Por Cristian Navazo.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos ya logró media sanción tras una intensa puja sobre el manejo de los recursos. Con la explotación de Vaca Muerta, que ya comienza a producir un cambio rotundo en la industria petrolera, es, a todas luces, necesaria una adecuación normativa.

Sin embargo, por más que se arribe a la mejor legislación posible, por sí sola no garantizará el éxito. Bajo el ala de la Ley de Hidrocarburos 17319, sancionada en 1967, se pasó de un modelo de fuerte presencia del Estado, con YPF como empresa de bandera, a otro privado en los ’90, en cuyos primeros años logró los mayores picos de producción en la historia de la industria petrolera nacional, pero que significó dilapidar las reservas y perder el autoabastecimiento. Todo ello sucedió con la misma ley, la casi cincuentona 17319. En medio hubo cambios, como la Ley Corta, que transfirió a las provincias el poder concedente y autoridad de aplicación, y las habilitó a fijar sus propias políticas.

Hoy se busca establecer “reglas claras” para atraer las multimillonarias inversiones que necesitan los no convencionales, el off shore y los petróleos pesados, cuando las reservas “fáciles” de extraer están cerca de agotarse. Pero, por más que se arribe a una buena ley, será la política y sus decisiones sobre la economía la que defina el éxito o el fracaso del derrotero petrolero argentino. Será la política la que deberá determinar que Vaca Muerta no solo sea un negocio para las grandes compañías y permita recuperar el autoabastecimiento energético. Será la política la responsable de corregir las desigualdades que genera la industria petrolera en la sociedad y la que garantice el cuidado del medio ambiente.

JOSÉ VILARIÑO.

El acuerdo logrado entre gobernadores y el Estado nacional para una nueva Ley de Hidrocarburos ofrece reglas claras y es una oportunidad para pensar en una estrategia de desarrollo sustentable del mercado petrolero en el mediano plazo. A partir de este acuerdo se genera una oportunidad de desarrollo no sólo para las provincias implicadas, sino para todo el país, por el impulso que tendrá una de las actividades económicas más relevantes de la Argentina.

Los principales objetivos de este acuerdo tienen que ver con la búsqueda del auto abastecimiento energético, el revertir el declinación de los pozos convencionales, el crecimiento, y el ahorro de divisas; con la búsqueda de sustituir importaciones, generar más trabajo, atraer inversiones y poner en marcha el crecimiento del petróleo en la República Argentina. Además es muy importante destacar que se respeta la potestad de las provincias de otorgar, controlar, prorrogar y revocar permisos y concesiones. De esta forma las provincias seguirán recibiendo todos los ingresos por regalías y bonos generados en sus territorios.

Propone: reglas competitivas, homogéneas y transparentes y nuevos plazos para el petróleo y gas no convencional.

Además se busca estimular la inversión para explorar y desarrollar el petróleo Off Shore, creando un régimen especial de reducción de regalías, facilidades para importación de equipos e insumos y transferencia de las áreas manejadas por Enarsa hacia el Estado nacional para su nueva concesión. Las provincias se beneficiarán con el 2.5 % de la inversión en responsabilidad empresaria más fondos del Estado nacional para obras de infraestructura.

Las metas son el auto abastecimiento energético y la protección de los intereses de las provincias, así como la posibilidad de desarrollar un mercado con un futuro enorme en nuestro país.