El equipo de energía de la Fundación Pensar elaboró un análisis ante la preocupación por el DNU 1020/2020 que suspente los acuerdos de revisión tarifaria y congela los precios por 90 días más. 

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) promulgó el DNU 1020/2020, disponiendo diversas medidas que nos preocupan desde lo institucional y en vistas a la necesidad de una política macroeconómica sustentable.

1. Dispone la suspensión de los acuerdos de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente y propone iniciar un proceso de renegociación con las distribuidoras. Este proceso deberá hacerse en un plazo máximo de dos años.

2. Dispone la prórroga por 90 días del congelamiento tarifario que se había dispuesto a principios de año para los servicios de electricidad y gas natural. Define que habrá un “Régimen Tarifario de Transición” a ser definido por los entes reguladores.

3. Dispone la extensión de la intervención a los entes reguladores (ENRE y ENARGAS) por el término de un año adicional aun cuando ya venció el plazo concedido por la ley para la revisión de los concursos por los que se nominaron a los directores y sin haber encontrado irregularidades. En la anterior administración kirchnerista, el ENARGAS fue intervenido en 2007 y nunca se regularizó la situación (hubo 17 decretos de prórroga de la intervención); por otra parte, el ENRE se mantuvo en situación irregular con directores nombrados por decreto (sosteniendo que no se había podido concluir el proceso de selección por concurso).

Durante este período, 2001 al 2015, la inflación acumulada fue de 1.400%, sin embargo, las tarifas de servicios públicos aumentaron menos de 200%, una caída en términos reales de más de 80% y el retraso tarifario más grande de la historia de nuestro país. A finales de 2015 las tarifas de luz y gas natural cubrían solo el 13% y el 14% de los costos, respectivamente, requiriendo subsidios que crecieron del 1,2% en 2008 al 4,1% del PBI en 2015 y derivando en un deterioro de la calidad de servicio y la escasez de energía en todo el país.

Según la consultora KPMG, entre 2005 y 2015 el Estado destinó 85.000 millones de dólares al sector energético. El DNU 1020/20, que constituye un nuevo atropello a la institucionalidad del sector energético, confirma que el gobierno nacional busca avanzar nuevamente en un proceso similar.

En nuestra opinión, las disposiciones de este DNU tendrán un impacto muy negativo sobre los usuarios, presentes y futuros, de estos servicios y agravarán el deterioro institucional en el sector energético, recrudeciendo a su vez el impacto en la inversión dentro del sector.

Al mismo tiempo ponen en riesgo el ordenamiento de las cuentas públicas y los esfuerzos necesarios para avanzar en el combate al cambio climático.

+ La suspensión de los acuerdos alcanzados durante las RTIs realizadas por el gobierno anterior siguiendo los procesos definidos por las respectivas leyes y con la celebración de audiencias públicas implica la violación del marco institucional vigente lo que abre a puerta a nuevos reclamos en instancias judiciales, reduce la confianza de los inversores y pone en situación financiera crítica a las empresas concesionarias que deben prestar un servicio público de primera necesidad.

+ El congelamiento de las tarifas, que se decide por razones políticas, resultará en una reducción de las inversiones en las redes de distribución y transporte, la ruptura de la cadena de pagos, un deterioro de la calidad de servicio, y un aumento de los cortes del servicio y los problemas de suministro. Los argentinos ya hemos tenido estos problemas en el período 2006-2015 como consecuencia de políticas parecidas aplicadas durante las presidencias de la Sra. Cristina Fernandez de Kirchner.

+Este congelamiento implica también un aumento, aún no determinado, de los subsidios a la electricidad y el gas natural que tendrán un impacto mayor sobre el déficit fiscal en forma similar a lo acontecido en el período 2008-2015, cuando llegaron a representar el 4,1% del PBI. A esto se sumará la ruptura de la cadena de pagos, ya en una condición muy frágil, y la acumulación de deudas dentro del sector como las ya vistas hacia finales del 2015 cuando las distribuidoras eléctricas y las distribuidoras de gas natural acumularon deudas millonarias con CAMMESA y los productores de gas natural, respectivamente.

+La extensión de las intervenciones a ambos entes reguladores implica profundizar el deterioro del marco institucional y no respeta los procesos fijados por las leyes 24.065 y 24.076 para el control del sector energético en un signo más del autoritarismo del gobierno nacional.

En definitiva, las decisiones adoptadas por el PEN con el DNU 1020/20 son similares a las implementadas en el período 2007-2015, que fracasaron estrepitosamente, pusieron en crisis al sector energético, y tuvieron un impacto muy negativo sobre las cuentas fiscales. El gobierno nacional avanza en un camino autoritario, sometiendo a los actores del sector a la discrecionalidad de los funcionarios, y la imposibilidad de desarrollar su actividad de manera sustentable.

Los argentinos ya hemos sufrido los resultados de estas políticas energéticas. El abastecimiento de energía de manera confiable tiene un costo que debe pagarse o la energía no estará disponible, la peor alternativa. Si se realiza mediante subsidios del Estado, no puede dejar de considerarse que se afectan las cuentas públicas, la emisión monetaria y la inflación, limitando la provisión de bienes y servicios como salud, educación y seguridad para los más necesitados, y como finalmente impacta en otros gastos del Estado como las jubilaciones o la asignación universal por hijo.

La Argentina tiene enormes oportunidades en el sector energético, dispone de recursos de calidad mundial y los costos de energía más bajos de la región, pero se necesitan consensuar marcos regulatorios que promuevan la eficiencia y la competencia para capturar estas oportunidades. La crisis económica requiere una discusión profunda sobre la necesidad de protección de los usuarios vulnerables, sin embargo, los subsidios generalizados y altamente regresivos que plantea el gobierno atentan contra esta protección.

La actual administración podría disponer de una gran herramienta creada en la administración anterior: la tarifa social federal, que evita romper el arreglo tarifario vigente, establecido de acuerdo a la normativa, y distorsionar las señales correctas tanto para consumidores como para productores, y al mismo tiempo puede adecuarse a las necesidades de la situación crítica que estamos atravesando. Mientras que el país y el mundo enfrentan enormes desafíos planteados por el combate al cambio climático y la necesidad de avanzar en la transición energética, los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y a la energía de manera más general atentan contra el avance en este sentido.

Creemos que es hora de discutir y consensuar nuevas soluciones para los desafíos del sector energético para arribar a un acuerdo justo para los argentinos (en su rol tanto de consumidores como contribuyentes, presentes y futuros), protegiendo a los más vulnerables, asegurando el suministro de energía, promoviendo la competencia y avanzando en la transición energética.