Por Joaquín Morales Solá.

Cristina Kirchner anunció anoche, con el boato propio de los grandes estrenos, un Código Civil que tal vez no regirá nunca. Su vigencia comenzaría, según la propia ley firmada por la Presidenta, el 1° de enero de 2016. Veinte días antes asumirá un nuevo presidente en la Argentina y es muy probable, de acuerdo con lo que anticiparon los candidatos presidenciales, que cualquiera de ellos suspenda por un año o dos la vigencia del Código. La oposición al cristinismo aspira a limpiar el nuevo Código de los agregados inconsultos que le hizo el Gobierno a última hora y a darle la legitimidad legislativa de la que carece ahora.

El nuevo Código tiene avances importantes en materia de derechos sociales, que no pueden negarse, y la redacción inicial, aunque no la última, fue hecha por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, y por la prestigiosa jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. La ilegitimidad de la nueva ley no está tanto en su contenido, aunque también existen artículos claramente cuestionables, sino en la forma como fue aprobada por la Cámara de Diputados. En la semana última, la orden del Gobierno a sus diputados consistió directamente en que destruyeran una institución parlamentaria clave, como lo es la Cámara baja.

Existió un orden del día falso ("trucho", lo llama la oposición) que no reunió los requisitos indispensables para ser lo que parecía ser. Tampoco pasó por ninguna comisión de la Cámara. El oficialismo se escuda en que el proyecto había sido tratado por una comisión bicameral (integrada por senadores y diputados) y que con eso bastaba. Es cierto que existió la comisión bicameral, pero resulta que el plenario del Senado le hizo reformas al proyecto aprobado por aquella comisión. Se imponía, entonces, que una comisión de diputados revisará el texto antes de que éste fuera tratado por todos los diputados. La Cámara baja (o la de Senadores) puede tratar un proyecto sin despacho de comisión, pero para eso necesita la aprobación de los dos tercios del plenario. Una mayoría que el kirchnerismo no tiene en ninguna de las dos cámaras.

¿Por qué la Presidenta le colocó la sombra de la ilegitimidad a su Código Civil? ¿Por qué, si no lo necesitaba? Tenía, y tiene, el número de diputados suficiente en las comisiones y en el plenario del cuerpo como para que aprobaran su proyecto. Tenía también todo el tiempo necesario. De hecho, la vigencia del Código está prevista para dentro de 15 meses. ¿Se trata sólo de las formas? Al kirchnerismo hay que recordarle, casi cotidianamente, que en el sistema democrático la forma es el fondo. ¿No le gusta el reglamento que regula el Congreso? En democracia, las normas se cambian, si se puede cambiarlas, pero no se violan. Tomar por asalto al Congreso no es la mejor forma de empezar a despedirse del poder.

Fue, en cambio, una actitud institucionalmente patotera, que sólo se explica en la necesidad de cambiar el eje del debate. Se pasó de la discusión por los desastres de la economía al escándalo por el método propio de barrabravas para aprobar una ley que podría regular la vida de los argentinos desde su nacimiento hasta su muerte. También influyó la cansadora insistencia del cristinismo en retener la iniciativa política. Éste es un objetivo legítimo de cualquier gobierno en su fase final, siempre y cuando se trate de creatividad política y no de golpes institucionales.

El caso fue planteado por la oposición ante la Justicia. El planteo llegará seguramente a la Corte Suprema, tres de cuyos miembros (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni) estuvieron ayer en el acto presidencial. Esas presencias no anticipan, desde ya, una opinión sobre lo que sucedió en la Cámara. Ya en la Corte habían hecho trascender que para el máximo tribunal hubiera sido preferible una sanción del Código sin escándalos que lo enturbien. Es lo que también se piensa en la conducción de la Iglesia Católica, que está de acuerdo con algunos aspectos del Código y en desacuerdo con otros. La Iglesia jamás pidió un tratamiento urgente del Código, dijeron sus voceros más confiables.

De todos modos, la Presidenta no se privó de convocar a obispos para refutar públicamente posiciones de la Iglesia y a los jueces de la Corte para reprocharles la falencias del sistema judicial. Es su estilo: objeta y critica desde el atril a los que no tienen derecho a réplica o no pueden hacerlo en ese momento. ¿No hizo acaso lo mismo con el ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, a quien citó como espectador de un discurso que lo guillotinó y hasta lo obligó a aplaudir su propia muerte política?

A veces, la confusión intelectual de la jefa del Estado es sorprendente. Elogió, por ejemplo, que el Código Civil defendiera el peso como moneda nacional. ¿Quién podría estar en desacuerdo con la defensa de la moneda nacional? Nadie en su sano juicio. El problema que ella se niega a ver es que la moneda argentina no se defiende con leyes o códigos. Es la política económica del Gobierno, y la monetaria, la que tiene la principal responsabilidad en la defensa del peso. La eterna contradicción entre las palabras y los hechos. Nadie se esforzó tanto para depreciar el valor de la moneda nacional como la conducción económica actual. Pesificar la economía, a través del Código Civil, no resolverá el problema cambiario ni el económico; por el contrario, le agregará una dosis mayor de desconfianza a la economía argentina.

Convirtió en un mérito que se haya sacado del Código la responsabilidad civil de los funcionarios para llevarla a una ley especial muy benigna. Es casi una autoamnistía. La protección judicial de los funcionarios podría ampliarse con otro anuncio que hizo ayer Cristina Kirchner. Dijo que enviará al Congreso una profunda reforma del Código de Procedimiento Penal. Creará un sistema "acusatorio". ¿Qué podría significar eso en la realidad de los hechos? Que el poder de la investigación judicial (de hechos de corrupción, por ejemplo) pasará a manos de los fiscales, que es donde el cristinismo ha cosechado más adhesiones entre los estamentos de la Justicia. Justicia Legítima está llena de fiscales, pero hay muy pocos jueces. A los jueces díscolos o independientes no los puede echar porque no consiguió la mayoría necesaria en el Consejo de la Magistratura. La jefa de los fiscales es, en cambio, la hiperkirchnerista Alejandra Gils Carbó. Basta. No se necesita agregar mucho más para interpretar el sentido final de la iniciativa.

Napoleón Bonaparte fue el autor del primer Código Civil de Francia. El espíritu bonapartista del kirchnerismo, una mezcla de autoritarismo y populismo, no se está quedando sólo en las formas, aunque Bonaparte -todo debe reconocerse- era más elegante que el kirchnerismo.

Por Alcadio Oña.

Devaluar 23% en un solo día es, ante todo, una decisión del más alto nivel político. Nunca un funcionario podría tomar semejante medida por su cuenta, sin antes hacerla pasar por los filtros más rigurosos del poder.

Alejandro Vanoli, el nuevo jefe del Banco Central, lo sabe de sobra y que haya descargado todas las culpas del ajuste de enero en Juan Carlos Fábrega, su antecesor, le pone marco a interpretaciones menos técnicas. La primera, difícil de digerir, consiste en que así pretende liberar de responsabilidades al Gobierno, empezando por la Presidenta.

Es remachadamente seguro que Fábrega le aconsejó la medida a Cristina Kirchner, tanto como que ella la aprobó después de hacerla circular dentro de su entorno más cercano. Luego, dos preguntas saltan sin necesidad de forzarlas. Una es si consultó a Axel Kicillof y la otra, si a pesar de la opinión de Kicillof resolvió ir adelante con la decisión.

En el mismo proceso entra que a la devaluación le siguió, de inmediato, un fuerte aumento de las tasas de interés. De manual.

También de manual fue lo que Fábrega intentó y no consiguió: meter en el paquete un ajuste fiscal que pudiera contener el proceso inflacionario. Esta vez, Cristina casi ni necesitó escuchar a Kicillof, pues ambos comparten la idea de que el gasto público debe mantenerse empinado para sostener una articulación con la política que resulta básica en el kirchnerismo Cuando el enredo de juntar dos personas con posiciones tan antagónicas mudó a definitivamente insostenible, la Presidenta laudó y echó a Fábrega.

Está claro que por esto Cristina paga varias veces: paga porque cayó en la cuenta de que la devaluación fue desacertada; paga por el desgaste político que le provocaron los choques y, finalmente, paga porque en lugar de apaciguarse, el clima de incertidumbre creció.

No hay ninguna novedad en el pase de facturas de Vanoli. Tampoco la hay en que se haya hecho el distraído con algo tan evidente como que Fábrega era una pieza central del Gobierno. Y ni reparó en que, según el relato oficial, la devaluación fue culpa de empresarios y banqueros especuladores.

Si Cristina ya había denostado a Fábrega delante de todo el mundo, ¿por qué no convendría que él también lo hiciera? Del brazo de Kicillof, Vanoli acaba de aprobar un examen de obediencia debida.

Y como la senda está marcada, es posible que al histórico plateísta del Monumental lo aguarden nuevos embates del tipo la mesa de dinero de su hermano. Quedó metido en un baile que puede complicarlo y al que la única capaz de ponerle límites es la Presidenta.

Fábrega no se hace demasiadas ilusiones. Es que El Viejo , como lo llaman los camporistas, conoce muy bien este paño. Claro que si lo conocía, también debió saber a lo que se exponía.

Por Daniel Gustavo Montamat / Economista.

Hay una divisoria de aguas dentro del oficialismo: hay populistas modernos y populistas posmodernos. Quienes desde afuera tratan de hacer pronósticos económicos a menudo son sorprendidos por la imprevisibilidad que impone al rumbo del acontecer político y económico la predominancia del ‘eterno presente’ de los posmodernos, liderados por la Presidente.

El populismo moderno es consciente de que se viene un mañana (‘pan para hoy, y hambre para mañana’) y esa consciencia del mañana sirve de cable a tierra cuando las restricciones del presente preavisan que el futuro se vino encima. El populismo posmoderno es pan para hoy, no hay mañana. La negación del mañana, ancla la realidad (dominada por el relato) en un presente continuo. Como consecuencia, no hay cable a tierra con las señales del futuro. Los populistas modernos asumen la capacidad de rectificación frente al precipicio al que conduce el cortoplacismo de sus políticas. Los posmodernos gerencian el día y sus cambios tácticos sólo relevan el humor del presente.

Cuando en enero pasado el Gobierno devaluó de golpe, subió las tasas de interés y anunció aumentos tarifarios para contener la escalada del dólar, transmitiendo mensajes de moderación a los reclamos salariales en paritaria, el análisis racional imaginó un ‘Plan A’ de un gobierno que asumía las restricciones derivadas de años de acumular distorsiones y de exacerbar la inflación. Para seguir haciendo populismo, la realidad planteaba límites domésticos y era necesario acceder al crédito externo. En esa sintonía se evaluaban las señales de formalizar un nuevo índice de precios, de arreglar fallos adversos en el CIADI, de liquidar el conflicto con Repsol, y de alcanzar un acuerdo con el Club de París. En esa dirección YPF había logrado acordar con el primer socio estratégico relevante (Chevron) y prometía más dólares frescos de endeudamiento y nuevos acuerdos.

El análisis cartesiano puede seguir argumentando que esta senda presuponía que la Corte Suprema de Estados Unidos aceptaba tomar el caso o lo derivaba en consulta a la Procuración Fiscal alargando los plazos de una definición gravosa para el país.

La convalidación del fallo adverso del Juez Griesa operó en esta trama como una suerte de ‘cisne negro’ no previsto que vino a romper toda la estrategia y que nos impidió cumplir con los servicios de los bonos reestructurados. Sin embargo, si se asume la existencia de un ‘Plan A’ toda la evidencia racional nos lleva a descartar semejante desenlace. Si nos guiamos por las cifras, el Club de París implicó un arreglo de u$s 9690 millones, mientras la sentencia del juez neoyorquino involucra una cifra total de 1650 millones. Aún replicando el fallo a toda la deuda que no fue al canje, estarían en juego 25.000 millones, un 5% del Producto. La deuda pública en dólares con residentes extranjeros hubiera pasado de 8 puntos del PBI a 15. Hubo distintas posibilidades de alcanzar acuerdos privados, algunos fogoneados hasta último momento (31 de Julio) por la gestión que encarnaba el anterior presidente del Banco Central. El tecnicismo de la RUFO siempre sonó a pretexto. Hay que aceptar entonces que prevalecieron decisiones que la racionalidad descartaba; pero que en la mística del día a día dieron vida a ‘patria o buitres’. Hoy estamos en default, en desacato, con nueva conducción en el Central, fuera de los mercados de créditos, pisando dólares de importación para que la caída de reservas no azuce una corrida cambiaria, emitiendo sin control, y con la duda si esto termina en un desplome del nivel de actividad o en una nueva devaluación. Lo que preanunciaba el futuro. ¿Habrá un ‘Plan B’ como sugiere de nuevo el análisis racional? ¿Se regularizará el año próximo la situación con los ‘buitres’ del presente pensando otra vez en el acceso al mercado de capitales? Temo que no hay ‘Plan B’ como tampoco hubo ‘Plan A’. Hay improvisaciones sobre la marcha en función de los datos que aporta el presente. Y está firme la voluntad de aferrarse a un poder que se erosiona y que sigue resistiendo la sucesión. Los populistas modernos del oficialismo están preocupados porque intuyen crecientes complicaciones en la agenda porvenir. Pero mandan los posmodernos, y para ellos no hay hoja de ruta futura.