efecto virtuoso de sofisticación de nuestro aparato productivo, con importante impacto en crecimiento y empleo de calidad.

* Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez