Por Mario Cimadevilla SENADOR NACIONAL (UCR-CHUBUT).
En agosto de 1922, celebrando un nuevo año militar, la Escuela de Aviación decidió realizar excursiones de entrenamiento. Y ante la necesidad de cargar combustible para las máquinas afectadas a las maniobras, se encontró con la imposición de la empresa estadounidense WICO, por esos años única importadora de este producto, que exigía su pago por adelantado. Al general Enrique Mosconi esta situación lo llev ó a reflexionar acerca de qué habría pasado si el combustible requerido no era para maniobras de exhibición sino para aeronaves afectadas a la defensa del territorio nacional o servicios esenciales que el país requiriera. Interpretó que los recursos energéticos no pueden ser administrados con un criterio rentístico o fiscalista sino con un criterio estratégico, para que a través de su obtención se puedan desarrollar industrias y actividades vinculadas al desarrollo.
Después de aquel episodio y ya como primer presidente de YPF, Mosconi comenzó a diseñar el rol del Estado frente a este tipo de recursos. Entendiendo la necesidad de tener soberanía energética para que los argentinos alcanzáramos el pleno dominio de esas fuentes. Así el país podría ejercer su derecho sobre un elemento clave.
Estos valores, ¿se encuentran contemplados en el proyecto que el Ejecutivo elevó al Congreso? No. Es más, con esta reforma se profundizará el rumbo que el país tomo en la década del 90, cuando gobernaba el mismo partido que lo hace hoy. El peronismo entendió que el Estado debía intervenir sólo para entregar activos en el tema energético, que el mercado -por oferta y demanda- equilibraría la situación y, así, se enajenaron las empresas públicas de energía: YPF, Agua y Energía y Gas del Estado. El resultado de estas políticas lo tenemos a la vista: menos reservas de energía, pérdida del autoabastecimiento e importaciones por más de 15 mil millones de dólares al año.
Esta reforma del kirchnerismo, tal como lo vienen haciendo los gobernadores (primero Das Neves y ahora Martín Buzzi en Chubut, en sintonía con el resto de los mandatarios que integran la OFEPHI), otorga a las empresas la libre disponibilidad del recurso, su posible exportación, acceso libre al mercado de divisas, las exime de impuestos y les permite prorrogar las concesiones casi hasta el agotamiento de los yacimientos y sin resguardos ambientales. A estos gobernadores los moviliza sólo una cuestión recaudatoria. Además consolida un sistema de explotación de recursos a través del contrato de concesión contra el pago de regalías, sistema que dejó de usarse en el mundo hace ya varias décadas. Es cierto que también se usaba en la YPF estatal, pero debemos aclarar que si bien las provincias recibían un 12% de regalías, el 88% constituía renta nacional.
Si al país hoy vinieran industrias a radicarse, no hablarían con el presidente de la Nación. Lo harían con las empresas que suministran energía y se encuentran en una posición dominante. Esta anormalidad es un problema de la ciudadanía. La falta de energía puesta de manifiesto, por ejemplo, con los grandes cortes de luz que hubo en el verano, y que pueden repetirse, tiene que ver con esto.
Ya probamos los dos sistemas: el de la YPF de Mosconi y el de la privatización de Menem. Comparando resultados, no hay dudas. Es necesario volver a la YPF de Mosconi.
