Por Fernando Laborda.

Con la reforma del Código Procesal Penal, las amenazas veladas a los jueces y la iniciativa para elegir apresuradamente a representantes de la Argentina en el Parlamento del Mercosur, quedaron en evidencia los nuevos ejes del blindaje que el kirchnerismo está procurando para enfrentar su probable retirada del poder, dentro de un año.

La oposición denunció ayer en la Cámara de Diputados, durante la sesión en que se trató el Código Procesal Penal, el persistente intento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por colonizar la Justicia.

Ese camino, de acuerdo con lo expresado por el titular del bloque radical, Mario Negri, se inició con la reforma del Consejo de la Magistratura, siguió con el llamado proyecto de democratización judicial frenado parcialmente por la Corte Suprema y con la designación de conjueces, entre quienes se destacaban conocidos abogados de funcionarios como Amado Boudou y Julio De Vido.

El seguro de impunidad podría quedar vigente con el nuevo código procesal, que le conferirá amplias facultades para distribuir, asignar y reasignar las causas penales entre los fiscales a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, una militante kirchnerista de pura cepa. La norma le permitirá al oficialismo nombrar casi 1700 nuevos empleados en el Ministerio Público Fiscal que difícilmente no vayan a provenir de las filas de la fracción gobernante, además de 17 nuevos fiscales generales.

Para más adelante, podría quedar el deseo de muchos dirigentes kirchneristas de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema con el fin de romper su equilibrio en favor de la fuerza política hoy gobernante. El oficialismo podría imponer en el Congreso una ley para modificar la cantidad de jueces del máximo tribunal -quedarán desde el próximo año cuatro, tras la renuncia de Eugenio Zaffaroni-; sin embargo, no tendría garantizada la mayoría de dos tercios requerida en el Senado para aprobar los nombres de los nuevos integrantes de la Corte, dado que la oposición se ha pronunciado mayoritariamente en contra de abordar esta cuestión antes de que asuma el próximo gobierno.

Entretanto, el camino que ha creído encontrar el kirchnerismo para frenar cualquier embestida de algún magistrado contra funcionarios sospechados de hechos de corrupción o de malversación de fondos públicos es el escarnio público. Y, desde hace 48 horas, ha recurrido a una nueva metodología represiva: las sanciones pecuniarias desde el Consejo de la Magistratura, como ocurrió con el juez Claudio Bonadio, a quien se le aplicó un descuento del 30% en su sueldo, sugestivamente después de que comenzara a investigar a la familia Kirchner y a Lázaro Báez por sus negocios hoteleros.

No es ni más ni menos que un intento de demostración de fuerza tendiente a que los jueces desistan de investigar hechos de corrupción vinculables al gobierno cristinista.

Es probable que esta actitud del kirchnerismo termine siendo, además de una provocación innecesaria, un boomerang para los propios funcionarios K. Ayer, el ministro de Justicia, Julio Alak, fue sorpresivamente citado a prestar declaración indagatoria por el juez Marcelo Martínez de Giorgi ante supuestas irregularidades en Aerolíneas Argentinas cuando aquél era uno de los directores de la empresa aérea.

Queda demostrado, una vez más, que el gobierno kirchnerista no sabe cómo proceder a la hora de enfrentarse con factores que no puede controlar, como el Poder Judicial.

Mostró, en cambio, mayores reflejos al ceder frente a los planteos gremiales y anunciar que quedarían eximidos de pagar el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo los salarios inferiores a 35 mil pesos. El Gobierno no pudo ignorar que 2014 es un año récord en términos de conflictividad social medida a través de bloqueos de vías públicas. En el mes último hubo, según la consultora Diagnóstico Político, 612 piquetes en todo el país, un aumento del 57% con respecto a noviembre de 2013..

Por Martín Lousteau.

Recuerdo a mi madre manejando su Volkswagen Gacel y a su lado su socio, Jaime, también arquitecto. Yo iba atrás, aún adolescente y promediando el secundario. Jaime era -es- gay y le contaba a ella acerca del surgimiento de una enfermedad incurable y espantosa que iba creciendo velozmente en los Estados Unidos. Los que la padecían enfrentaban una muerte segura, precedida por un proceso devastador.

Desde el asiento trasero escuché que el contagio se producía a través del intercambio de fluidos -sangre, semen y, quizás, hasta saliva- con alguien infectado. También que el periodo de incubación hasta la manifestación de síntomas era muy prolongado, lo cual transformaba la patología en extremadamente peligrosa. Como alguien que todavía no había tenido su primera experiencia sexual, todo ello me llenó de preguntas y preocupaciones. Pero hace falta revisar las estadísticas para entender cuán conmocionante y aterradora aquella epidemia fue, por aquellos años, para la comunidad homosexual.

El primer caso de sida identificado como tal en los EE.UU. data de 1981. Veinticuatro meses después ya había mil reportados. Y antes de que finalizara la década se había llegado a los 100.000. En el tope de la epidemia, allá por 1995, se llegó a alcanzar el escalofriante número de 50.000 víctimas fatales anuales.

En los primeros años, el 92% de los afectados eran hombres, el 71% de los casos correspondía a relaciones homosexuales masculinas y la tasa de mortalidad sobrepasaba el 95%. De hecho, en el año 1993, el sida llegó a ser en los EE.UU. la principal causa de muerte entre las personas de 25 a 44 años.

Resulta claro que en aquellos tiempos, un gay que viviera en Nueva York o San Francisco padecía un escenario realmente aterrador: expuesto a un riesgo mayúsculo y -casi sin excepción- ya habiendo experimentado la pérdida de un ser cercano. Para colmo, la actitud de la administración Reagan frente a semejante tragedia fue de desdén y prescindencia. La comunidad homosexual se vio en absoluta soledad para lidiar con una enfermedad implacable y estigmatizante, características agravadas por los prejuicios y la negligencia del gobierno federal.

Mediante una impecable organización, que incluyó distintas iniciativas -entre ellas el "Act Up"-, el movimiento gay batalló para involucrar a gran parte de la sociedad, y consolidó así su pelea por revertir la discriminación existente, tanto en materia de derechos como de políticas públicas. Parte de ese proceso está narrado en el fascinante libro de Linda Hirshman Victoria: La triunfante revolución gay. Su tesis es que el éxito de esa comunidad en la lucha por sus derechos constituye un muy buen ejemplo para otros movimientos sociales. Su subtítulo es, en ese sentido, claro e inspirador: "Cómo una minoría despreciada resistió, venció a la muerte, encontró el amor, y cambió a Estados Unidos para todos".

Hirschman cuenta cómo un grupo de ciudadanos pasó de ser perseguido por el Estado a estar paulatinamente incluido -de derecho y en la práctica- en las políticas públicas. Para ello se centra en historias de valentía personal contenidas en un marco de fenomenal capacidad de gestión colectiva. A ello hay que agregarle una utilización comprometida pero -sobre todo- muy inteligente de recursos que se encontraban potencialmente disponibles ya que, a pesar de estar muchas veces ocultos, algunos de los actores del movimiento ocupaban posiciones sociales prominentes.

Algo parecido -en términos de organización por la lucha de derechos y salvando las distancias- ocurrió en nuestro país con la ley de matrimonio igualitario con la que la Argentina se puso internacionalmente a la cabeza de muchas reivindicaciones. Y el proceso local entraña, quizás, otro aprendizaje: en ocasiones instalar la agenda y el debate es la parte más problemática de la tarea, y la polémica tiende casi a desaparecer -afortunadamente- una vez tomada la decisión.

Al margen de las comparaciones resulta claro que, en el caso del VIH/sida, el logro de la mayoría de las sociedades modernas en controlar una enfermedad tan sanguinaria se debió a múltiples factores: conocimiento acumulado en investigación, el celo de algunos científicos, el cambio de la agenda estatal, la acción de ONGs y la vocación de comunicación masiva del problema, por citar algunos. Pero no es menos cierto que esa convicción y capacidad de organización del movimiento homosexual frente a la adversidad fue el imprescindible punto de partida. Es en gran medida debido a ello que el 1 de diciembre pasado conmemoramos un nuevo aniversario de la lucha contra el VIH/sida con el alivio de que una epidemia que se cobró más de veinticinco millones de vidas es hoy, concientización y tratamiento antirretroviral mediante, casi una enfermedad crónica con la que es posible vivir.

Por Marcelo Zlotogwiazda.

Al igual que otros 784.000 trabajadores, él y su familia recibieron con alegría la novedad de que su medio aguinaldo de fin de año quedará excluido de Ganancias. Finalmente, Cristina cedió ante la presión sindical y el bombardeo mediático que instaló la idea de que, tal como está, es un impuesto confiscatorio, y anunció que serán exceptuados del pago quienes ganan hasta $ 35.000 de salario bruto.

Y Axel Kicillof se vio obligado a callar el argumento de que el gravamen es "una contribución solidaria de los trabajadores que más ganan", con el que dos días antes había rechazado modificaciones. No hace mucho tiempo atrás, en una presentación que hizo en la UOM, el ministro de Economía expuso largamente las mejoras que el "modelo nacional y popular" había logrado para la economía en general y para el auditorio que lo escuchaba, e, intencionalmente, cerró la presentación con datos orientados a demostrarles que la intervención del Estado que hizo posible el crecimiento con inclusión requiere de recursos fiscales, y que para ello es justo e imprescindible que los asalariados de altos ingresos paguen Ganancias. Una de las últimas filminas del power point mostraba que casi el 80% de los trabajadores alcanzados por el impuesto pertenecen a los dos deciles superiores de la pirámide social.

Pero hay veces que las razones de la ideología sucumben ante la dinámica de la política.

El y su familia, que viven con un sueldo neto de $ 26.500 mensuales o $ 344.500 anuales, están contentos porque dispondrán de unos $ 4500 adicionales, ya que la medida les reduce lo que terminarán abonando de Ganancias en el año de$ 60.000 a $ 55.500. Es decir que la porción del ingreso familiar destinado a ese impuesto disminuye del 17,4 al 16,1%.

Otra vez: a él y su familia la AFIP le quitaba por Ganancias el 17,4%. A su vecino, soltero y con un sueldo en mano de $ 16.000, antes le sacaban el 11,8% de su ingreso y tras el anuncio va a pagar el 10,6%. ¡Esas son los números de la ‘confiscación’ que tanto indignan!

El hecho de que sólo estén alcanzados por Ganancias el 11% de los trabajadores que más ganan, y que los porcentajes que efectivamente se pagan sean razonables, no excluye que el impuesto está plagado de incongruencias e inequidades varias. Es indiscutible que el efecto de la inflación, la ausencia de mecanismos de actualización del mínimo no imponible y de las escalas, pero también las exenciones y desgravaciones vigentes, han provocado distorsiones, injusticias y erosionado la progresividad.

El anuncio del martes es un parche más de los tantos que el gobierno se ha visto forzado a aplicar por no haberse decidido a reformular el impuesto. Por citar sólo los últimos, a fines de 2012 eximió de pagar Ganancias por ese medio aguinaldo a los sueldos de hasta $ 25.000. A mediados de 2013 hizo lo mismo con el primer medio aguinaldo. Y en agosto del año pasado excluyó del impuesto a los sueldos inferiores a los $ 15.000 y elevó en un 20% el mínimo no imponible a los que cobran entre $ 15.001 y 25.000.

Pero el efecto de las imperfecciones de Ganancias sobre la población asalariada no tiene la gravedad ni la dimensión que se la ha dado pública y políticamente. En la asignatura pendiente que tiene el kirchnerismo en materia tributaria, hay correcciones por realizar mucho más importantes que esa. Dentro del propio impuesto a las Ganancias, el aumento de la tasa marginal máxima, que en la Argentina es de un exiguo 35%, y las exenciones aún vigentes para la renta financiera. Ni hablar de la escasísima recaudación sobre patrimonios.

Al margen de esas cuestiones, él y su familia disfrutarán de los $ 4500 extra, pero seguirán pagando por el IVA el mismo 21% que hasta ahora. Sobre un ingreso anual de $ 344.500, y estimando que un 75% lo gastan en consumo, el IVA les representa una erogación anual similar a lo que la AFIP le quita por Ganancias.

Ni él ni su familia se dan cuenta de esa equivalencia. En parte, porque el pago de Ganancias figura en el recibo de sueldo mientras que el IVA está incorporado en el precio de lo que se compra. Pero la falta de conciencia sobre la incidencia de ese impuesto regresivo también es consecuencia de que la dirigencia gremial y política no colabora, y que no es tema de agenda en los medios de comunicación.

Podemos, el nuevo partido político español que germinó en el movimiento de los indignados contempla en su plataforma "una política tributaria justa orientada a la distribución de la riqueza y al servicio de un nuevo modelo de desarrollo". Entre otras propuestas sobre el tema figuran impuestos a las grandes fortunas, eliminación de privilegios al capital financiero, aplicación de un IVA súper reducido para bienes y productos básicos, y una alícuota del 30 al 35% para los biEnes de lujo.

Podemos lidera las encuestas de intención de voto.