Por ANIBAL FERNANDE*.

El día 2 de enero ppdo., contesté de la forma más didáctica posible, una nota escrita por el periodista Roman Lejtman en la cual advertí que, el periodista, pretendió mojarme la oreja con una pseudo lección de derecho constitucional.

En la nota me acusaba de exterminar los clásicos de la ciencia política moderna, a la luz de un reportaje que brindara al diario Página 12, que recomendé. El argumento de su prédica sería la inconsistencia de haber apelado a la naturaleza electiva del cargo de Vicepresidente de la Nación, para establecer una diferencia entre el statu quo del Licenciado Amado Boudou y el Jefe del Ejercito, Teniente General César Milani.

Veo con estupor, la respuesta del periodista Roman Lejtman a mi nota que gentilmente publicara El Cronista Comercial.

A la hora de discutir de política, es posible contrastar visiones de todo color y calibre, ya que hasta el mas chambón, tiene ganado el derecho a hacerlo. Sí, es así. En política, cualquiera dice lo que se le antoja, se publica y ya.

El problema surge cuando, quien no sabe y no sabe que no sabe, pretende extrapolar gestos y acciones propias de las discusiones políticas a una discusión meramente jurídica.

En ese marco se suelen cometer errores extremadamente groseros que obligan a dar por terminada la discusión, por tratarse de horrores imperdonables.

El periodista Roman Lejtman, buscando darse corte de conocedor del derecho, recurre a Hans Kelsen (quien sostenía que no podía haber lagunas en el Derecho) y cita el principio de clausura que armoniza con la teoría kelseniana.

Manifestó el periodista Roman Lejtman como respuesta a mi nota: "Tampoco puede desconocer el Principio de Clausura de Hans Kelsen, que explicó en la Teoría Pura del Derecho. Este libro de filosofía clásica sostiene que todo lo que no está prohibido, está permitido. Entonces: si no hay ningún artículo de la Constitución Nacional que prohíba al Presidente echar a un Vicepresidente, no entiendo por qué CFK no nos ahorra el bochorno de tener a Boudou tocando la campanita en el Senado o representando a la Argentina en la asunción de Dilma Roussef. Sé que Aníbal F leyó la obra más conocida de Kelsen".

Sin salir del estupor, ratifico lo expuesto en la nota del 2 de enero, publicada en El Cronista Comercial: "Es el Congreso de la Nación mediante el juicio político, quién tiene asignada la tarea de determinar si el Vicepresidente desempeña sus funciones correctamente. Así lo dispone la Constitución Nacional, en su Artículo 53: es la Cámara de Diputados la que: "... ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes."

El Artículo 59 asigna al Senado de la Nación la tarea de juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados y el Artículo 60 dispone que su fallo no tendrá mas efecto que destituir al acusado, y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación.

El bagaje normativo citado deja a las claras que, la naturaleza electiva del vicepresidente hace inaplicable su desplazamiento por medio de la voluntad presidencial. El vicepresidente no es un órgano subordinado al presidente. Es el representante político del Poder Ejecutivo en el Senado de la Nación sin que ello implique desconocer el carácter unipersonal del Poder Ejecutivo en nuestro diseño institucional.

Habrán apreciado que, en el afán de conquistar la razón de la mano de Kelsen, el periodista RomAn Lejtman omite valorar que se trata simplemente del principio de legalidad (Artículo 19 de la Constitución Nacional) y es allí donde se va al pasto.

Su profundo desconocimiento le impide comprender que, la vinculación negativa a la ley, es SOLO para el ciudadano común de a pie, NO PARA UN FUNCIONARIO.

Solo los ciudadanos son libres de hacer lo que la ley no manda. Por el contrario, las autoridades son esclavos de la ley. Este es el postulado básico del estado de derecho que el periodista Roman Lejtman mal interpreta burdamente.

Por ello estamos en presencia de una Burrada notable si las hay. Lo que natura non da...

*Secretario General de la Presidencia

"Cristina K y Aníbal F".

Por Roman Lejtman.

El secretario general de la Presidente exterminó los clásicos de la ciencia política moderna durante un largo reportaje que concedió al diario Página/12, donde usó la noción de voluntad popular y su locuacidad innata para defender la honestidad y la pureza política del gobierno. Aníbal Fernández, el último puntero de izquierda de Cristina Fernández, bajó línea sobre Amado Boudou, César Milani y Lázaro Báez con una lógica semántica que hubiera aplaudido Fidel Pintos.

La delegación de la voluntad popular para administrar un Estado no implica un bill de impunidad. Es una transferencia institucional ante la imposibilidad de tener tantos mandatarios como ciudadanos tiene una sociedad en un momento dado. La elección presidencial es un método para elegir un representante en el Poder Ejecutivo y no significa un coto caza ilegal para los integrantes de la fórmula triunfante en las urnas.

–"Dirigentes de la oposición le han pedido a la Presidenta que le pida la renuncia a Amado Boudou, que está procesado en la causa Ciccone, entre otras. ¿En ese caso no corresponde?", preguntó Sebastian Abrevaya, periodista de Página/12.

–"Es un funcionario electo por la voluntad popular. Cuidado con eso. ¿Hasta el momento, hay algún elemento que le impida ejercer el artículo 57 de la Constitución que dice que él es el presidente natural del Senado. No. La oposición ha querido hacer valer el artículo 66 de la Constitución, pero ese artículo habla de senadores, y el vicepresidente es un miembro del Poder Ejecutivo"–, respondió el secretario general.

Aníbal F sostiene que Boudou está bajo la órbita de CFK. Milani, como jefe del Ejército, también depende de Cristina. Entonces, si ambos responden a las órdenes directas de la Presidente, no se entiende por qué Milani puede ser echado por su futuro procesamiento y Boudou mantenido en el cargo hasta que termine su mandato constitucional.

Esta contradicción en el argumento oficialista intenta enmendarse apelando a la voluntad popular. Cristina K y Aníbal F saben que esa voluntad popular revierte cuando sus depositarios traicionan el mandato original. La Presidente y su Secretario han leído a los clásicos y no desconocen que la ruptura del mandato libera a la sociedad y abre el capítulo de la sanción para evitar que se repita la traición institucional.

Boudou traicionó a sus votantes y CFK debería ser fiel a sus promesas, si no quiere parecerse a Carlos Menem, que en 1990 juró que lucharía contra la corrupción. Cristina cree que Boudou es su última línea de defensa legal y por eso sostiene a su Vicepresidente, que ya tiene dos procesamientos por Ciccone y su auto trucho.

CFK comete un error táctico con Boudou: su futuro procesal está más cerca de su socio Lázaro Báez, que la justicia federal investiga por rentar habitaciones de los hoteles de la familia presidencial, en una supuesta operación de lavado de dinero sucio. Báez sabe más sobre Cristina que Boudou y su escueto pasado en la intimidad del poder.

–"La sospecha de fondo es si efectivamente el hotel de la Presidenta fue alquilado por el empresario Lázaro Báez y sus habitaciones nunca fueron ocupadas"–, comentó el periodista de Página/12 al secretario general.

–"Vos podés alquilar una, dos, tres habitaciones o podés alquilarle el hotel entero a un tercero que lo explote. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde dice que no se puede hacer eso? En ese caso, ¿me tiene que preocupar a mí si el que lleva a la práctica ese fondo de comercio tiene una, dos, tres, todas o ninguna de las habitaciones ocupadas? No"–, argumentó el secretario general.

–"El punto es que si nunca fueron ocupadas podría entenderse como una suerte de ‘devolución de favores’"–, agregó el periodista.

–"Con ese criterio no podrían comprar pan para la Presidenta porque si viene con un mignon de más es porque era para la Presidenta", dijo el secretario general.
En la justicia federal creen que no se trata de panes ni de peces. Piensan que será un milagro que Milani, Boudou y Báez puedan probar su inocencia. Y aseguran que CFK, por ahora, se puede quedar con el mignon extra que mencionó Aníbal F.

La Presidente, como cualquier simple mortal en la Argentina, es inocente hasta que se pruebe lo contrario.