Por Marcelo Bonelli.

Las reservas a disposición del Gobierno para enfrentar una corrida cambiaria son inferiores a las que declara el Banco Central en alrededor de 10.000 millones de dólares.

La cifra surge del propio Estado Contable de Activos y Pasivos de la autoridad monetaria que maneja Enrique Vanoli. El Balance confirma que el BCRA tiene obligaciones que reducen las reservas de libre disponibilidad para enfrentar una turbulencia cambiaria a un monto que fluctúa entre 17.000 y 19.000 millones de dólares.

El documento público declara reservas por un monto que supera los 28.000 millones de dólares. Pero a la vez admite que la institución no es propietaria de todo ese caudal de divisas y tenencias en oro.

Los fondos en poder del Banco Central que la dupla Enrique Vanoli-Axel Kicillof no pueden utilizar son los siguientes: plazos fijos de los ahorristas por 7.391 millones de dólares; aportes de los bancos centrales de China y Francia por 814 millones, más los fondos depositados en el BONY y el Fideicomiso del Banco Nación por 711 millones de dólares.

Pero una evaluación más rigurosa de las obligaciones del BCRA indica que los dólares de libre disponibilidad son aún menores. Surge de descontar también los Cedin depositados en la entidad y las obligaciones pendientes con el BID y el Banco Mundial.

En otras palabras, Argentina tiene disponibles 10.000 millones de dólares menos de lo que declaran las estadísticas oficiales del Central.

La estrechez de fondos obligó a la Casa Rosada a adoptar el control policial en el mercado y a que Axel Kicillof haya beneficiado con un seguro de cambio a los grandes inversores y las multis cerealeras. La avidez por los dólares llevaron al ministro a instrumentar el polémico “dollar-linked”: funciona en forma similar a los “swaps” que inventó Cavallo y que fogonearon la bicicleta financiera al final de la dictadura.

Cavallo estableció los “swaps” durante su gestión en el Banco Central en 1982. Frente a la falta de dólares instrumentó un seguro cambiario a todos los que trajeran divisas a la Argentina.

Ahora Kicillof sacó los “bonos dollarlinked”, que otorgan garantías y seguro cambiario a cerealeras, empresas poderosas y fondos de inversión.

El negocio que les brinda Kicillof es sideral: los grandes intereses pueden comprar dólares al subvaluado precio oficial de 8,52 pesos y esperar una súper renta cuando se devalúe o se unifique el tipo de cambio con el próximo gobierno.

Por eso ahora hay avidez entre los especuladores financieros por participar de la nueva emisión de “bonos dollar-linked” que se hará la semana próxima. Será por US$ 800 millones.

Entre grandes inversores evalúan que puede generar amplias utilidades: calculan un 70% en pesos.

Esta bicicleta financiera influye ahora para bajar la presión sobre el billete y descomprimir la tensión cambiaria. En lugar de comprar el dólar bolsa a $ 13,50, los bancos prefieren un título en dólares a $ 8,52.

Pero no se resuelve el problema de fondo: los desajustes macroeconómicos que provocan la escasez de divisas, la inflación y el parate productivo. Tampoco, las turbulencias de la emisión monetaria. La base aumentará un 20% hasta diciembre y eso volverá a generar tensiones en el mercado negro del dólar. Se proyecta un blue a 16 pesos.

Kicillof justifica ser émulo de Cavallo, en la necesidad que tiene la Casa Rosada de aplacar hasta enero las turbulencias para iniciar el diálogo con los fondos buitre. El plan del ministro para afrontar el fallo de Thomas Griesa consiste en:

–Intentar que un grupo de empresarios argentinos le compren el juicio ganado a Paul Singer.

Como adelantó Clarín, Kicillof le encomendó la tarea a Eduardo Eurnekián, Adelmo Gabbi, Gustavo Cinosi y Daniel Funes de Rioja.

El grupo está encargado de “recolectar” fondos para comprar el juicio. Hubo reuniones secretas, pero poco avance.

Durante un encuentro –en un country de zona norte– Eurnekián se comprometió a poner 30 millones de dólares y Rubén Cherniakovski afirmó: “Yo aporto 100 millones.”

Pero están lejos de la cifra necesaria y Cristina prohibió que se invite a los bancos liderados por Jorge Brito que habían pactado ya un acuerdo con Singer.

Héctor Méndez decidió irse de los encuentros y el propio Adelmo Gabbi es escéptico: “No hay nada serio”, dice.

Entre los empresarios existen fuertes cortocircuitos internos: muchos boicotean la presentación judicial contra la Ley de Abastecimiento que ya habían pactado los caciques del G-6.

–Después Kicillof va a proponer al conjunto de los holdouts un pago con la emisión de otro bono con vencimiento en 2024. Sería similar al que se hizo con Repsol, pero destinado al 7 % de los bonistas que no aceptaron el canje y por unos 15.000 millones. Otra cuenta que va al próximo gobierno.

Ambas acciones apuntan a encubrir el pago de la sentencia de Griesa y a evitar que se derrita el discurso épico.

Kicillof y Héctor Timerman seguirán con el relato público en la cumbre del G-20. La Presidenta, enfurecida con Washington, lanzó una acción política contra las multis estadounidenses. Ahora Jorge Capitanich acusó a General Electric de estar en un complot y Ricardo Etchegaray denunció a Procter & Gamble.

La operación fue advertida por la embajada de EE. UU. en Buenos Aires, pero existe un increíble silencio de la AmCham, la cámara que aglutina a las multinacionales norteamericanas.

La ausencia por enfermedad de la Presidenta en el G-20 le ahorra a Cristina un desplante: Barack Obama decidió no recibirla en ningún audiencia.