Una historia de capitalismo global, como cualquier otra: en 1986, en Lima, se crea un barrio llamado Las Torres de Limatambo —algo parecido a lo que se conoce en Europa como viviendas de protección oficial o the projects en Estados Unidos—. La flamante farmacia de mi barrio, se llamaba Botica Torres de Limatambo (conocida después como BTL). Durante los 90, ese negocio familiar prosperó hasta convertirse en una cadena importante de farmacias en la ciudad. En 1999 la cadena fue vendida a la multinacional israelí Teva Pharmaceutical Industries, que en 2011 se la vendió al grupo Quicorp, que a su vez fue absorbido en 2018 por el grupo Intercorp que hoy controla el 95% de las farmacias del país —además de uno de los principales bancos, supermercados, cadenas de cines, aseguradoras, restaurantes de comida rápida, hoteles, universidades y colegios— y está liderado por el hombre más rico del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, cuya fortuna según la revista Forbes está valorada en más de 4,000 millones de dólares.

Durante la pandemia, muchas farmacias pertenecientes a Intercorp, como BTL, han tenido un papel nefasto especulando, ofreciendo como primera opción medicamentos genéricos de sus propias marcas o encareciendo sus precios ya que el gobierno del Perú no puede, constitucionalmente, regular dichos precios —la Constitución peruana vigente fue promulgada durante el gobierno del dictador Alberto Fujimori en 1993—. De hecho, el gobierno actual ha tenido que adoptar una serie de medidas de emergencia para intentar frenar la voracidad de estas empresas. Por ejemplo, un decreto de urgencia para obligarles a proporcionar al Estado información real sobre sus stocks y sus precios de venta al público. Pero las farmacias son solo un eslabón más de la cadena de la salud privatizada.

Un informe del Instituto Nacional de Salud de Perú, fechado el 29 de mayo, concluyó que clínicas privadas habían hecho cobros irregulares a sus pacientes por las pruebas moleculares para la detección del COVID-19 que el propio instituto realiza gratuitamente. Los cobros de las clínicas se justifican, según recibos, en el material de recogida de la muestra (como guantes o mascarillas descartables) por el que en algunos casos han llegado a cobrar a sus clientes casi 600 soles (unos 170 dólares). Por otro lado, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, Carlos Acosta, explicó en un canal nacional que se está realizando un informe al respecto, que involucra a 136 clínicas privadas del país. Todo ello mientras la gente adquiere con ellas deudas millonarias para pagar el tratamiento, muchas veces infructuoso, de sus familiares.

Y en este juego entran, además de las clínicas y las farmacéuticas, las aseguradoras —que, como señala esta investigación del portal Ojo Público, han llegado a elevar hasta en 20% los costos de sus pólizas durante la pandemia—, y los proveedores de insumos tan básicos como el oxígeno medicinal. Esto último es especialmente lacerante en un país en el que la producción de este gas está también monopolizada por dos empresas, Linde y Air Products, a través de varias subsidiarias. Ambas empresas no solo ya habían sido sancionadas en el pasado por monopolizar la producción de oxígeno medicinal en el país, sino que, según señala un informe de la Defensoría del Pueblo, una vez desatada la pandemia habrían también elevado los precios del producto mientras la gente moría, literalmente, por falta de oxígeno.

Ante este panorama cabe preguntarse no ya si es ético dejar la salud y el bienestar de las personas en manos de capitales privados cuya finalidad es, naturalmente, el beneficio económico y no la vida —en el Perú, el gerente de una Administradora Privada de Pensiones, dijo públicamente que “desgraciadamente cada vez vivimos más”—, sino si este modelo es siquiera rentable para las propias economías capitalistas.

Cuando las fuerzas políticas más progresistas defienden medidas tan “radicales” como la salud pública o la renta básica universal, en realidad no están trabajando para ninguna revolución. No, ni Bernie Sanders en Estados Unidos, ni Pablo Iglesias en España o Verónika Mendoza en Perú son políticos antisistema. De hecho, probablemente sus propuestas en materia de salud pública sean las únicas que garantizan la continuidad de un modelo en el que las grandes fortunas puedan subsistir. Es tan elemental como asumir que, de lo contrario, tarde o temprano, tras esta pandemia o las siguientes, no quedará nadie para trabajar en sus fábricas, consumir sus productos o seguir haciendo circular la rueda de hámster del dinero. Pero ni siquiera esto, que parece tan sencillo, ha podido en el Perú con la tentación de engrosar un poco más las arcas a expensas de lo que más sufren.

En el Perú, además, la creación perversa de grandes monopolios muchas veces sustentados en la corrupción, tiene como consecuencia directa una enorme desigualdad social, lo que a su vez genera un aumento constante de la actividad económica informal, ese gran ogro de las economías emergentes.

La gran diferencia que ha puesto de manifiesto esta pandemia en el Perú está en que al ciudadano degradado que especula y vende tanques de oxigeno industrial haciéndolo pasar por medicinal, se le persigue y se le apresa, mientras que al gran capital, que además de lucrarse y abusar de las personas en mitad de una emergencia sanitaria, se acoge a todos los beneficios fiscales, se le rescata.

Esta semana, un reportaje del portal Convoca que analiza la información por el propio Ministerio de Economía peruano, ha revelado que en el marco del programa Reactiva Perú, destinado originalmente a ayudar a pequeñas y medianas empresas a subsistir durante la pandemia, una de las grandes beneficiadas ha sido Intercorp, cuyo banco ocupa el tercer lugar entre las entidades que han gestionado los préstamos y cuyas empresas —entre ellas, la farmacéutica Química Suiza— los han obtenido. Sí, el mismo grupo financiero que es el dueño de la farmacia de mi barrio y de casi la totalidad de cadenas farmacéuticas en el país.

Y el círculo vicioso está empezando a ser insostenible