EMILIO APUD*

En los últimos 30 años la petrolera ha sido manipulada con fines partidarios e intereses económicos disimulados bajo conceptos como soberanía, argentinidad y nacionalismo

En los últimos 30 años, desde que se privatizó, paradójicamente el peronismo ha usado a YPF con fines políticos e intereses económicos, siempre disimulados bajo la pátina de conceptos abstractos pero emotivos como soberanía, argentinidad, nacionalismo, etc.

Curiosamente cuando reemplazó esa arenga por criterios racionales como productividad y eficiencia, tuvo éxito. Sucedió con Menem, la única intervención peronista positiva en ese período, que logró transformar la industria petrolera argentina abriéndola a la inversión privada.

La historia arranca poco antes de la privatización de YPF en 1992, con Néstor Kirchner gobernador de Santa Cruz y Cristina diputada provincial, ambos obsesionados por la cuantiosa regalía adeudada por la YPF estatal que percibiría su provincia en caso de concretarse la privatización. El matrimonio Kirchner deja de lado su encendida verba nacionalista y promueve denodadamente la iniciativa por un puñado de dólares, 600 millones, que finalmente recibe Néstor y cuyo destino aún hoy no se conoce fehacientemente.

Menem logra privatizar YPF convirtiéndola en una sociedad anónima, que cotizaría en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, medida acertada, aunque no bien implementada al crear un oligopolio privado que afectaría la competencia del reducido mercado doméstico. Sin embargo, este error de origen serviría una década más tarde al kirchnerismo para intervenir irregularmente en los precios del petróleo, gas y combustibles. Otra falla menemista fue usar a YPF en 1998 para paliar la caída de reservas, fruto del creciente gasto público y de la crisis internacional con origen en Rusia, vendiendo a los apurones la mayoría accionaria en manos del Estado a la española Repsol.

A partir de 2003 Néstor Kirchner usa a Repsol-YPF con interés político partidario interviniendo en la fijación de precios del petróleo y sus derivados, libres por ley, aprovechando la posición dominante de YPF en el mercado local.

Cinco años después, en 2008, el kirchnerismo vuelve a servirse de YPF, ahora cediendo de forma completamente irregular e innecesaria el 25% de las acciones de la empresa al grupo Eskenazi, dueños del banco de Santa Cruz en donde se diluyeron los USD 600 millones originales. En esta oportunidad el relato se basó en la épica de la “argentinización” cuando en realidad fue puro “capitalismo de amigos”. Transfirieron a los Eskenazi el 25% de YPF prácticamente sin equity, es decir sin que pusieran plata de su bolsillo.

Pero había que pagarle a Repsol, por lo que se decidió autorizar a YPF a repartir utilidades por más del 90%, es decir descapitalizar a la compañía para que los nuevos socios pudieran saldar la deuda. Y eso no fue todo, le dieron también el management de YPF con el beneplácito del hasta entonces presidente, el español Antonio Brufau, quien justificó esa disparatada intromisión de los Eskenazi con el famoso eufemismo “son especialistas en mercados regulados”.

Llega 2011 y comienza a vislumbrarse Vaca Muerta, yacimiento de shale oil y gas de nivel mundial y quimera de la corporación política adicta al gasto público. Aparecen entonces las fantasías del tercer gobierno kirchnerista de acceder a una nueva caja política para paliar el agotamiento de reservas y recursos después de haber gastado la confiscación de las AFJP y fallado en el asalto al campo con la resolución 125.

Es así como la entonces presidente Cristina, motivada por la falaz evaluación de la caja de YPF realizada por su ministro de economía Kicillof, decide volver a usar a YPF en 2012 desempolvando las banderas nacionalistas que había guardado en 1992 cuando fuera baluarte de la privatización. Autoritariamente confisca las acciones en poder de Repsol ocupando por la fuerza las oficinas centrales de la empresa en Puerto Madero, imagen imborrable en el mundo de los negocios a nivel internacional. Esa confiscación, luego vestida de expropiación, fue innecesaria y carísima para el país en términos económicos y de confianza.

La aventura nacionalista obligó al Estado, todos nosotros, a pagar por el 51% expropiado a Repsol unos USD 8.000 millones y a cancelar en forma irresponsable la deuda con el Club de París. Además, nos generó un pasivo de unos USD 3000 millones que el fondo Burford/Eskenazi reclaman en los tribunales de NY con el respaldo del exabrupto del ministro Kicillof quien había admitido enfáticamente que no respetaría los estatutos de YPF en cuanto a la obligación de ofertar al resto de los accionistas. Faltaría agregar el endeudamiento por USD 4.200 millones para inversiones de baja rentabilidad en Vaca Muerta, contraído en los 4 años de la gestión Galuccio. Las sucesivas intervenciones del kirchnerismo en YPF redundaron en beneficios para su proyecto de poder, pero el costo de semejante intervención lo pagó todo el país y lo seguirá haciendo por muchos años.

Ahora, en su cuarto mandato, el kirchnerismo recurre nuevamente a la petrolera privada para su campaña electoral 2021. Usará a YPF para regular el precio de naftas y gasoil, convirtiéndola de facto en un tercer ente regulador, en este caso del mercado de combustibles, los otros dos, también intervenidos, son los de electricidad y gas, ENRE y Enargas. También es muy probable que use a YPF en las campañas electorales de las provincias petroleras y para propaganda proselitista a nivel nacional valiéndose del formidable aparato de marketing de la empresa. Las recientes medidas adoptadas por el gobierno en YPF, como reemplazar a Nielsen y a ejecutivos clave de la estructura por militantes K, son parte de ese plan de “adaptación” de la empresa a la necesidad política del Gobierno.

Solo faltaba instalar un culpable para cuando se evidencien los perjuicios de ese manipuleo de YPF. Surge entonces la deuda de la empresa y la reestructuración que impuso el gobierno ante la falta de reservas liquidas en el BC, como musa inspiradora y se culpa, como es habitual, a Macri. Responsabilizan a la gestión de YPF durante su mandato de haber generado la deuda en cuestión, cuando la realidad, avalada por números oficiales en balances e informes a las bolsas de BA y NY de fácil acceso en la web, indica que en 2015 recibe YPF con una deuda neta de USD 8.560 millones, y la entrega en 2019 con otra de USD 7.810 millones, es decir 9% menor y con YPF ordenada empresarialmente y en producción.

El elevado nivel de endeudamiento con que el nuevo management heredó en diciembre de 2015, y las restricciones financieras que aplican para este tipo de industria, como la relación deuda/ebitda, hicieron que la capacidad para emitir deuda fuera prácticamente nula. Con estas restricciones, cabe destacar la disciplina con la que el proceso de inversión se llevó a cabo en YPF a partir de 2016 donde cada peso invertido en los distintos yacimientos y cuencas debían proyectar utilidades definidas en base a estrictos criterios de negocio y económicos, sin lugar a injerencia política alguna, como corresponde a una empresa petrolera privada.

*Exsecretario de Energía, exdirector de YPF