Desde el mensaje presidencial se viene especulando acerca de los cambios que podrían introducirse a través de una nueva Ley General de Minería (LGM). Asimismo, se escuchan comentarios acerca de “qué podría mejorarse en la LGM actual”. Sin perjuicio de que toda norma puede ser mejorada y que seguramente la LGM actual no es la excepción a esa regla, el debate de una nueva LGM no resulta prioritario en un contexto de alta conflictividad social contra el desarrollo de proyectos mineros, como es el caso de “Tía María”.

Cabe señalar que el mensaje presidencial del pasado 28 de julio fue bastante escueto en justificar la necesidad de este cambio (el presidente se limitó a señalar que la norma era muy antigua y que necesitaba ser actualizada) y no mencionó -ni siquiera de manera general- qué aspectos de la LGM deberían ser cambiados. Esta situación genera dos tipos de expectativas o especulaciones de particular riesgo: (i) que se espere que los problemas relacionados con la conflictividad social existente en torno a la minería vayan a ser solucionados por “arte de magia” con la aprobación de una nueva LGM; y, (ii) que se pretenda introducir cambios radicales en esta nueva versión de la LGM.

Sobre la primera expectativa no hay mucho que comentar. Está claro que los problemas que enfrenta la minería no se van a resolver mediante la emisión de una o más normas, como ocurre con muchos otros problemas que enfrentamos como país. El segundo punto resulta preocupante porque genera un espacio para que grupos radicales realicen propuestas que seguramente buscarán sólo el beneficio particular de dichos pequeños grupos y empeorarán la situación actual (por ejemplo, la propuesta de un grupo de gobernadores para que la mediana y gran minería pase a ser competencia de los gobiernos regionales).

Dada la coyuntura actual, no resulta apropiado – ni pertinente – modificar la principal norma del sector más importante para la economía nacional. Hacerlo debería ser producto de un trabajo planificado, objetivo y técnico, con una proyección de largo plazo, no sujeta a un determinado contexto social y económico. Con la propuesta actual se corre el grave riesgo de legislar de forma apurada y en base a la coyuntura; en lugar de legislar de una manera en la que se refleje una visión de largo plazo.

Considero que el desarrollo de la industria minera requiere de otros cambios más importantes y urgentes:

- La reforma del Poder Judicial: que nos permita asegurar que la ley y los contratos sean cumplidos. Si bien ésta ha sido tratada ampliamente, la discusión no ha tocado con suficiente énfasis el grave impacto que se genera en la economía. Lo cierto es que mientras no tengamos un sistema de administración de justicia que funcione de forma adecuada, se seguirá desalentando la llegada y la permanencia de empresas que buscan seguridad jurídica en sus inversiones.

- La reforma integral del Estado: que tenga como resultado que se elimine la corrupción, que se implemente un adecuado sistema de meritocracia en la carrera pública (que permita que los más capacitados sean los que ocupen los puestos más altos en las entidades del Estado); y que todas las instituciones del Estado, luego de asegurar que cuentan con funcionarios idóneos, puedan tomar decisiones y legislar (en el caso particular del Congreso) de forma técnica.

- Necesitamos fortalecer la capacidad de gestión, así como eliminar la corrupción de los gobiernos regionales y locales, para que éstos sean parte del proceso de mejora del Estado.

- Necesitamos un Estado presente en áreas rurales, que asegure la prestación de servicios básicos y educación de calidad.

Si queremos que nuestro país mejore (teniendo a la minería como pieza clave para dicho desarrollo), debemos buscar y exigir cambios urgentes en quienes administran y hacen valer las normas; es decir, en todos los niveles del Estado. De esta forma, necesitamos convertir al Perú en un país en el que prime el estado de Derecho, que tiene como requisitos la primacía de la ley, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, legalidad, transparencia, no arbitrariedad, entre otros. De poco sirve tener excelentes normas que son mal -o no son- aplicadas.