ROBERTO MALDONADO*

En esta oportunidad nos referiremos al modelo de “Acuerdo Previo” entre los pueblos indígenas y los inversionistas, que es una interesante propuesta dada por la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, liderada por la reconocida investigadora Roxana Barrantes, para recuperar las inversiones en exploración.

Como se recuerda, esta Comisión -integrada por profesionales de distintas posiciones políticas- recibió en el 2019, el encargo del gobierno peruano para proponer medidas normativas, de gestión y política pública que logren afianzar la sostenibilidad y la percepción de nuestra minería.

Una de estas propuestas fue justamente impulsar el modelo de acuerdo previo como una alternativa válida que cumpla con las exigencias de la consulta previa para el caso de los pueblos indígenas con el debido acompañamiento del Estado peruano en dicho proceso.

Dicho modelo plantea evitar la innecesaria duplicación de procesos de diálogo en la actividad minera. La casuística muestra claramente que somos el único país de la región en duplicar la consulta previa al aplicarla tanto en la etapa de exploración como de explotación. En Bolivia, Colombia y Chile este proceso se restringe sola a la fase de explotación.

Pero además de ello debemos considerar dos puntos que se deben entender con claridad. El primero es que la exploración es una actividad cuyo impacto ambiental es menor y tiene los programas de remediación estándares y normados, y su actividad es temporal en función de los resultados de la exploración.

El segundo punto es que muchas veces, este tipo de emprendimientos, a pesar de tener cierta certeza en la fase de prospección cuando se llega a la etapa de exploración, los resultados de las perforaciones tienen una alta probabilidad de no cubrir las expectativas para continuar con las siguientes etapas del proyecto.

Las estadísticas son precisas: de 1,000 prospectos, 100 entran en perforación, y solo 1 se convierte en una mina. Es decir, en teoría solo este proyecto justifica pasar por consulta previa puesto que ya cuenta con la viabilidad económica.  De lo contrario estaríamos creando, a su vez, falsas esperanzas en la gente del entorno.

Por ello creemos que es importante ajustar las normas.  Y en esa línea va el anuncio del Ministerio de Energía y Minas -el cual saludamos- que ha recogido esta propuesta consensuada de la Comisión, con el propósito de agilizar el diálogo intercultural y reducir el tiempo de la consulta previa de 1 año a seis meses.

La industria minera es una actividad clave para la reactivación económica, que requiere de acciones que aseguren el futuro del país. Para ello, requerimos aprovechar el potencial minero promoviendo la exploración, buscando acelerar el desarrollo de proyectos mineros y la puesta en marcha de nuevas operaciones con beneficios sociales y cumpliendo las regulaciones ambientales.

* Primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú