NÉSTOR O. SCIBONA*
Así como los barbijos -bien colocados- tapan la mitad del rostro, el relato oficial oculta buena parte de la realidad económica y sus perspectivas a corto y mediano plazo. Por lo general, con señales difusas, confusas y muchas veces contradictorias, propias de un doble comando político que neutraliza anuncios o decisiones.
El gobierno de Alberto Fernández no desconoce que las expectativas económicas le juegan en contra. Una prueba es la nueva escalada del dólar paralelo en esta semana, que puso fin al "veranito" de doce ruedas en baja y elevó a 115% la brecha con el oficial. Es el síntoma de la desconfianza en cómo resolverá los problemas en el frente fiscal, monetario, cambiario y de inflación reprimida. Pero el relato oficial eliminó toda referencia a una mayor inflación y/o ajuste fiscal, con lo cual complica más las cosas.
Aunque faltan once meses para las elecciones legislativas de 2021 y las PASO están en duda, el discurso apunta a los votantes del oficialismo con muchas palabras y muy pocos números. Hace varias semanas que el Presidente dejó de hablar de la economía y del dólar, para volver a culpar de todos los problemas a la herencia macrista y asistir - al estilo de Cristina Kirchner- a inauguraciones puntuales de ampliación de plantas industriales. Su mensaje es algo así como una remake del "estamos mal, pero vamos bien" del menemismo. Y que, si las vacunas ponen un pronto fin a la pandemia todo volverá a la normalidad, pese a la segunda ola de contagios que afecta ahora a los países europeos y a Brasil.
Con esta lógica fue armado el presupuesto nacional para 2021, próximo a ser sancionado en Diputados, sin gastos asociados al Covid (ATP, IFE) y un déficit primario equivalente a 4,5% del PBI que, en los papeles, será financiado en más de la mitad (54%) con emisión de pesos del BCRA (que implicaría una suba de $ 1,2 billón en la base monetaria).
No sólo eso: también prevé una inflación de 29% en la que cuesta creer. Sin ir más lejos, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado a fin de octubre por el BCRA, estima para 2021 una suba de 49/51% anual en el índice de precios al consumidor, que la consultora de Orlando Ferreres estira hasta 56,4% (con un dólar oficial de $161 a fin de diciembre).
Sin poder hablar públicamente de ajuste fiscal ni de la fuerte distorsión de precios relativos que provoca la inflación reprimida por congelamientos y controles, el ministro Martín Guzmán debe hacer malabarismos discursivos en su nuevo rol de primus inter pares del gabinete económico y el BCRA. O recurrir a dobles mensajes, como ocurrió en la reunión con empresarios de AEA, donde reveló su intención de reducir el déficit primario a 3,9% del PBI o menos (aunque desde un desequilibrio inferior a 8% en 2020) para facilitar el nuevo acuerdo con el FMI que permita postergar con cuatro años y medio de gracia los pagos de US$ 44.000 millones. Algunos analistas equiparan esa propuesta con la primera oferta a los acreedores privados para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera.
Aun así, esta semana acaba de emitir la primera señal de ajuste con el proyecto para volver a la fórmula de movilidad previsional de 2008 en reemplazo de la reforma de fin de 2017, aprobada en medio de la violenta intifada opositora frente al Congreso. Así, las jubilaciones dejarán de ser ajustadas en 70% por inflación y pasarán al 50% por salarios registrados (Ripte) y 50% por la recaudación de la Anses (en este caso sin piso, pero con un techo de 3%). Además, los ajustes no serán trimestrales sino semestrales (marzo y septiembre). La Fundación Capital, que dirige Martín Redrado, estima que el cambio implicaría un ahorro fiscal equivalente a 0,6% del PBI en 2021.
Con la expectativa de inflación en alza, el cambio de frecuencia en los ajustes implicará de hecho un deterioro de ingresos jubilatorios. Además, el nuevo esquema es pro-cíclico, ya que los haberes mejoran si la economía crece (por mayores salarios y recaudación) o viceversa, como ocurrió este año. Esto sin contar la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima, que actualmente se ubica en $ 18.129 mensuales pese al achatamiento de la pirámide previsional debido a los ajustes diferenciados aplicados por decreto. Como es habitual, Guzmán justificó el cambio en "lograr la sustentabilidad a largo plazo del sistema de seguridad social". Pero está lejos de ser una reforma estructural, si se tiene en cuenta que el Tesoro Nacional atiende parte del déficit de las cajas provinciales y las jubilaciones de privilegio, que el número de aportantes se redujo a 1,2 por cada jubilado tras las masivas moratorias de la gestión de CFK y, fundamentalmente, porque el empleo en negro supera el 40%. No es la única falta de sustentabilidad que padece la economía argentina, que tampoco crece desde hace una década.
Otra señal para reducir el déficit fiscal es que el Presupuesto 2021 mantiene en 2,2% del PBI los subsidios a las tarifas de energía (1,7%) y transporte (0,5%), que no varían con respecto a 2020 pese a la inflación de 36% anual. De ahí que el Gobierno haya anunciado para fin de este año el descongelamiento para electricidad y gas natural, sin mayores precisiones. Esta decisión está rodeada de incógnitas.
El especialista Alejandro Einstoss, profesor en la UBA y miembro del Instituto de Energía General Mosconi, estima que a lo largo de casi 20 meses de congelamiento (iniciado por Macri en abril de 2019 y mantenido hasta ahora por Fernández), el valor agregado de distribución (VAD, que representa la mitad de las facturas de electricidad), acumula un atraso de 80% medido por el índice de precios mayoristas. Como consecuencia, las distribuidoras acumulan una deuda de $130.000 millones con la mayorista Camessa, que a su vez adeuda unos $ 60.000 millones a las generadoras de energía eléctrica. Un artículo de la ley establece que el Tesoro se hará cargo de esta última deuda. Y otro que las distribuidoras deberán cancelar el 50% de la primera y el resto en cuotas. A esto se suma que el secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó en un reportaje con LA NACION, que los aumentos de tarifas "serán para quienes puedan pagar" y los subsidios más focalizados según las bases de datos de la Anses. Einstoss calcula que si el ajuste fuera de 40%, la carga será mayor (entre 50 y 60%) para los usuarios de clase media. Por las dudas, Martínez ya advirtió hace algún tiempo que en el verano habrá cortes si las temperaturas fueran altas, aunque no explicó cómo se gestionaría la emergencia ante la caída de inversión de las distribuidoras.
En el caso del gas, el atraso tarifario alcanzaría a 70% en distribución. Metrogas dejó de pagar a los productores, mientras desapareció misteriosamente del presupuesto un artículo que validaba el pago de una deuda de casi $30.000 millones del Estado con las petroleras, que a su vez esperan el decreto del Plan Gas 4 -modificado varias veces-, para estimular a través de subastas en dólares una mayor producción que evite las importaciones en invierno y tarifas pesificadas y subsidiadas para los consumidores.
Pero en el transporte de colectivos, que se supone seguirá subsidiado, surgió un conflicto intrasectorial. Las empresas del interior, agrupadas en FATAP, advirtieron que el Presupuesto 2021 mantiene el mismo monto de este año ($ 1600 millones por mes) y necesitarían subirlo a $ 2500 millones, porque de lo contrario deberían aumentar el boleto mínimo de $ 22,50 promedio a $ 100 para cubrir los costos. Como argumento, denunciaron que los subsidios a las empresas del AMBA pasaron este año de $ 6500 millones a $ 9500 millones, más 4500 millones para cubrir la caída de pasajeros por las restricciones del Covid -19 y mantener el boleto mínimo en $18.
A este descongelamiento de características inciertas, se suma el de la medicina prepaga con 10% de aumento en diciembre, aunque el gobierno había autorizado previamente un 15% (y 10% en febrero) que luego dejó sin efecto, en tanto que a fin de año vence el de telecomunicaciones, donde el sector no tiene novedades. Y también el de los precios máximos para 2500 productos de consumo masivo que rige desde marzo, fue prorrogado hasta fin de enero y la Secretaría de Comercio Interior acaba de flexibilizar simbólicamente para un conjunto de rubros "menos masivos" que representan una ínfima parte del gasto de los consumidores y las ventas de las empresas, con la sugerencia oficiosa de aplicar ajustes de 5%. De ahí el rechazo de Copal (que agrupa a 35 cámaras de la alimentación), que denunció un incremento promedio de 26% en los costos (con subas superiores a 80% en algunos casos) y autorizaciones previas de aumentos de 4 a 10,5% según el sector. Aquí también hay una seria distorsión de precios relativos, que quedó en evidencia con el aumento de 3,8% en el índice de precios de octubre, el más alto del año. Según un informe de la consultora Ecolatina, en los primeros diez meses de 2020 los productos de consumo masivo acumularon una suba de 18%, mientras que los libres (sin precios regulados, acordados o congelados, como carnes, frutas y verduras) crecieron 35%, o sea casi el doble. Aun así, no son pocas las empresas que señalan que la debilidad del consumo no permitirá recuperar todo el desfasaje de costos.
El alza del 3,8%, que podría repetirse en los primeros meses de 2021 y disparar previsibles reclamos salariales, equivale a una tasa anualizada de 54%. Pero de eso el gobierno no habla. Sólo rescata que la inflación de 2020 será más baja que la de 2019.
