PABLO MARCET *

El sábado pasado, un grupo de manifestantes de la Asamblea El Algarrobo de la ciudad catamarqueña de Andalgalá, irrumpió, vandalizó e incendió, a plena luz del día, las oficinas de una empresa minera en el centro de la ciudad. Las imágenes muestran a los agresores, algunos con barbijos y otros a cara descubierta, dirigiendo y supervisando la acción criminal. Conozco a algunos de ellos.

Desde 1998 hasta 2007 dirigí el proyecto Agua Rica, viví en Andalgalá y fui testigo de cómo se inició el movimiento anti minería local. Lo que comenzó como una bienvenida mirada crítica, y constructiva por parte de varios vecinos también generó, en los márgenes, algunas posturas radicalizadas e intolerantes. Aquí una breve reseña histórica de la anti minería y algunas observaciones sobre ese movimiento, en Andalgalá y en Argentina:

Hasta 2003, la minería fue bienvenida en Argentina, más allá de algunas quejas centradas en la distribución de las rentas directas generadas a nivel municipal, provincial y nacional. Pero 2003 sería un año bisagra para la minería argentina.

En marzo de 2003 los habitantes de Esquel, provincia de Chubut, votaron en un plebiscito su apoyo o rechazo al desarrollo de una mina de oro en un paraje cercano a esa ciudad. El 81% de la población votó en contra del proyecto. Ese rechazo, en el que participó activamente la organización Greenpeace, se centró, fundamentalmente, en cuatro premisas y acusaciones.

La primera fue la teoría del saqueo. Se insistió en que los desarrolladores extranjeros del proyecto no sólo no pagarían impuestos sino que, además, el Estado les pagaría por llevarse el oro fuera del país.

La segunda fue la teoría de la contaminación de las aguas con cianuro, sustancia que, se dijo, estaba prohibida para usos mineros en el primer mundo.
La tercera fue el impacto visual. Se afirmó que el proyecto haría desaparecer la cadena de cerros que enmarcan la vista desde Esquel.

Y la cuarta fue la acusación de que, ya en las actividades de exploración, la compañía había contaminado un curso de agua local, el Arroyo Amarillo, con sustancias tóxicas.

Las cuatro premisas y acusaciones resultaron ser comprobadamente falsas. Desde ese momento todo nuevo proyecto minero en Argentina se topó con corrientes y organizaciones que manifestaron su rechazo e intentaron emular lo sucedido en Esquel utilizando argumentos y tácticas similares.

Inmediatamente después del plebiscito de Esquel, en Andalgalá se inició una campaña en contra del proyecto de cobre Agua Rica. El principal argumento utilizado fue que las rocas del yacimiento contenían "pirita arsenical", que la fase de explotación liberaría grandes cantidades de arsénico y que el agua y el aire de Andalgalá serían envenenedos irremediablemente.

Dicha campaña culminó, al menos en esa forma, en un debate televisado de cuatro horas desde el cine de Andalgalá, en el que pudimos establecer que la pirita arsenical no existe en el yacimiento Agua Rica (de hecho, es un término mineralógico que quedó obsoleto en el siglo XIX y que, sospechamos, algún trasnochado habrá encontrado en un libro antiguo).

También en 2003 se inició la campaña en Gualeguaychú contra las pasteras y estos movimientos "anti desarrollo" obtuvieron relevancia mediática, se retroalimentaron y lograron difundir los mitos que siguen vigentes aún hoy. Mitos que amalgaman falsos argumentos económicos, ambientales, legales y técnicos, que se alimentan de resentimientos varios y del natural desconocimiento público sobre temas complejos.

En Andalgalá, los argumentos en contra de la minería y en contra del proyecto Agua Rica son tan variados como inabarcables. A nivel país, se reducen a eslóganes que presentan falsas dicotomías o al rótulo de "megaminería" (invento argentino, hasta donde sé) que incurre en todo tipo de falsedades y exageraciones acerca de la escala de los emprendimientos mineros.

El resultado es que Argentina tiene más territorio con la minería prohibida que el resto del mundo combinado. Para ser un país que dice auspiciar la inversión minera, esta es una afirmación difícil de digerir, desde ambos lados del debate.

Lo cierto es que la comunidad le está dedicando recursos a debates estériles y esto impide o demora deliberaciones constructivas para generar cambios allí donde la minería necesita mejorar: infraestructura, mayor transparencia y efectividad en el uso de fondos públicos, falta de mano de obra calificada y de proveedores locales competitivos, mejorar los sistemas de información pública sobre controles ambientales, etc.

Muchas veces se pregunta si estos mitos y falsas acusaciones surgen de la ignorancia o de la mala fe. En mi experiencia, ambas explicaciones son válidas pero, tanto en Andalgalá como a nivel país, existe una tercera explicación. Hay gente bien intencionada y con un cierto nivel de información, aunque a veces sesgada, que justifica la mentira o la exageración en nombre del medio ambiente. Hay una minoría, más extrema aún, que entiende a la resistencia violenta como una "gesta heroica" y no como una actitud imbécil, intolerante, retrógrada y criminal. Son los que auspician o llevan a cabo actos terroristas a cara descubierta y a plena luz del día.

Espero que a la Justicia le importe un bledo la breve historia de la anti minería local que intenté describir. Tampoco debería importarle a las autoridades y jueces competentes que quienes trabajan en las oficinas incendiadas son principalmente vecinos de la misma Andalgalá. La violación y destrucción de la propiedad privada, la provocación maliciosa de un incendio, la agresión contra una actividad lícita y el poner vidas en peligro, deberían bastarles para acabar con esta locura.

* Ex gerente general y presidente de Minera Agua Rica, de 1998 a 2007.