Ing. Gerardo Rabinovich*.
El año 2014 finaliza sin que los reiterados anuncios de disminución de subsidios a los precios y tarifas en el sector eléctricos fueran concretados por el Gobierno. Una política inexplicable y clientelista demora una decisión que a todas luces aparece como imprescindible para restablecer los equilibrios microeconómicos indispensables al funcionamiento de las empresas de servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, como así también para disminuir el impacto macroeconómico que produce la importación de gas natural y gas oil para la producción de energía eléctrica y que penaliza al conjunto de la economía, reduciendo los márgenes de superávit en la balanza comercial y profundizando el déficit fiscal al que contribuyen con un saldo negativo cercano al 1,5% del PIB.
La información disponible muestra que las transferencias de carácter económico a empresas públicas, privadas, fondos fiduciarios y sector privado, acumulado a octubre de 2014, para el sector energético representaban el 73% de las transferencias totales por estos conceptos desde el Tesoro de la Nación. CAMMESA, la empresa administradora del mercado mayorista eléctrico, recibió la escalofriante suma de 60.160 millones de pesos en los primeros diez meses del año, duplicando los montos recibidos el año anterior para subsidiar la compra de combustibles destinados a la generación de energía eléctrica, mientras que ENARSA encargada de la importación de gas natural y combustibles líquidos, que en gran medida están destinados a la producción de electricidad, recibió un total de 35.607 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 54%[1].
En el sector eléctrico la cuenta presupuestaria denominada “Acciones de Sustentabilidad para el Suministro de Energía Eléctrica”, que traducido al lenguaje cotidiano se refiere a los conocidos subsidios, pasó de 7 mil millones de pesos en 2007 a 71,8 mil millones de pesos en el presupuesto recientemente aprobado para el 2015[2], cifra similar a la que se va a terminar ejecutando este año. En siete años las transferencias, se multiplicaron diez veces marcando un ritmo insostenible para su continuidad. Esto explica claramente como el sector energético ha pasado a condicionar fuertemente el equilibrio macroeconómico de nuestro país. No es casualidad, es una política deliberada que en la literatura económica es muy bien conocida y estudiada como aquella que está destinada a maximizar el éxito de quien define estas medidas en términos electorales, sin tener en cuenta o sin importarle demasiado las consecuencias que estas decisiones acarrean en el largo plazo al interés público y el costo de las mismas para las futuras generaciones. No hay dudas que estos números confirman la descripción de “populismo energético” con la que se ha calificado a la política energética de la última década.
El costo medio monomico de abastecimiento en el Mercado Eléctrico Mayorista, en 2014 se ha incrementado notablemente con un precio promedio máximo de 638 $/MWh en el mes de junio, superando en un 45% al precio máximo que se había registrado el mismo mes del año anterior. Como contrapartida el 80% de la demanda paga por el abastecimiento eléctrico 95 $/MWh, debiendo cubrirse la diferencia mediante los fondos asignados presupuestariamente, y que como señalamos anteriormente se han multiplicado por diez. La tendencia es fuertemente divergente y explica el gran desequilibrio de precios que impacta sobre las cuentas nacionales.
Otro aspecto importante respecto de la política de precios y tarifas es el componente de la factura destinado al pago de los servicios que prestan las empresas de servicios públicos de transporte y distribución, que en el lenguaje del sector se conoce como Valor Agregado de Distribución (VAD). La crisis económica del año 2002 obligo a dictar la Ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario que entre otras medidas dispuso la renegociación de los contratos de concesión de estas empresas y el congelamiento del VAD. Estas tareas siguen pendientes doce años después, en los que las disposiciones de emergencia se han renovado continuamente, produciendo profundas reformas en el funcionamiento y regulación del sector. Los cargos tarifarios se han mantenido prácticamente sin cambios en las empresas de jurisdicción nacional (transporte en extra alta y alta tensión, y distribuidoras del área metropolitana), mientras que en casi todas las jurisdicciones provinciales se mantuvieron esquemas de revisión tarifaria que permitieron actualizar el VAD en las provincias, siguiendo en muchos casos los esquemas fijados por la ley de Marco Regulatorio Nacional y Provincial con mecanismos de intervención de los Entes Reguladores Provinciales y Audiencias Públicas.
Ello explica los notables desequilibrios entre las tarifas que pagan los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, atendidos por EDENOR y EDESUR, que concentran más del 50% del capital de votos en las elecciones nacionales, y las tarifas que pagan las jurisdicciones provinciales que, en casos como los que se registran en las provincias de Córdoba y Santa Fe, son hasta seis veces mayores.
Para tratar de disminuir estas diferencias, el Gobierno Nacional implemento durante 2014 una política que a esta altura del año ha demostrado ser un fracaso, al no cumplir los objetivos previstos, llamado Plan de Convergencia Tarifaria Federal. Este plan consistía en breves palabras en congelar el VAD de las empresas provinciales durante este año y hasta el 31 de diciembre de 2014, y como contrapartida entregar fondos desde el Tesoro de la Nación a las provincias que adhirieran, para la ejecución de inversiones en un plan que debía ser consensuado entre el poder central y las provincias. Como resultado de esta adhesión, provincias como Mendoza, Entre Ríos, Rio Negro, Tucumán, entre otras, suspendieron los incrementos que habían establecido por medio de sus Entes Reguladores para sumarse a esta iniciativa nacional, esperando recibir como contrapartida los fondos prometidos.
Sin embargo, estos fondos fueron llegando con cuentagotas, en muchos casos no se recibieron más que anticipos comprometidos al momento de la firma de los Acuerdos, y en otros casos donde las empresas provinciales fueron más activas y pudieron cumplir con las condiciones impuestas desde el Ministerio de Planificación en materia de presentación de proyectos y otros trámites administrativos, recibieron menos del 50% de los mismos. Resultado- en un año con una inflación que se espera ronde el 40% las jurisdicciones provinciales no pudieron actualizar sus cuadros tarifarios, demoraron inversiones y se encuentran en dificultades para pagar la energía que compran a CAMMESA, los salarios de sus empleados y las compras indispensables para el normal funcionamiento del servicio.
Este Plan de Convergencia Tarifaria preveía además la tarea de calcular un Valor Agregado de Distribución Regional, tarea conceptualmente errónea ya que las especificidades de cada provincia no permiten que se aplique un valor único, sin establecer fondos de compensación por las diferencias entre jurisdicciones soberanas, que serian administrados por el poder central. Como resultado, la fecha límite para la realización de todas estas acciones era el 31 de diciembre de este año, y ya se anunció que no será renovado, por lo que cada jurisdicción provincial volverá a los mecanismos que fueran aprobados oportunamente.
En el “Análisis de la Situación Económico-Financiera de las Empresas Eléctricas” que elabora el Observatorio de Empresas del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”[3], en base a los balances de las empresas distribuidoras y transportistas, se manifestaba la preocupación ante la difícil situación económica – financiera que afecta a la mayor parte de las Empresas reguladas, que tiene como consecuencia el deterioro de la prestación de los servicios, y plantea los siguientes síntomas para dimensionar la realidad sectorial-
Se multiplican los datos que evidencian un cuadro de cesación de pagos en toda la cadena, lo que en forma ineludible va a incrementar el auxilio financiero de “emergencia” del estado. Esto origina falencias operativas que repercuten en la calidad del servicio y que a la vez van afectando el pago de los salarios y a los proveedores (incluyendo a otras empresas del mismo sector).
En el caso del Sector Eléctrico, CAMMESSA viene compensando el déficit entre los ingresos totales por tarifas a usuarios finales y los costos totales de generación y transporte (incluyendo compra de combustibles líquidos e importaciones de electricidad), mediante aportes cada vez más costosos desde el Tesoro de la Nación.
El problema de precios y tarifas en el sector eléctrico encierra dos cuestiones- a) el creciente y sostenido subsidio del Estado a los costos de combustibles y, b) el desequilibrio económico – financiero de la mayor parte de las empresas que actúan en el Sector, afectadas por políticas clientelistas que han tomado a esta actividad como rehén de políticas públicas destinadas a maximizar los beneficios político-electorales de corto plazo, en lugar de adoptar una política de sana administración al servicio del interés general y de las futuras generaciones.
El desafío del próximo Gobierno será plantear una nueva política energética capaz de derrotar un concepto previo que podría definirse como “el teorema de imposibilidad de financiamiento privado de proyectos energéticos”[4]. Por un lado un riesgo percibido por los inversionistas que incrementa el costo del capital muy por encima de nuestros países vecinos y, por el otro, un desequilibrio de precios insostenible. Habrá que buscar nuevos caminos, introducir mecanismos explícitos de tarifa social y que los precios vuelvan a reflejar costos de oportunidad que es un requisito para asegurar el repago de las inversiones que se requieren en el futuro inmediato.
[1] “Informe de Ejecución Presupuestaria (APN y Provincias)”, octubre 2014, Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Publica (ASAP)
[2] “Jurisdicción 56 – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”, Oficina Nacional de Presupuesto, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Ley 27.008, Presupuesto General de la Administración Nacional.
[3] www.iae.org.ar
[4] “Los desafíos del financiamiento energético”, Fernando Navajas, Proyecto Energetico 102, diciembre 2014.
* Vicepresidente Instituto Mosconi
