MARCOS PORTEAU*

La producción nacional de gas natural continúa declinando y las inversiones están paralizadas, esto significa un signo preocupante ante el cual es necesario tomar acciones urgentes para evitar que se repita la historia que ya vivimos en la década pasada, signada por menor actividad local y mayor importación de combustibles más caros, comprometiendo la seguridad de abastecimiento.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional, luego de meses de inacción, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 892 del 2020 crea un nuevo plan de incentivos para la producción de gas natural en Argentina.

En qué aspectos coincidimos

Coincidimos con la necesidad de actuar desde el Gobierno para detener la caída de la producción local de gas natural, como lo hizo el Gobierno de JxC logrando el nivel de producción más alta desde el 2008. Estamos de acuerdo con la necesidad de contratos que permitan el desarrollo de las inversiones y coincidimos que estos contratos, en un marco de competencia, reflejarán los costos económicos de producción, como expresa el Gobierno Nacional en los considerandos del DNU mencionado diciendo que los precios de gas natural deben ser capaces de producir niveles de precios acordes con inversiones a largo plazo y asegurar que los precios del gas natural resultantes de los contratos compatibilicen la seguridad de abastecimiento con el mínimo costo. Justamente por ello y dada la competitividad de nuestros recursos de gas natural, promover la competencia y la libertad de contratación debería ser el foco del retorno a un sistema sustentable.

Asimismo, compartimos la preocupación por la protección de los usuarios más vulnerables como principio de cualquier política energética sustentable. Por ello, justamente, es necesario separar el funcionamiento del mercado de gas natural, en competencia, y la fijación de tarifas eficientes que reflejen los costos reales del servicio, de la protección de los usuarios vulnerables, que es responsabilidad del Estado Nacional y tiene mecanismos para implementarlo sin interferir en el mercado mayorista, intervención que generó la situación apremiante en la que nos encontramos.

Estos son los objetivos de la Ley 24.076 y su marco regulatorio que se basa en la promoción de competencia en la producción, la libertad de contratación, y la protección de los más vulnerables, que a través de esquemas focalizados como es la Tarifa Social Federal constituye el camino de normalización que requiere el sector para desarrollarse.

En qué aspectos disentimos

Sin embargo, es preocupante que el mecanismo elegido sea el de profundizar la intervención del Estado en el sector, incrementando la discrecionalidad de la Administración para fijar precios, y particularmente generando compromisos de subsidios económicos sin la intervención del Congreso de la Nación, subsidios que deberán ser pagados por todos los contribuyentes, aun aquellos sin acceso al gas natural. Entre los objetivos del Programa se proclama la voluntad de crear un instrumento que permita disociar el precio del gas natural, que refleja los reales costos de producción y desarrollo, del valor que se traslada a los usuarios y las usuarias de las distribuidoras por medio de la tarifa, un camino ya probado que fracasó. Por otra parte, el esquema modifica los principios establecidos en el Artículo 38 de la Ley 24.076 respecto de la determinación de las tarifas y contradice el objetivo de dar previsibilidad y sustentabilidad al sector al tornarlo dependiente de los subsidios del Estado Nacional para su subsistencia.

Si bien compartimos la preocupación del Gobierno Nacional del impacto de un aumento tarifario en un año afectado por la crisis económica y la pandemia, creemos que ello debe ser enfrentado a través de medidas transitorias y, particularmente, la utilización de la Tarifa Social Federal de Gas Natural, que es un instrumento específicamente previsto desde el año 2016 para la protección de los usuarios vulnerables, que puede expandirse transitoriamente en función de las necesidades de la situación del país. La falta de claridad respecto de los montos de los subsidios comprometidos, su extensión sectorial y temporal, y los mecanismos que se utilizaran para determinarlos resultan preocupantes, tanto en el sector de gas natural como en el sector eléctrico.

Finalmente, la transición energética y el combate al cambio climático reclaman tener en cuenta los compromisos de la Argentina con el Acuerdo de París, y en el G20, de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles que generan consumo ineficiente.

*Integrante de la Mesa de Energía de la Fundación Pensar