Por Carlos Pagni.
El último año que la Presidenta pasará en la Casa Rosada quedó inaugurado con dos escenas en las que está condensado el drama kirchnerista. La primera muestra al Gobierno intensificando su avanzada contra las "corporaciones". Es decir, contra la Justicia y contra laprensa, ante las que siempre se sienten desafiados los liderazgos populistas. Ese entredicho constituye el núcleo de la narrativa oficial. Cristina Kirchner se ve, o pretende ser vista, como la heroína de un proceso de democratización tan eficaz que sólo una conjura de quienes resultan afectados podría detenerlo. Los negocios de la familia presidencial son detalles que sirven como coartada a quienes buscan conservar sus privilegios.
En las últimas 48 horas, en el diario Página 12, Raúl Zaffaroni y Axel Kicillof llevaron esta tesis hasta sus últimas fronteras. Para Zaffaroni, existe un terrorismo mediático que, a escala regional, modela una sociedad excluyente al servicio del capital transnacional. Según Kicillof, jueces y periodistas han montado alrededor de los escándalos de corrupción un circuito informativo que sólo beneficia a los acreedores del país. El ministro estiró su argumento hasta Brasil: para él, el escándalo de Petrobras, que sacó a la luz un sistema de financiamiento negro de los partidos oficialistas por más de 3000 millones de dólares, fue sólo un subterfugio para que el fondo Aurelius acuse a esa compañía por contabilidad fraudulenta. Insatisfecho con las malversaciones del propio gobierno, Kicillof se postula como abogado de uno ajeno.
La otra escena con la que llegó el año 2015 muestra a Daniel Scioli en Mar del Plata, participando del estreno de Espacio Clarín, un centro de entretenimientos de ese grupo en Mar del Plata. Cuando vio las imágenes, a la señora de Kirchner casi se le quiebra el otro tobillo.
Todavía no sabe si le resultó más irritante esa aparición o los argumentos con que Scioli pretendió justificarla: "Soy de ir a todos los eventos" y "Era algo organizado por empresarios independientes". Anécdotas. La asistencia perfecta a las convocatorias del multimedios sirve para recordar que Scioli no se envolvió en ninguna de las banderas que fueron definiendo la identidad del oficialismo a lo largo de la "década ganada". No se enemistó con el campo, ni con la Justicia, ni con los holdouts, ni con el gobierno de los Estados Unidos, ni con el periodismo crítico del gobierno nacional. La continuidad del "proyecto" es la continuidad de esos conflictos.
Es imposible comprender el avance del Gobierno sobre el Poder Judicial sin advertir la importancia que estas guerras tienen para la Presidenta. La ventaja de contar con magistrados amigos para salvar a los amigos fue descubierta hace mil años. El último en aprovecharla fue Carlos Menem. Los Kirchner pretendieron algo más: quisieron contar con magistrados amigos para perseguir a los enemigos. La colonización del Ministerio Público con una legión de fiscales alineados con el Poder Ejecutivo va detrás de ese objetivo.
El último movimiento de la procuradora Alejandra Gils Carbó revela esa estrategia, elaborada con la colaboración de dos sagaces asesores: su secretario de Coordinación, Lisandro Pellegrini, y su secretario judicial, Marcelo Ferrante. Gils Carbó desplazó de la fiscalía 5 a Eduardo Taiano, a raíz de que no encontraba pruebas para demostrar que, al comprar Papel Prensa, los editores Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre cometieron un crimen de lesa humanidad.
Además de actuar en esa causa, Taiano investiga a la propia Gils Carbó. El abogado Andrés Barbieri denunció a la procuradora haber hecho con el fiscal Juan Manuel Pettigiani lo que hizo con Taiano. Pettigiani investigó los asesinatos de militantes montoneros cometidos en Mar del Plata por la Concentración Nacionalista Universitaria durante el gobierno de Isabel Perón. Pettigiani los calificó de aberrantes, pero no encontró motivos para declararlos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. La Audiencia Nacional de España coincidió con ese criterio ante el pedido de extradición de algunos imputados. Debido a esa reticencia, Gils Carbó reemplazó y sumarió a Pettigiani. Por eso la denunció Barbieri, que es defensor de uno de los acusados.
A Pettigiani lo sustituyó Daniel Adler, quien ganó notoriedad por dos episodios: haber votado a favor de la destitución de José María Campagnoli, que quería investigar a Lázaro Báez; y haber presionado al fiscal Claudio Kishimoto para que acuse al juez Federico Hooft por delitos de lesa humanidad. El día en que fue reemplazado por Gils Carbó como subrogante de la fiscalía 5, Taiano había pedido al juez Sergio Torres nuevas diligencias para esclarecer la conducta de Gils Carbó.
Taiano no es el único fiscal que investiga a Gils Carbó que fue desplazado por Gils Carbó. Guillermo Marijuan está a cargo de la causa que se abrió a raíz de que el fiscal César Augusto Troncoso denunció que desde la Procuración habían infiltrado su computadora. Marijuan fue removido de la fiscalía de la seguridad social.
Según Zaffaroni, los jueces se volvieron más inquisitivos porque el nuevo Código Procesal Penal les quita poder en beneficio de los fiscales. Se estaría desarrollando, entonces, una disputa gremial entre jueces y fiscales. Sin embargo, las decisiones de Gils Carbó ponen en evidencia un ataque del Gobierno contra un grupo de fiscales que no le rinde pleitesía. Esos magistrados no sólo desobedecen la orden de no poner bajo la lupa a los funcionarios acusados de corrupción. Tampoco acatan la de vapulear a los blancos que la procuradora les indica.
En esta marcha sobre los tribunales el kirchnerismo se propone tomar un par de colinas decisivas. Debe cubrir la fiscalía general ante la Cámara de Casación Penal, para la cual compiten Marcelo Ferrante; Alejandro Alagia, coautor de un tratado de derecho penal junto con el juez de esa cámara, Alejandro Slokar, y con Zaffaroni; y el ex fiscal Maximiliano Rusconi.
También está en concurso un cargo en la Sala II de la Cámara Federal Penal de la Capital. Entre quienes se lo disputan está Sebastián Casanello. Es el juez que investiga a Báez. Como la Cámara le reprochó hacerlo con mucha lentitud, ganó el mote de "tortuga". ¿El Gobierno pretenderá transformarlo en camarista antes de que acelere?
La economía de Báez sigue estando en el centro de la guerra judicial. No sólo porque Claudio Bonadio podría citar a Máximo Kirchner por las actividades de Hotesur, la sociedad presidencial. También porque Báez confiesa entre sus amigos que se siente abandonado. Sobre todo desde que Cristina Kirchner lo alejó de sus empresas, como si sólo fuera una rémora del tiempo y del modo en que Néstor Kirchner manejaba los negocios. Antiguos amigos del matrimonio alegan que la Presidenta tenía un conocimiento impreciso de las transacciones de su esposo. Falta poco para que la conviertan en una Karina Jelinek, quien confesó: "Leonardo Fariña no me contaba lo que hacía porque decía que no lo iba a entender". Para afianzar esa imagen, esos allegados relatan que la señora de Kirchner mandó a quemar los bolsos con dinero que el ex presidente atesoraba en el polígono de tiro de Olivos. Dicen que la orden no fue cumplida. Alguien llevó esos caudales a un sitio más seguro. Fue Báez. Por este y muchos otros motivos Báez, despechado, podría transformarse en un hombre bomba.
El kirchnerismo entiende que sus peripecias en la Justicia son artificiales. Es comprensible si se calculan los años en que se benefició de la docilidad de jueces y fiscales. Para Zaffaroni los percances se deben a que un sector de los tribunales se encolumnó detrás del "partido Clarín". Lo dijo horas después de que sus ex colegas de la Corte negaron a la Afsca un per saltum contra el multimedios. A propósito: en este pronunciamiento, como en todos los que el tribunal emitió el tórrido 30 de diciembre, intervino Carlos Fayt, demostrando que su capacidad profesional está intacta. Ahora Aníbal Fernández puede estar tranquilo.
A diferencia de Zaffaroni, Juan Manuel Abal Medina cree que la hiperactividad tribunalicia se debe a que los jueces, como otros actores de la vida pública que también guardaban sumisión, se han convencido de que el poder del kirchnerismo está vez sí está agotado. Que ha llegado el fin de ciclo. Por lo tanto, razona Abal, el Gobierno debe demostrar su capacidad de supervivencia.
Quizás ese diagnóstico sea correcto. En lo que seguro falla Abal es en la terapia. Recostado sobre el diván de Diego Sehinkman, el senador sostuvo que, para que el "proyecto" consiga la re-reelección alcanza con que un candidato adopte su plataforma.
El desafío es más complejo. Para un líder que, como la señora de Kirchner, entiende la política como guerra, evitar el fin de ciclo significa mantener vigente su agenda de conflictos. A la luz de este requerimiento, la inclusión de Scioli en el Espacio Clarín resulta problemática.
Si quiere recuperar el dominio de la escena, la Presidenta deberá generar la sensación de que cuenta con un candidato capaz de derrotar en las primarias al gobernador de Buenos Aires. La política suele proveer estas oscuras armonías: la contienda judicial hará más dura la interna peronista. Urgencias del que busca impunidad.
Por Jorge Oviedo.
Si alguien mantenía una esperanza de que haya una negociación con los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda de la Argentina y ganaron juicios en Nueva York, ahora que desapareció la famosa cláusula RUFO parece haber sido desairado por la última transcripción de los alegatos del ministro de Economía, Axel Kicillof, en un órgano paraoficial de propaganda.
Kicillof, además, parece querer seguir complicando la relación con los Estados Unidos, al decir que se espera "una reacción" del sistema judicial norteamericano. No se sabe contra qué, porque, como él mismo reconoce, las decisiones que tomó el juez de Nueva York Thomas Griesa fueron avaladas por la Corte Suprema de su país. No parece haber nada más que decir.
Pero el ministro llama a los fondos buitre "mafias" y los acusa de "extorsionar" con juicios a la Argentina y a toda la región, atribuyéndoles querer desestabilizar los procesos políticos democráticos.
Mafias ante las que él se planta, proponiéndose como un moderno Eliot Ness, el famoso jefe del grupo de detectives Los Intocables, inmortalizado en la TV por el actor Robert Stack y en el cine por Kevin Costner, entre otros.
Con renombre por ser el que mandó a la cárcel a Al Capone en los Estados Unidos, Ness quiso hacer una carrera política, pero falló en el intento.
Kicillof está licitando encuestas de su imagen. ¿Para qué otra cosa que no sea una candidatura podría ser? Un cristinista duro, sostenedor del así llamado "modelo", para mostrar que aun fuera del Poder Ejecutivo Cristina Kirchner sigue reinando, aunque sólo formalmente no gobierne.
La guerra antimafia fue ganada por Ness, al menos la batalla contra Capone. Habrá que ver qué pasa con Kicillof y los llamados "buitres".
Ness fracasó en su carrera política. Y su figura se ha vuelto controvertida. El año pasado estalló una polémica cuando quisieron ponerle su nombre a un edificio federal en Chicago.
Los opositores dijeron que la del jefe de Los Intocables es una figura sobrevalorada por Hollywood. Algo así como el "relato", pero en los Estados Unidos. Y que el verdadero Ness terminó mal y hasta dado a la bebida, que combatió en los años de la "ley seca".
Pero tal vez la condena de un Kicillof candidato exitoso podría ser justamente ésa, la de llegar. Alejandro Dolina dijo alguna vez que el diablo tiene dos maneras de perjudicar a los que quieren pactar con él. Una es no dándoles lo que piden. La otra es otorgándoselo, para su mal.
Si Kicillof llegara al gobierno por el voto popular este año, se encontraría a días de asumir que el Tesoro debe pagarle al Banco Central la letra por 10.000 millones de dólares que en 2005 Néstor Kirchner le encajó para sacarle reservas y pagar de una sola vez, por adelantado y sin quita, toda la deuda con el aborrecido Fondo Monetario Internacional (FMI). La deuda suma todo el capital más la totalidad de los intereses.
Un default interno, así nada más como para empezar. ¿Hablaría entonces de la "pesada herencia" que se dejó a sí mismo? Parece difícil.
En mayo de 2016 a más tardar debería hacer importantes pagos por concesiones que él mismo hizo en 2014 al Club de París. Los acuerdos con los compromisos de pago país por país son tantos que todavía se están publicando en el Boletín Oficial. El viernes pasado, en la primera edición de 2015, apareció en esa publicación el acuerdo para pagarle todo a la agencia pública belga que cubre con seguros al sector público y privado cuando hacen negocios en el extranjero: Office National du Ducroire. La fórmula es similar con todos los países. A más tardar el 30 de mayo próximo hay que cumplir con un pago mínimo (como con las tarjetas de crédito) del 11,867% de los atrasos. Para la nueva administración habrá otro vencimiento del 16,5106% a más tardar el 30 de mayo de 2016. A sólo seis meses de haber asumido.
Kicillof sigue hablando del supuesto "desendeudamiento", pero no cuenta que en el caso del Club de París usó una estrategia clásica para desendeudarse: pagar todo lo que le reclaman sin chistar, como hizo Néstor Kirchner con el FMI.
Claro que Kicillof tal vez no pensaba cuando "pateó para adelante" los vencimientos que tal vez le tocaría estar en funciones cuando hubiera que honrar lo que firmó.
Dice Dolina que el bandoneonista Anselmo Graciani era un hombre de gustos vulgares, que pidió al diablo "tocar como siempre había soñado". Y éste, para desdicha del vulgar Anselmo y a cambio de su alma, se lo concedió.