Julio César Crivelli*
La Argentina se encuentra desde hace tiempo inmersa en un estancamiento, en términos de desarrollo, situación que requiere con suma urgencia implementar políticas más sólidas y perdurables en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.
La intensificación en los programas de obras públicas, en materia de transporte, vialidad y energías renovables, con el aumento de la actividad en la región de Vaca Muerta y la implementación de los créditos UVA, fueron medidas interesantes de la actual administración gubernamental, que se vieron vapuleadas por la profunda crisis que se inició a mediados de 2018. Los principales efectos dentro del sector pasaron por un menor avance e incluso paralización de la obra pública. Los privados resultaron los más afectados, sin proyectos nuevos, ante la incertidumbre política y la crisis financiera, que disminuye la cantidad de potenciales compradores.
Bajo este escenario y con miras al futuro, debe tenerse claro lo principal: Argentina está atrasada, y desde hace décadas, en materia de obra pública. Muchos gobiernos han pasado y ninguno pudo, supo o quiso establecer reglas claras, en pos del desarrollo del sector, en evidente detrimento de la sociedad.
Resulta imprescindible concentrar la obra pública en aquellas necesidades de infraestructuras económicas y/o sociales, que generen capital privado asociado (comercio, industria, servicios) y que provean de empleo, para disminuir la pobreza.
Por este motivo, es en extremo necesaria una Agencia Federal con directorio público y privado que se encargue de elegir las obras bajo dicho criterio y también ordenarlos mediante la concentración de los fondos destinados para la obra pública, a partir de un único Fondo Fiduciario, a fin de contar con una cantidad de dinero suficiente para iniciar un plan de transformación.
Respecto a las obras privadas, es conocido que Argentina presenta un déficit de tres millones de viviendas. Para terminar con dicho déficit son necesarios un sistema hipotecario y una legislación de alquileres que genere inversores, todo esto basado en un sistema tipo UVA o similares, pero agregándoles desgravaciones importantes para el inversor y el comprador.
Por supuesto, a esta realidad tampoco escapa la cuestión de los alquileres. En ese sentido, resulta fundamental eliminar las cláusulas de protección del inquilino y reemplazarlas por subsidios estatales. Asimismo, deben posibilitarse políticas que aminoren las cargas impositivas para inversores en vivienda y en propiedades de alquiler.
En conclusión, ante los tiempos que imperan y los requerimientos que afloran, la Cámara Argentina de la Construcción seguirá proponiendo estrategias que faciliten el crecimiento de la industria y, en consecuencia, contribuyan al desarrollo definitivo del país.
*Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
