Por Joaquín Morales Solá

Alejandra Gils Carbó pasará a la historia como la persona que más daño le ha hecho a la Justicia desde dentro de la propia Justicia. Convertida en una especie de pasionaria de la causa kirchnerista en los tribunales, se olvidó de su pasado y de su destino para servir a los intereses políticos o personales del Gobierno. Persigue o encubre con el mismo fervor.

Lo hace siempre en nombre de la necesidad política de los que mandan. Ella hizo una larga carrera en la Justicia (era fiscal de Cámara antes de ser nombrada procuradora general de la Nación; es decir, jefa de todos los fiscales), pero es probable que su futuro sea tan corto como el del gobierno que se va.

Ayer lo removió al fiscal Guillermo Marijuan de un cargo clave, que venía ocupando de manera interina. Poco antes, Marijuan había denunciado que su jefa está nombrando a personas sin calificación ni idoneidad en cargos de fiscales. Como es su costumbre, Gils Carbó dobló la apuesta en el acto: lo echó de esa fiscalía y se dedicó a nombrar a varios fiscales, cerca de 20, que le permitirían al oficialismo tener bajo control las investigaciones por hechos de corrupción. Es el avance más espectacular del kirchnerismo sobre la Justicia. Muchos de esos nombramientos están previstos por el nuevo Código Procesal Penal. Las designaciones son curiosas, por lo menos, porque nadie sabe con precisión cuándo podrá ponerse en total vigencia el nuevo Código Procesal.

La transferencia del poder de la investigación de los jueces a los fiscales, que es lo que dispone el flamante Código, necesita de leyes complementarias y de una nueva infraestructura judicial que requerirán mucho tiempo para su implementación. Lo único que se puede hacer en el acto es el nombramiento de los fiscales (el número de designaciones puede llegar a 1700), aunque la mayoría tendrá por ahora la ocupación de cobrar el sueldo a fin de mes o de hacer los menesteres requeridos por Gils Carbó. Es un caso muy parecido, aunque no idéntico, al de la elección por el voto directo de los legisladores del Parlasur; estarán, pero nadie sabe para qué servirán.

Puede preverse, sin embargo, la orientación de esas designaciones de la jefa de los fiscales. Marijuan fue reemplazado en el acto por dos fiscales que militan en Justicia Legítima, una corriente judicial cristinista que tiene en Gils Carbó a su santa y patrona. Ella misma nombró al fiscal Carlos Gonella al frente de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (Procelac). La primera gestión de Gonella en el cargo le mereció un procesamiento, que todavía está vigente, por parte del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Resulta que Gonella intentó desviar la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, el socio comercial confeso de Cristina Kirchner. Gonella omitió requerir una investigación sobre Báez y se dedicó sólo a perseguir a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar, los dos supuestos valijeros de Báez.

Desde las propias oficinas de Gils Carbó se hizo circular en los últimos días, entre todos los fiscales del país, un documento para defender a Gonella ante la Cámara Federal que está analizando la decisión del juez Martínez de Giorgi. Los fiscales se presentan como amicus curiae (amigo del tribunal) y en ese escrito le hacen devastadoras críticas a Martínez de Giorgi. Gonella es el mismo fiscal que fue declarado en rebeldía por el juez Claudio Bonadio porque faltó tres veces a las citaciones del magistrado en el marco de otra causa contra él. Los fiscales de Gils Carbó son así: fanatizados ideológicamente, convencidos de servir a una revolución improbable, dispuestos a encubrir pequeñas o grandes corruptelas en nombre de una causa tan heroica como desconocida.

Gils Carbó ya había tenido problemas con su anterior jefe, Esteban Righi, quien la precedió en su actual cargo. Righi, que cuenta con una larga historia en el peronismo, fue prácticamente destituido del cargo por el vicepresidente Amado Boudou en los primeros tiempos del caso Ciccone. Boudou fue procesado luego en esa causa, pero Righi ya se había ido a su casa. Gils Carbó denunció en su momento a Righi porque se sentía presionada por él para actuar contra el Gobierno, según dijo. En rigor, Righi sólo le pidió que moderara su ardor cristinista en el ejercicio de fiscal de Cámara. Pero Gils Carbó no entendió nunca la diferencia entre moderar una defensa y actuar en contra. Ella es como su jefa política, Cristina Kirchner: en este mundo sólo hay amigos o enemigos.

Aunque entre ellos no se hablan, las segundas líneas de Mauricio Macri y Sergio Massa ya han conversado sobre qué harán con los estragos de Gils Carbó en caso de que uno de ellos sucediera a la actual presidenta. La eventual destitución de la jefa de los fiscales necesitaría de los dos tercios del Congreso, pero el solo proceso de un juicio político (que es público) suele ser un peligro que instiga la renuncia. Por lo demás, esos dirigentes políticos evaluaron la posibilidad de declarar en comisión a todo el personal del Estado nombrado en los últimos dos años. Cristina y Gils Carbó hacen gestos desesperados para asegurarle impunidad judicial a una especie política en extinción. Inútiles y torpes, como todos los gestos desesperados.

Por Roman Lejtman.

El secretario general de la Presidente exterminó los clásicos de la ciencia política moderna durante un largo reportaje que concedió al diario Página/12, donde usó la noción de voluntad popular y su locuacidad innata para defender la honestidad y la pureza política del gobierno. Aníbal Fernández, el último puntero de izquierda de Cristina Fernández, bajó línea sobre Amado Boudou, César Milani y Lázaro Báez con una lógica semántica que hubiera aplaudido Fidel Pintos.

La delegación de la voluntad popular para administrar un Estado no implica un bill de impunidad. Es una transferencia institucional ante la imposibilidad de tener tantos mandatarios como ciudadanos tiene una sociedad en un momento dado. La elección presidencial es un método para elegir un representante en el Poder Ejecutivo y no significa un coto caza ilegal para los integrantes de la fórmula triunfante en las urnas.

–"Dirigentes de la oposición le han pedido a la Presidenta que le pida la renuncia a Amado Boudou, que está procesado en la causa Ciccone, entre otras. ¿En ese caso no corresponde?", preguntó Sebastian Abrevaya, periodista de Página/12.

–"Es un funcionario electo por la voluntad popular. Cuidado con eso. ¿Hasta el momento, hay algún elemento que le impida ejercer el artículo 57 de la Constitución que dice que él es el presidente natural del Senado. No. La oposición ha querido hacer valer el artículo 66 de la Constitución, pero ese artículo habla de senadores, y el vicepresidente es un miembro del Poder Ejecutivo"–, respondió el secretario general.

Aníbal F sostiene que Boudou está bajo la órbita de CFK. Milani, como jefe del Ejército, también depende de Cristina. Entonces, si ambos responden a las órdenes directas de la Presidente, no se entiende por qué Milani puede ser echado por su futuro procesamiento y Boudou mantenido en el cargo hasta que termine su mandato constitucional.

Esta contradicción en el argumento oficialista intenta enmendarse apelando a la voluntad popular. Cristina K y Aníbal F saben que esa voluntad popular revierte cuando sus depositarios traicionan el mandato original. La Presidente y su Secretario han leído a los clásicos y no desconocen que la ruptura del mandato libera a la sociedad y abre el capítulo de la sanción para evitar que se repita la traición institucional.

Boudou traicionó a sus votantes y CFK debería ser fiel a sus promesas, si no quiere parecerse a Carlos Menem, que en 1990 juró que lucharía contra la corrupción. Cristina cree que Boudou es su última línea de defensa legal y por eso sostiene a su Vicepresidente, que ya tiene dos procesamientos por Ciccone y su auto trucho.

CFK comete un error táctico con Boudou: su futuro procesal está más cerca de su socio Lázaro Báez, que la justicia federal investiga por rentar habitaciones de los hoteles de la familia presidencial, en una supuesta operación de lavado de dinero sucio. Báez sabe más sobre Cristina que Boudou y su escueto pasado en la intimidad del poder.

–"La sospecha de fondo es si efectivamente el hotel de la Presidenta fue alquilado por el empresario Lázaro Báez y sus habitaciones nunca fueron ocupadas"–, comentó el periodista de Página/12 al secretario general.

–"Vos podés alquilar una, dos, tres habitaciones o podés alquilarle el hotel entero a un tercero que lo explote. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde dice que no se puede hacer eso? En ese caso, ¿me tiene que preocupar a mí si el que lleva a la práctica ese fondo de comercio tiene una, dos, tres, todas o ninguna de las habitaciones ocupadas? No"–, argumentó el secretario general.
–"El punto es que si nunca fueron ocupadas podría entenderse como una suerte de ‘devolución de favores’"–, agregó el periodista.

–"Con ese criterio no podrían comprar pan para la Presidenta porque si viene con un mignon de más es porque era para la Presidenta", dijo el secretario general.
En la justicia federal creen que no se trata de panes ni de peces. Piensan que será un milagro que Milani, Boudou y Báez puedan probar su inocencia. Y aseguran que CFK, por ahora, se puede quedar con el mignon extra que mencionó Aníbal F.

La Presidente, como cualquier simple mortal en la Argentina, es inocente hasta que se pruebe lo contrario.