Por Alcadio Oña.

La urgencia de dólares manda en toda la economía y mandó, junto a otras cosas menos visibles, en el apuro de la Casa Rosada por sacar la llamada Ley Galuccio. Esa es la primera conclusión a la que han llegado legisladores de la oposición y especialistas de diverso color: salir rápidamente en busca de capitales para explotar el gas y el petróleo no convencionales que yacen en el enorme reservorio de Vaca Muerta.

La segunda conclusión evidente es que la ley de hidrocarburos le da un paraguas al acuerdo secreto entre YPF y Chevron y soporte legal a dos decretos firmados por la Presidenta que no se sostenían por sí solos. Pero hay una más, por cierto considerable: consiste en dejar abrochado un régimen que a cualquier gobierno le será difícil desarticular.

Ahora mismo existen inversiones provenientes de China y de Rusia, los nuevos socios de la Argentina kirchnerista, atraídas por un negocio que se mide en miles de millones de dólares. “Seguro que en YPF han armado la reglamentación de la ley, de modo de ponerla operativa cuanto antes”, dice alguien que conoce la velocidad de Miguel Galuccio.

Ocupar los primeros lugares de la fila es crucial para quedar adentro, cuando al gobierno le restan catorce meses en el poder. Adentro ya hay amigos más antiguos con áreas petroleras concedidas, como Lázaro Báez y Cristóbal López, pero dado que su capacidad financiera no alcanza para bancar semejantes inversiones, el rédito está en asociarse con quienes la poseen o directamente venderles los campos. De un lado o del otro, muchísima plata y tiempo que apremia.

En ese tejido de alianzas gana YPF. La petrolera con mayoría estatal y un 49% propiedad de accionistas privados –entre ellos, Chevron– tiene asegurado el 40% del área Vaca Muerta.
No es poco el filón que el Gobierno les ofrece a los jugadores, sino directamente grande. Habrá 25 años para las concesiones en los yacimientos convencionales; 35 en los no convencionales tipo Vaca Muerta y 30 para los desarrollos costas afuera, o sea, offshore. Y encima, la posibilidad de prorrogarlas por 10 años.

También se les garantiza que, a partir del quinto año, pueden disponer libremente del 20% o más de los dólares generados por la producción y que no habrá trabas para importar los bienes necesarios, incluso con arancel cero. En uno de los decretos convalidados por la ley era condición firme invertir por lo menos US$ 1.000 millones; ahora bastan 250 millones, esto es, la cuarta parte.

Hay aquí un metro muy diferente al que el Gobierno usó con la minera brasileña Vale. Se le rechazó la posibilidad de remitir utilidades y valuar sus importaciones a un tipo de cambio distinto al oficial y, además, sin asegurarle que las importaciones no sufrieran trabas. En Brasil hablaron de algo más, pero el hecho fue que Vale levantó una inversión de US$ 6.000 millones.

Por razones que ellos conocen mejor que nadie, a último momento hubo gobernadores y al menos un diputado de las provincias petroleras que bajaron sus objeciones a la ley. Algunos de los gobernadores terminan mandato el año próximo.

Esas provincias cobrarán regalías del 12%, hasta un tope del 18%, por la explotación de los recursos que existen en sus territorios y se verán considerablemente beneficiadas por las actividades directas e indirectas que generarán las inversiones. Hay quienes calculan que en Vaca Muerta pronto el metro cuadrado valdrá igual que en Puerto Madero, si no ocurre ya mismo.

En ningún lugar la ley contempla algún tipo de coparticipación de la renta que capturarán las provincias petroleras, como sí pasa con los derechos de exportación de la soja, donde entran jurisdicciones que no producen un sólo grano de soja. Dicho de otra manera, habrá poblaciones que pagarán por el costo de los combustibles sin recibir nada a cambio: una forma de federalismo al estilo K.

Hay otras cuestiones relevantes que los autores del régimen dejaron al margen, como fijarles un modelo de inversiones preciso y riguroso a los concesionarios; disponer que una parte de la tecnología incorporada a los procesos productivos sea transferida a la Argentina, tal cual sucede en China, o armar una red de proveedores locales. También en esto la ley que la Presidenta validó se asemeja a las privatizaciones estilo Menem.Tampoco existen cláusulas que contemplen ni los riesgos ni los daños ambientales, que pueden ser grandes por el uso de enormes volúmenes de agua y de productos eventualmente contaminantes. Aunque más no sea por precaución, servirían para cubrirse de problemas nada intrascendentes y de evitar que haya la misma inmunidad ambiental que se le atribuye al contrato secreto con Chevron.

Así, el Gobierno le deja un sistema atado a quienes vengan después de 2015, que resultará muy complicado y gravoso reformar. Es que quienes ya estén o vayan a ingresar al negocio contarán con derechos adquiridos remachados por ley, lo cual equivale a pensar en juicios prolongados e indemnizaciones cuantiosas si a alguien se le ocurriese alterar el régimen.

En el horizonte cercano aparece algo más y del mismo palo, según información que manejan en el sector.

Antes del fin de ciclo, la Presidenta sacaría a la venta las áreas petroleras costas afuera que la estatal Enarsa mantiene en su poder, sin explotar, desde hace una década. Los especialistas consideran razonable que la nueva ley contemple 30 años para las concesiones offshore, pero este no es el punto sino que coincida con la proximidad de esas licitaciones.
Todo el mundo sabe que Vaca Muerta u otros emprendimientos semejantes demorarán varios años antes de producir gas y petróleo en cantidad, o sea, que eso de recuperar el autoabastecimiento se parece demasiado a un discurso de ocasión. Y hay muchos que lo saben, entre los legisladores oficialistas que votaron la ley.

También es conocido que, en el mientras tanto, las importaciones energéticas seguirán arriba de los 12.000 millones de dólares. Y que será inevitable bombear montañas de plata para sostener los subsidios: hasta septiembre ya superan 100.000 millones de pesos, un 81% más que el año pasado, y al menos una de las grandes partidas va camino de agotarse.

Son los efectos bien concretos de la crisis y de la pérdida del autoabastecimiento que supo gestar el kirchnerismo, con una maraña de operaciones cruzadas y sospechosas. Dinero por donde se mire, sin que quede claro cómo y en qué se gastó.

De este mismo mundo son los cortes de luz sistemáticos. Y una explicación que el ministro De Vido les dedicó a los usuarios: “Con el primer calor siempre surgen fallas. Claro que hay cortes. Hay cortes y punto”.

Sólo le faltó decir: a bancársela, porque se viene el verano. Y si, tal como parece, hay jugadores dispuestos a entrar, también vienen negocios llave en mano a la sombra de la ley de hidrocarburos.