MARCELO BONELLI

Aunque se intenta ocultar, existen fuertes diferencias con el FMI para hacer un acuerdo y reprogramar la deuda que Argentina tiene con Washington. Las negociaciones son tensas y en las últimas semanas no avanzaron: están empantanadas en cuatro ejes centrales de la política económica. Voceros del FMI afirman que Economía no presentó un plan y la Casa Rosada que el Fondo pide cosas inaceptables. El FMI no acepta el plan del BCRA para acumular reservas y existen diferencias por la –aún– exorbitante brecha cambiaria. Quiere que esté en el 30 %.

Pero la cuestión central es el déficit fiscal: en Washington no comparten el sendero de rebaja que pretende la Casa Rosada. Hay otra pelea de fondo: el ritmo de aumento de tarifas. El FMI acepta la pauta del 30 % prevista – en forma implícita – en el Presupuesto. Sería el ajuste mínimo, para no elevar los subsidios. Pero Cristina no comparte ese criterio: la vicepresidente impulsa un cambio en las fórmulas de ajustes y eliminar de los contratos la indexación por tipo de cambio.

Esta semana, sus "operadores" impulsaron modificar esa cláusula vigente en los contratos de servicio. Así, el “efecto Cristina” es otro dolor de cabeza para los negociadores y le mete mucha presión al Ministerio de Economía. La fuerte tensión se trata de resguardar y que no trascienda al mundo de los negocios.

Existe -en verdad- un único acuerdo político entre Washington y Buenos Aires: ocultar las diferencias y "hacer como que se negocia" sin contratiempos. Este pacto entre Kristalina Georgieva y Martín Guzmán busca un objetivo: que el ruido en las conversaciones no afecte la precaria "pax cambiaria" – la única en estos días - que tiene Alberto.

El Presidente atravesó su peor semana. Guzmán conoce al dedillo la situación: Economía se juega toda la estrategia del año -y la Casa Rosada, las elecciones- a que se sostenga la cotización del billete. Clarín confirmó en calificadas fuentes de Washington y del Palacio de Hacienda que, hasta ahora, los avances no existen.

La misión a México confirmó los problemas: solo así se justifica que Alberto se haya expuesto a pedir que Andrés López Obrador interceda ante el FMI, cuando se sabe que México no tiene influencia decisiva en Washington. Para tratar de destrabar las cosas –precisamente– viajará al FMI el ministro en la tercera semana de marzo. El recorrido sobre Europa y Asia apunta a buscar apoyos políticos. En otras palabras: por ahora tampoco hay consenso en el directorio del FMI, para avalar un plan con Argentina. En secreto, Alberto habría hablado con el Papa Francisco. El Presidente le pidió una gestión ante el propio Joe Biden.

También, el ministro sondearía otra cosa: cómo minimizar los costos de entrar en default con el Club de París. El millonario vencimiento fue pautado en el acuerdo que elaboró –en un día– Axel Kicillof. En el 2014, Kicillof logró un cierre exprés aceptando muchas concesiones: reconocer y pagar deudas dudosas por 3.600 millones de dólares. El default era de 6.100 y Kicillof firmó por 9.700 millones de dólares. También se incluyeron cláusulas lesivas al interés argentino. El contrato que firmó Kicillof con el Club de París nunca se difundió y se mantiene en secreto de Estado.

Ahora, Cristina le quiere imponer un "relato épico" a la cuestión del FMI. Por eso le ordenó a Anabel Fernández Sagasti que envíe una nota a Washington reclamando una investigación interna sobre el millonario préstamo que el FMI le otorgó a Mauricio Macri.

El envío tiene una doble motivación: que el FMI se ablande a la hora de negociar con Guzmán y que produzca un dictamen criticando el crédito –se dio fuera de estatuto– a favor del ex presidente y su reelección.

La movida llegó tarde. Hace mas de un semestre que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI inició una investigación propia y puso en capilla a los dos tecnócratas que negociaron el convenio: Alejandro Werner y el italiano Roberto Cardarelli.

Los burócratas del FMI –increíblemente- son habitualmente mas autocríticos que los líderes locales. Aún se espera en Argentina la autocrítica de Cristina por sus cuestionados mandatos. Macri volvió al ruedo sin decir nada y Alberto aún no explicó cómo pasó de ser acérrimo enemigo de Cristina a su candidato a Presidente. Charles Collyns –el titular de la Oficina de FMI– cuestiona la forma como se dio el apoyo a Macri. Fue una orden de Donald Trump para favorecer su reelección, y salió mal. Pero su dictamen no influirá en la negociación: Cristina desconoce que se trata de una auditoría interna, que funciona en forma paralela en Washington.

La cuestión se sigue entre líderes empresarios. El tema FMI es clave. También la movida que hará Mercedes Marcó del Pont. La Jefa de la AFIP prepara una ofensiva contra ricos que podría generar un tembladeral.

Se trata del polémico impuesto a la riqueza, cuyo pago vence en semanas. El ataque se focalizaría en unos 2.500 hombres de negocios -del total de 13.000 contribuyentes- que tendrían que abonar el tributo. En un "memo" secreto de la AFIP se afirma lo siguiente: que esos 2.500 adinerados contribuyentes se bajaron y no presentaron –ni siquiera– declaraciones juradas del 2019 para abonar Bienes Personales. El documento interno afirma, amenazante, que esa operación sería un "ardid" para no abonar el polémico impuesto a la riqueza. Marcó del Pont tendría aval para una decisión tomada: si esos empresarios no abonan el tributo en fecha, los va a denunciar de inmediato en la Justicia Penal.

En la UIA están que trinan. La Copal furiosa con las denuncias de Paula Español.

La secretaria de Comercio lanzó esa ofensiva que tuvo otro objetivo: deshilachar el acercamiento de Guzmán con los hombres de negocios. La pelea Guzmán-Español refleja fuertes internas sobre cómo encarar el problema inflacionario. El INDEC habla de un piso para febrero del 3,3 %.

El ministro atraviesa un momento de "turbulencias" en el gabinete. La Cámpora de Máximo lo critica por cortarse solo. La última semana tuvo un inusual contratiempo con el entorno íntimo del Presidente: fue por el escándalo de la "vacunación VIP". Guzmán se quejó por la difusión de su nombre - y de su equipo - en la nómina de los beneficiados. Todos se inocularon el 29 de enero en el Palacio de Hacienda. El ministro, con bronca, adujo que la inclusión en esa lista era injusta y que afectaba su imagen internacional, cuando iniciará negociaciones cruciales en el exterior.

Justificó con este argumento: todos los vacunados integran el equipo negociador externo. También el Palacio de Hacienda culpó a la propia Casa Rosada por el traspié. Fue en medio del tembladeral político y afirmaron: "nosotros lo hicimos por orden de la Casa Rosada". Julio Vitobello y Juan Pablo Biondi le hicieron un fuerte reproche en la intimidad de la misión a México. Ambos contragolpearon en la tensa reunión: "Esto es política y nadie se salva solo".

Carla Vizzotti justificó al ministro. Pero la ministra tiene un serio problema: explicar que ignoraba la vacunación ilegal. Hasta ahora todo la complica: en la lista son 9 los funcionarios -del máximo rango- que se vacunaron en sus narices en el Ministerio. Entre ellos, una asesora de la propia secretaría que conducía Vizzotti.