VÍCTOR GOBITZ*
Las imágenes de una señora corriendo detrás de la camioneta del presidente de la República, suplicando apoyo para su esposo, no solo simboliza la desesperación de miles de peruanos que claman por ser escuchados alguna vez, sino también refleja la gran frustración ante una realidad con la que convivimos a diario.
Una situación que exige respuestas urgentes desde hace mucho tiempo, pero que hemos dejado pasar por otras cuestiones, alargando la posibilidad de sentar de una buena vez, las bases para lograr ese anhelado desarrollo que aún esperan miles de compatriotas en plena víspera de nuestro bicentenario.
Respuestas que también desea brindar la industria minera peruana, que no plantea reemplazar al Estado en su rol, sino por el contrario, defiende la idea de trabajar juntos para cerrar las brechas sociales y económicas que dividen a nuestro país.
Una de estas respuestas pasa por mejorar la gestión de los recursos generados por nuestra industria, léase canon minero y regalías mineras. Un tema que merece una pronta atención, ya que el sistema actual ha generado desigualdades, entre las regiones, provincias, distritos y comunidades.
Un estudio del Banco Mundial señala que solo 6 regiones del país reciben más del 70% de las transferencias totales del canon, mientras que otras 14 regiones acceden apenas al 3% de dicha suma. A nivel distrital, la diferencia es abrumadora, pues solo 4 de las 1,842 municipalidades reciben más del 50% del monto asignado a los gobiernos locales.
Y ni qué decir de la ejecución de los recursos del canon, que representan la mitad del impuesto a la renta pagado por las mineras formales. En la última década (2009-2019), las empresas mineras transfirieron más de 40 mil millones de soles por conceptos de canon y regalías, siendo ejecutado solo el 65% por los gobiernos regionales.
Lo cual nos dice que no solo no hemos sido efectivos, sino que no hemos podido contribuir mucho más a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones alejadas que hoy requieren, por ejemplo, un hospital de primer nivel en los lugares donde viven. Ello nos obliga a replantear todo nuevamente.
Debemos implementar mecanismos que ayuden a compensar estas desigualdades existentes, así como también a mejorar la capacidad de gasto en los tres niveles de gobierno. El esquema de adelanto de transferencias será vital en el caso particular de las zonas de influencia de los proyectos mineros.
Asimismo, el fortalecimiento de la supervisión de la Contraloría -sobre todo la vigilancia permanente de los distritos que reciben mayores cantidades de recursos- y la obligatoriedad en la contratación de funcionarios de Servir, serán claves para avanzar como sostiene el Informe de la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible.
Pero más allá de ello, tenemos claro que hoy más que nunca, debemos contar con una mirada de desarrollo territorial para orientar el uso eficiente y distribución del canon minero. Un enfoque más amplio que asegure no solo el desarrollo de las zonas que reciben canon, sino también el progreso de las poblaciones más pobres, alejadas y vulnerables. De esos miles de peruanos que hoy claman por ser escuchados.
*Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
