Incertidumbres ambientales al margen, la conveniencia de la minería para Catamarca puede establecerse en puros términos económicos. En 15 meses, la actividad aportó al fisco provinciano $ 1.030 millones por todo concepto: son 68,7 millones promedio al mes, que arrojarían 824 millones en un año.

El presupuesto de la provincia para este año es de $110.281 millones, de manera que las contribuciones mineras a gatas superan el 0,7%. Nada, en comparación con las fortunas que las firmas se llevan o proyectan llevarse.

La publicidad oficial y empresaria sobre los beneficios de la minería se revela como una burda ficción, no es posible anclarla en ningún elemento concreto. Ni siquiera en el de la creación de fuentes de trabajo que tanto se menea, mucho menos con el litio, mineral de moda. Y eso que se habría purgado el padrón minero de especuladores con fuertes presiones para que todos paguen lo que corresponde.

Mucho ruido y pocas nueces. Los  mil millones y chauchas que la minería depositó en 2020 y el primer trimestre de este año se componen de regalías (109,5 millones), canon (64,9 millones), fideicomiso de Salar del Hombre Muerto (740,7 millones), responsabilidad social empresaria (93,9 millones) y aportes adicionales (20,6 millones).

Las cifras marcan la necesidad de reconfigurar la política minera –política de Estado- para que no se afiance como un despojo. El esquema de Bajo La Alumbrera, con el Estado como socio de los privados a través de YMAD y por consiguiente usufructuario de las utilidades, sigue siendo el modelo más adecuado. Los dividendos que el sector público sumó por la explotación del yacimiento triplicaron los de las regalías. Que esta renta extraordinaria se haya dilapidado es otra historia, materia de una discusión distinta.

Si al desperdicio de lo que se logró con Alumbrera se le suma la miseria que la minería arroja en la actualidad, es bien comprensible la falta de licencia social de la actividad.

YMAD, como se sabe, resignó la chance de insertarse en lo que podría ser la producción del yacimiento Agua Rica al alquilarle a los privados, por migajas, la infraestructura ociosa de Alumbrera, cuya propiedad le corresponde por contrato. El adelanto de alquileres que los privados desembolsaron es un 1% del valor de lo que rentaron: una ganga que los releva de inversiones multimillonarias como el mineraloducto y los artefactos para procesar el mineral en bruto.

Avanzar hacia una participación directa del Estado en el negocio es más imperioso si se considera que las utilidades de un yacimiento de litio son muy inferiores a las que pueden obtenerse de emprendimientos dedicados a la extracción de oro, cobre y molibdeno como sería Agua Rica. Y todavía hay que considerar el negocio oculto de las llamadas “tierras raras”, minerales de alto valor que se utilizan en tecnología de punta, que también hay en Catamarca. 

Con este propósito, el Gobierno estaría trabajando en un nuevo diseño legal e institucional para sus relaciones con las litíferas, siguiendo el diseño de Jujuy, cuyo gobernador, Gerardo Morales, firmó una carta de intención con la empresa China Ganfeng Litihum para instalar una fábrica de baterías de litio en esa provincia.

El acuerdo es el resultado de tratativas con capitales privados para participar con un 12% de las utilidades por la extracción del “oro blanco” y, lo más importante, la participación de la Provincia como socio en la fabricación de baterías de litio por medio de la sociedad del Estado Jujuy Energía y Minería (JEMSE).

Dado lo insignificante de la renta minera catamarqueña, los cambios parecen indispensables para comenzar a revertir la resistencia social a la actividad.