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OPINIÓN
Editorial La Nación: Festival de subsidios, disparate de zonas frías y calientes
LA NACIÓN/ENERNEWS

Se insiste en el error de imponer reducciones tarifarias con fines políticos, que solo agravarán el déficit fiscal y desalentarán la inversión

14/07/2021

Ya está en vigencia la ley 27.637, que amplía y otorga subsidios sobre la tarifa de gas para consumos residenciales en zonas frías, que van desde las patagónicas hacia el norte por la franja cordillerana, llegando hasta Salta, considerando las temperaturas invernales.

El diputado Máximo Kirchner, iniciador de este proyecto, lo justificó con argumentos de claro corte populista. A pesar de ello, la ley contó también con el voto afirmativo de legisladores de la oposición pertenecientes a las provincias comprendidas, lo que no puede extrañar en épocas preelectorales. La ley estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031.

Se vuelve a cometer el error de conceder reducciones tarifarias con fines sociales o, dicho con menos eufemismos, políticos.

Una parte de esta reducción aplica indiscriminadamente para todo residente en las zonas elegidas. La consecuencia más obvia será un incremento del consumo de gas, incluyendo el utilizado para el calentamiento de piletas de natación, y serán subsidiados consumidores de alto poder adquisitivo que no necesitan ni pidieron ese regalo. 

Un incremento del consumo por el subsidio demandará más importaciones de gas, ya que la respuesta de los inversores privados será magra: pocos querrán arriesgar su dinero para ampliar la producción local si el gobierno maneja caprichosamente las tarifas.

Esto ya ocurrió durante la presidencia de Cristina Kirchner, lo que exigió luego una difícil recuperación del retraso tarifario para asegurar la rentabilidad y despertar inversiones. Pero su retorno al poder ha vuelto las cosas a cauces equivocados.

De hecho, el actual gobierno demoró la puesta en marcha del Plan Gas en el marco de una política general de desaliento a la inversión. Si algo no debe hacerse ahora es agravar el déficit fiscal creando nuevos subsidios, ni agrandar la cuenta de importaciones.

Enargas, el ente regulador, ha estimado que el número de usuarios subsidiados pasará de 780.000 a 4.000.000. El cálculo del costo fiscal está en el orden de los 3000 millones de pesos. La hipótesis de cubrir este requerimiento con el denominado Fondo Patagónico implicaría aumentar la alícuota del impuesto al gas con que se forma. En definitiva, más impuestos para más gastos: una carrera que ya superó sus límites.

El asistencialismo ha alcanzado en nuestro país niveles insostenibles. La pandemia solo los ha potenciado. La tesis de apelar a transformar planes sociales en trabajo no se condice con la cotidiana creación de nuevos subsidios. Menos aún si se los concreta a través de una amplia y desmesurada oferta y no a partir de una demanda que pueda considerarse razonable.

Lo más increíble de este caso es que ha servido de impulso para la frondosa imaginación de otros legisladores. En efecto, un grupo de senadores de provincias no beneficiadas en su inclusión como zonas frías han lanzado un proyecto simétrico para subsidiar las tarifas eléctricas de zonas cálidas. 

Pretenden electricidad barata para los artefactos de aire acondicionado. Con la firma del senador Edgardo Kueider, de Entre Ríos, y el acompañamiento de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Salta y Formosa, se propicia un proyecto de creación de un Fondo Fiduciario para este subsidio.

Si la carrera política continúa en este curso, no sería extraño que apareciera otro proyecto legislativo para el suministro gratuito de paraguas por parte del Estado en zonas lluviosas. Un vergonzoso sainete en un país que no resiste ya tamaño nivel de disparates.


La entrada en vigencia

La medida modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

El Gobierno promulgó la Ley 27.637 que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, a través del Decreto 441/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial.

La normativa, sancionada por el Senado el 25 de junio último, modifica el artículo 75 del Presupuesto 2021 para beneficiar a más de tres millones de habitantes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy, San Juan, San Luis y Salta en los que se registran bajas temperaturas.

Además, reduce en alrededor del 50% las tarifas a los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), de pensiones no contributivas y jubilados -hasta 4 salarios mínimos-, del monotributo social, de usuarios que perciben seguro de desempleo y de empleadas de casas particulares.

Mapa: zonas frías con subsidios vs. la distribución de pobreza del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)

 

También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

 

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.

 

La ley también prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.

 


 

Gas: el Enargas recomienda a Cambiemos “militar” para que los “millonarios” renuncien a un subsidio

SOFÍA DIAMANTE/LA NACIÓN

Federico Bernal, interventor en el Enargas, defendió nuevamente la ley de Zonas Frías, que amplió el subsidio al servicio de gas de 850.000 usuarios a 4 millones de personas. El proyecto, que fue impulsado por el diputado Máximo Kirchner, recibió critícas porque está considerado que beneficia a los más ricos, ya que reduce la tarifa para aquellos usuarios que tienen gas por red, pero no tiene en cuenta a los que compran garrafas.

Bernal señaló que hay que generar más inversiones para que todos los usuarios tengan acceso a gas por red e indicó que la ley contempla que, aquellos usuarios que quieran renunciar al subsidio lo puedan hacer.

Para financiar el alcance del subsidio, se incrementó de 4,46% al 5,44% el recargo que se cobra sobre el precio de gas en boca de pozo. En términos concretos, los usuarios residenciales que no estén incluidos en las Zonas Frías verán un aumento de la tarifa final de gas de entre $6 y $8.

A continuación, las respuestas que Bernal envió a LA NACION por escrito.

—¿En qué consiste el beneficio derivado de la ampliación del régimen de Zona Fría?

—La iniciativa, que recoge un reclamo histórico de millones de argentinos y argentinas, nace de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal, y Unidad y Equidad Federal. El diputado Máximo Kirchner lo tomó y le dio el impulso para que termine siendo Ley. La normativa otorga descuentos del 30% en cuadros tarifarios del servicio público de gas por redes para cerca de 2,8 millones de usuarias y usuarios residenciales, mientras que del 50% para unos 374.000 con criterios socioeconómicos establecidos. Previo a esta ampliación, los beneficiarios totalizaban 850.000, todos con descuentos del 50%, restringidos exclusivamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe (departamento de Mendoza). Es decir, pasamos de 850.000 a aproximadamente 4 millones, abarcando 15 provincias y 231 departamentos. Hablamos de un beneficio para casi 13 millones de personas, equivalente a un 28% de la población.

—Entre las muchas críticas esgrimidas contra el proyecto de ley, estaba la duda de cómo un salto del recargo tan bajo (1 punto porcentual) permite incorporar 3,1 millones de nuevos beneficiarios.

—Lo explicamos en las plenarias de diputados y de senadores. El fondo fiduciario mediante el cual se solventa el Régimen de Zona Fría (RZF) terminará recaudando este año cerca de $24.000 millones, según estimaciones nuestras sobre la base de información pública de la Secretaría de Energía, solo con el recargo de 4,46% sobre el precio del gas en boca de pozo. A su vez, los gastos requeridos para cubrir los 850.000 beneficiarios existentes rondan unos $13.000 millones, con lo cual disponemos de un excedente del orden de los $11.000 millones aproximadamente. Pues bien, en lugar de ajustar el recargo, se propuso aprovechar esos $11.000 millones para ampliar el beneficio. El requerimiento para estos 3,1 millones lo estimamos en $16.000 millones que, descontado el excedente, implica un total de $5000 millones. Este es el monto que estimamos se recaudará con el aumento del recargo del 4,46% al 5,44%.

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