Por Néstor O. Scibona.
Cuando faltan siete meses para las PASO y poco más de diez para las elecciones de octubre, hay dos consensos entre los analistas económicos independientes. Uno, que los crecientes desequilibrios macroeconómicos acumulados durant e la gestión de Cristina Kirchner no tendrán correcciones en lo que resta de su mandato. Otro, que los déficits "gemelos" (fiscal y externo), el nuevo round de atraso cambiario y la fuerte distorsión de precios relativos con enormes subsidios estatales no son sostenibles mucho más allá de 2015 sin mayores costos inflacionarios o recesivos y, más temprano que tarde, deberán ser enfrentados por el próximo gobierno de cualquier signo que sea.
Por ahora, las prioridades de Cristina son "zafar" hasta las elecciones sin situaciones de crisis (por escasez de dólares o rebrote inflacionario) y tratar de empujar la demanda con más gasto público y créditos subsidiados para la compra de bienes poco intensivos en insumos importados. El objetivo político es dejar el mejor recuerdo posible de su último año de gestión, que incluye trenes nuevos y nafta más barata. El económico, presentar como sostenible un esquema insostenible. Con suerte, luego podría llegarle el tiempo de agitar la consigna "con nosotros no pasaba" cuando haya que abrir la herencia y comenzar a resolver en serio los problemas.
Sin embargo, no todo es tan lineal en este año de transición política mucho más complicado de lo que podía presuponerse. A partir de la crisis por la sospechosa muerte del fiscal Nisman y el enfrentamiento cada vez más desembozado entre la Casa Rosada y buena parte del Poder Judicial y los fiscales, cualquier imponderable puede estar a la vuelta de la esquina. Máxime con un gobierno encerrado en sí mismo, que ha dinamitado todos los puentes de diálogo con quienes no sean aliados incondicionales y hace abuso de su mayoría legislativa para sancionar leyes exprés, sin debate ni consenso con la oposición, que dejarán un campo minado a cualquier futuro gobierno.
Para sortear la restricción externa, el Gobierno acaba de apostar sus fichas a la "relación estratégica integral" con China, con el mismo ímpetu que ocho meses atrás -antes del default- lo había hecho con los pagos a Repsol, al Club de París y los juicios pendientes en el Ciadi. Ya no se trata sólo de asegurarse un prestamista de última instancia, a través de swaps chinos para contabilizar reservas del Banco Central por encima de los 31.000 millones de dólares. El convenio marco que consagra la adjudicación directa de obras de infraestructura y la radicación de técnicos chinos a cambio de financiación a largo plazo, se amplifica con otros 22 acuerdos bilaterales firmados por CFK en Pekín. Allí se incluyen inversiones y financiamiento para proyectos demorados durante años, como dos nuevas centrales nucleares; la reactivación del Belgrano Cargas; cooperación aeronáutica y espacial, explotación minera y áreas tan diversas como contenidos de TV. Too much hubiera dicho en otras épocas Cristina, quien diez meses antes del fin de su mandato presentó la asimétrica alianza como una política de Estado, a semejanza de Luis XIV ("El Estado soy yo"). Una definición tanto o más desubicada que su tuit fonético, si se recuerda que la mayoría oficialista en el Senado la aprobó en 48 horas en la última sesión de 2014, con el rechazo de la oposición y sin consulta previa con especialistas (como los ocho ex secretarios de Energía, que sentenciaron que el acuerdo "hipoteca el futuro energético del país"), ni sectores empresarios preocupados por sus inciertos alcances y que, aún así, recibieron la reprimenda presidencial. Más allá de la euforia oficial por esta alianza, YPF comprobó, en cambio, que el riesgo argentino acota sus necesidades de financiamiento en el mercado occidental: tuvo que conformarse con obtener 500 millones de dólares (en lugar de 750 millones), para no convalidar tasas superiores al 9% anual a 3 y 6 años, a diferencia de otros países de la región que pueden financiarse a la mitad de ese costo y a plazos más largos.
En el plano interno, la estrategia oficial es mantener a raya el dólar y la inflación, pero no está exenta de riesgos ya que reprime los efectos sin atacar las causas. La principal, que el gasto público aumenta sin límite y debe ser financiado con la "maquinita" del BCRA pese a la presión tributaria récord.
Con la señal de que el tipo de cambio oficial seguirá virtualmente anclado y garreando muy por debajo de la inflación se busca frenar las expectativas de suba de precios. Pero a costa de deprimir exportaciones, reducir el superávit comercial y continuar restringiendo pagos y permisos previos de importaciones para cuidar las reservas del BCRA. Pese al impacto recesivo de esta política sobre muchos sectores, para el gobierno de CFK, la prioridad es mantener la "pax" cambiaria con tipo de cambio real bajo, cepo y proliferación de controles cambiarios.
Aún así, en las últimas semanas reaparecieron los ruidos en el mercado oficial. La abrupta suspensión de ventas de dólares a importadores dispuesta telefónicamente por el BCRA, puso de relieve que la demanda viene superando a la oferta y que no todas las reservas son de libre disponibilidad. También en lo que va de 2015 se intensificó la compra de dólar ahorro y de dólar turista (a $ 11,69 con el 35% extra de la AFIP) para el pago de pasajes y gastos con tarjeta, en viajes hacia destinos como Brasil, Chile, Uruguay o Europa que se abarataron por la depreciación de sus monedas frente al dólar.
Para evitar el contagio sobre el dólar contado con liquidación y el paralelo, el BCRA optó por secar de pesos la plaza financiera. Y debió mantener en pie -para disgusto de Kicillof y del propio Vanoli- la política monetaria restrictiva de la era Fábrega. El economista y periodista Enrique Szewach acaba de bautizarla como "la regla del 80": emitir por el 80% del déficit (161.500 millones de pesos en 2014) y absorber fondos colocando deuda por el 80% de lo emitido, a tasas de 27/28% anual. De esta manera, el BCRA se endeuda con los bancos en pesos a corto plazo, pero reduce la capacidad prestable al sector privado. Y resta margen para estimular el consumo con planes como el "Ahora 12", aunque probablemente sea prorrogado hasta fin de año.
Szewach recuerda que, en el pasado, siempre terminaron mal los experimentos de anclar el tipo de cambio y endeudar al BCRA a corto plazo para lograr una aparente calma cambiaria e inflacionaria. Sin embargo, en este año electoral nadie espera que se desacelere el gasto público: en 2014, sin elecciones, creció nada menos que 45% interanual y ocho puntos por encima de la recaudación impositiva. Con esta perspectiva, la política del BCRA se pondrá a prueba.
Otra incógnita son las paritarias, que el Gobierno busca ubicar debajo de 30%. Aunque la suba de la inflación se ha desacelerado en los últimos meses (y en 2015 podría ubicarse más cerca del 30% que del 40% como ocurrió en 2014), ese objetivo está en duda. No sólo porque no se contrarresta la pérdida de poder adquisitivo que el año anterior redujo el consumo por primera vez en la era K. También por la división del sindicalismo, que sólo coincide en rechazar la grosera desactualización del impuesto a las ganancias en detrimento de los salarios.
Por ALEJANDRA GALLO.
En tiempos de máxima tensión política, el Gobierno de Cristina Kirchner volvió a su receta original: la fragmentación del sector empresario. Justo cuando el freno al crecimiento económico y el fin de ciclo comenzaban a unir diferentes sectores; la Presidenta reactivó su radar para trabajar (con éxito, hasta ahora) ‘debilidades’ empresarias.
El Grupo de los Seis (G6) estaría al borde la fractura; por eso sus directivos prefieren no verse cara a cara para discutir las secuelas económicas del caso Nisman. La Cámara de la Construcción estaría por dar el portazo, luego de no haber firmado el documento en el que el G6 pidió el esclarecimiento de la muerte del fiscal a cambio, según trascendió, de que se aceleren pagos por $ 2.400 millones atrasados a constructoras por obra pública.
El pase de facturas recrudeció en los últimos días en el frente empresario hasta ahora compuesto por la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Bolsa, los bancos nucleados en Adeba, la Sociedad Rural –quienes sí firmaron aquel documento– y la CAC. En esa última entidad hay demasiadas tensiones en danza. La discusión por su representación gremial-empresaria es ínfima en comparación con otros temores. Por ejemplo, el miedo que dominan los directorios de varias constructoras (de todo tamaño) por la posibilidad de que el juez Sebastián Casanello cite a declaración indagatoria al empresario Lázaro Baéz por presunto lavado de dinero. Si eso ocurre, muchas compañías del sector quedarían mucho más que salpicadas por sus dichos.
También hay caras largas dentro de la Mesa de Enlace, luego del encuentro de la Federación Agraria con el titular del Banco Nación y tres ministros: el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el de Economía, Axel Kicillof, el de Agricultura, Carlos Casamiquela. Fue justo cuando el resto de las entidades agropecuarias evaluaban llevar a la Justicia al Banco Nación por su nueva disposición en torno al otorgamiento de crédito a cambio de liquidación de granos.
"Nuestro objetivo es priorizar las demandas y necesidades de nuestros pequeños chacareros", explicó Omar Príncipe, flamante titular de la FAA. "Entendemos las necesidades, lo que nos preocupa es la falta de coherencia en las políticas del Gobierno nacional: bajan las retenciones a 1% las petroleras porque baja el precio del crudo pública pero no modifican las de la soja aunque varíe su cotización internacional", retrucó Luis Miguel Etchevehere, titular de la SRA.
En concreto la FAA logró que el Nación segmente en hasta 600 toneladas para tomar esa decisión y dejó, así, fuera de conflicto a 20.000 productores chicos. Ahora rige una tregua de15 días para que se efectivice esa medida. También trascendió entre los economistas del Gobierno que habría anuncios para el trigo en los próximos días para tratar de aplacar los ánimos en las asambleas provinciales donde se reaviva la idea de hacer tractorazos sin cortes de ruta como ya ocurrió el año pasado en Córdoba, Chaco y Santa Fe. De paso, se afianzaría la cuña que el Gobierno logró volver a meter dentro de las entidades agropecuarias que fueron al paro en 2008, aunque hoy timoneadas en todos los casos por otros dirigentes.
Las virtuales fracturas en la dirigencia empresarial, en el fondo, no hacen más que reflejar dos corrientes que hoy conviven ene se ámbito. Quienes consideran roto y sin retorno el diálogo con un Gobierno en sus últimos meses de gestión y quienes, por el contrario, sostienen que hay sentarse a dialogar justamente por eso. En medio de este escenario se reactivó una nueva tensión. En la moda de modificar códigos con tratamiento exprés en el Congreso, al ministro de Trabajo, Carlos Tomada ya le hicieron llegar, una vez más, desde la Cámara de Comercio que preside Carlos de la Vega la preocupación por una iniciativa del diputado Héctor Recalde de sancionar un nuevo código de trabajo. Los empresarios dicen que le temen a las "propuestas populistas sin consensos"; el antecedente inmediato fue la Ley de Abastecimiento.
Mientras tanto, se suman señales de una economía fría que no reconoce temperaturas veraniegas. La magra colocación de YPF en el mercado internacional, a pesar de haber ido de la mano de presentadores de primera línea, alertó a varios embajadores argentinos en el exterior debido a las numerosas consultas que, repentinamente, tuvieron por el desempeño de la petrolera y por su alianza con la china Sinopec. Habrá que ver si la colocación local de hoy cambia las expectativas para YPF. Por ahora, todo parece indicar que la herencia K en materia de economía internacional será un guinche pesadísimo para el próximo Gobierno.
